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Introducción

El problema de la deuda externa de América Latina, por ponerlo en una línea, surgió cuando la tasa de interés internacional aumentó, pasando de alrededor de -3.2% durante la década de los setenta, a 26%, en 1982. Los ajustes económicos efectuados por el gobierno de Estados Unidos, al inicio de la administración Reagan, llevaron a una retracción de capitales destinados a América Latina y las transferencias netas de recursos (TNR) se volvieron adversas a la región, que comenzó a pagar más deuda y utilidades de empresas que los créditos y las nuevas inversiones que recibía. De este modo, cada país de la región empezó a exportar su ahorro interno por servicio de deuda más pago de utilidades a empresas transnacionales. Al exportar su ahorro interno y no recibir ahorro externo que lo complementara, el efecto fue que no hubo recursos para que la inversión dentro del país se sostuviera y, de este modo, se importó una depresión económica de origen externo: Al haber menos inversión hay menos crecimiento económico en el presente y se reduce el crecimiento económico en el futuro.³

¹ La referencia a Derechos Económicos, Sociales y Culturales se hace dentro de la definición establecida por el Acuerdo Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales acordado por la resolución 2200 (XXI), de 16 de diciembre de 1966, y que entró en vigencia el 3 de enero de 1976. Ver www.unhchr.ch/html/menu3/b/a_ceser.htm

² El autor queda agradecido a Manuel Elías Mendoza, alumno de la PUCP, por la asistencia brindada.

³ Este fenómeno se ha visto repetido entre 1825 y los inicios de los años 1840, 1872 y 1890, 1929 y 1934. Lo que es nuevo en la década que va entre 1981 y 1990, y nuevamente a fines de la década de los años noventa, es que se reduce el gasto social, en particular en educación, lo que dificulta el desarrollo a futuro aún más. A fines de la década del noventa, tras la crisis asiática de 1997-1998, los componentes sistémicos que dieron pie a la expansión de las economías líderes en la década del noventa, entraron en crisis, observándose desplomes en las bolsas de valores más importantes del mundo. Estas ideas están elaboradas en mi Presente con Historia, La deuda externa en la República: 1820-2000. La evolución de las ideas e instituciones relacionadas al crédito internacional, que está en prensa. Ver Carlos Marichal, sobre los ciclos 1825-1930, y sobre los ejemplos del funcionamiento del ciclo del crédito, Christian Suter, Debt Cycles in the World-Economy. Foreign Loans, Financial Crises, and Debt Settlements, 1820-1990, Boulder, Westview Press, 1994.

En los 20 años registrados entre 1981 y 2002 se observa una transferencia neta positiva de recursos desde 1991 hasta 1998. Con la caída de las grandes bolsas, a partir de inicios del año 2000, más la crisis asiática, que le precedió en 1997, el traslado de recursos negativo se restauró a los niveles de la década perdida de los ochenta. La suma simple total, de 1980 a 2003, es negativa, afectando negativamente al ahorro interno, obligando a los gobiernos a reducir los presupuestos nacionales, lo que ha llevado directamente a pérdidas en los gastos públicos en educación, salud, vivienda, infraestructura, etc., en ese periodo, y esto ha impactado adversamente sobre el respeto de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) de la población.⁴

En los casos vistos de fines del siglo XX, a todo lo ya mencionado se aunó la caída brusca de los precios de las materias primas, entre fines de la década de los setenta e inicios de los ochenta, lo que sumó un cuadro de imposibilidad de pago.⁵ Desde ese momento en adelante los diversos gobiernos pasaron por rondas de negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para permitirle refinanciar la deuda con la banca privada y con los gobiernos de los países de capitalismo avanzado reunidos en el Club de París y, sin variación, la condición impuesta fue que el presupuesto nacional se encontrara en equilibrio luego del pago de la deuda externa.

En un ambiente de TNR negativas, esto significó que los gobiernos estaban transfiriendo sus ingresos tributarios netos. Es decir, si se usa 3% del PBI para el pago de la deuda (neto de nuevos créditos —que son muy pocos—) y la recaudación del país es 12% del PBI en impuestos recaudados, entonces queda 9% del PBI para gastar en la economía interna. Si la situación anterior era que el gobierno gastaba los 12 puntos del PBI en servicios del Estado porque había recursos del exterior que cubrían con generosidad los servicios de la deuda y la inversión pública, entonces no queda más remedio que reducir sueldos y salarios públicos, primero, y luego gastos operativos mediante la reducción del tamaño del Estado. En el camino, los países de la región debieron, además, reducir sus gastos sociales, llegando a situaciones dramáticas de desinversión en educación y salud, tal como se ha visto en Perú.⁶

⁴ "Justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales", en Los Derechos Humanos y la globalización: avances y retrocesos, Lima, Comisión Andina de Juristas, 2003.

⁵ Normalmente, cuando caen las bolsas de valores, van acompañadas por caída en las bolsas de commodities. Asimismo, cuando suben las tasas de interés, caen los precios de los commodities.

⁶ En el caso del Perú, el endeudamiento de los años setenta sufrió un aumento sustantivo entre 1973 y 1976, y el servicio de la deuda pasó de ser 8% del presupuesto nacional, en 1965, a ser 17% en 1975 y a ser 33% en 1980. El costo de esto fue una reducción de los salarios públicos y del gasto en servicios sociales básicos, en educación en particular (Óscar Ugarteche, "El Perú y la deuda de América latina", en Teoría y Práctica de la deuda externa en el Perú, Lima, IEP, 1980, p. 34, cuadro 3).

La tendencia desde entonces se ha mantenido relativamente estable, habiendo pasado por el empeoramiento en la década de los ochenta; pero con los alivios de los años noventa se regresó a una situación análoga a la de fines de los setenta. Los gobiernos asignan alrededor de 25% del presupuesto para servicio de la deuda por deudas contraídas 30 años atrás, que fueron refinanciadas y capitalizadas numerosas veces, y las TNR nuevamente son negativas desde 1998, como en los años ochenta⁷ (ver gráfica 1).

En los años noventa hemos visto un fenómeno similar al de los ochenta, con caídas bruscas de precios de materias primas, que luego se han visto temporalmente revitalizadas por la guerra de Irak, en marzo de 2003. En líneas generales, las tendencias de las bolsas de valores mayores son las mismas que los precios de las materias primas cotizadas en bolsa (commodities).⁸

Cómo y por qué creció la deuda durante los ochenta

La deuda, impagable entre finales de la década de los setenta e inicios de los ochenta, en todos los países de la región, sin excepción, fue refinanciada siguiendo el principio financiero de que se refinancia la cuota impaga y se suma a los calendarios preexistentes. De este modo, a una primera dificultad en los pagos se sumaron, al año siguiente, los pagos del año anterior, reprogramados a 10 años. Este ejercicio se hizo anualmente entre 1982 y 1990, terminando en una duplicación de la deuda externa total, mientras se capitalizaban los intereses impagos y se agregaban los montos de principal, sumando una pirámide que eventualmente llevó a que, según la CEPAL de entonces, la región exportara 400 mil millones de dólares durante la década, mientras que la deuda externa se duplicó al mismo tiempo. El costo resultante de esta acumulación de deuda, para los gobiernos de América Latina, fue el desmantelamiento del Estado, de los gastos sociales y la violación de los DESC de la forma más flagrante, al haberse transgredido los principios de autodeterminación.

⁷ Comisión Económica para América Latina (CEPAL), América Latina y el caribe: Opciones para reducir el peso de la deuda, Santiago, Chile, 1990.

⁸ Se puede apreciar, asimismo, que la recuperación de las bolsas se da a partir del segundo trimestre de 2003, lo que se podría explicar por el inicio de la invasión a Irak. La misma tendencia se observa para el cobre, plata, zinc, etc. El único con una tendencia diferente es el oro por ser reserva de valor, que en momentos de alta incertidumbre, junto con los bienes raíces, sigue una tendencia contraria a la depresiva general. Los otros dieron la vuelta en el segundo trimestre del año 2003.

Gráfica 1. América Latina 1980-2002

Fuente: CEPAL, Balance preliminar de las economías de América latina y el Caribe 2002, cuadro A-18, p. 122, Santiago, 2003, en www.eclac.cl

Gráfica 2. Índices Dow Jones industriales

Fuente: www.Bloomberg.com, 8 de marzo, 2004.

Gráfica 2a. Índice LME cobre spot

Fuente: www.lme, 8 de marzo, 2004.

Los acreedores fueron y son los encargados de determinar las políticas económicas y de establecer las condiciones y las políticas requeridas para realizar esos pagos. Estas condiciones se cruzan luego entre los diversos acreedores, estableciéndose así que el deudor no tomará un camino diferente del acordado con cada uno de los acreedores, mientras se tejen complejas redes de condiciones que reducen los grados de libertad de los gobiernos. Si bien esto puede tener un lado positivo, al evitar que los gobernantes despilfarren recursos públicos, por otro lado puede dar lugar a la pérdida de autonomía, tema que preocupa a gobernantes y formuladores de políticas, y que se está viendo expresado como crisis de gobernabilidad en diversos países de la región. Esto es medular cuando nos aproximamos al tema de los DESC.

Estabilización y ajuste estructural: una reseña⁹

Para evitar traslados conceptuales, deben separarse los programas de estabilización del FMI y los programas de ajuste estructural del Banco Mundial, del Consenso de Washington. Si bien al final puede haber acuerdos, hay algunos puntos que merecen una revisión. El Consenso de Washington no incluye ni una reducción del Estado ni la liberalización de los flujos de capitales. Tampoco incluye el tipo de cambio fijo. Estos requerimientos corresponden al BM/FMI y provienen, dice Williamson¹⁰ en su texto Más allá del Consenso de Washington, de las canteras monetaristas de Milton Friedman y la sociedad del Monte Pellerin.¹¹

El programa de estabilización del FMI está orientado centralmente al control de la inflación, buscando equilibrios interno y externo de corto plazo, a través de una aproximación monetaria a la balanza de pagos, mientras que el programa de ajuste estructural del Banco Mundial modifica las reglas de juego económicas y las políticas internas del país.¹² En lo que no hay confusión y sí un sentir común, a partir de mediados de la década de los noventa, es en que las políticas neoliberales son las únicas que pueden sacar a América Latina adelante después de más de una década de crisis. El último país en iniciar reformas fue Brasil, a partir de la elección de Fernando Henrique Cardoso. Paradójicamente, este proceso de reformas se inició luego de la crisis de diciembre de 1994 en México, que dejó en entredicho los logros del modelo de la economía abierta al modo contemporáneo, al estallar una crisis de balanza de pagos por haber logrado un déficit de balanza en cuenta corriente insosteniblemente financiado por recursos de corto plazo. En cualquier caso, la historia económica de América Latina se ha desarrollado entre los límites del liberalismo y el proteccionismo desde el inicio de las repúblicas, en un movimiento pendular en que lo actual parece ser un nuevo paso. Antes, al menos, no hubo relaciones entre autoritarismo y apertura sino entre democracia y apertura.¹³

⁹ Este acápite está desarrollado en Óscar Ugarteche, The False Dilemma, Londres, ZedBooks, 2000, capítulo 3.

¹⁰ Latin American Adjustment. How Much has happened?, Washington, Institute of International Economics, 1990. Y "The Washington Consensus and Beyond", artículo encargado por el Economic and Political Weekly, 2003.

¹¹ Otros componentes se encuentran en el llamado Consenso de Washington, de 1989, que difieren en algo sobre los elementos reseñados y agregan componentes, con el siguiente decálogo:

1. Disciplina Fiscal. Tener superávit y evitar a todo costo los déficit primarios, para evitar crisis de balanza de pagos sustantivas.
   
   
2. Reordenar las prioridades del gasto público. Cambiar de subsidios generalizados a gastos en salud, educación e infraestructura.
   
   
3. Reforma tributaria. Construir una amplia base de recaudación, con tasas marginales mode-radas.
   
   
4. Liberalizar las tasas de interés.
   
   
5. Tener un tipo de cambio competitivo.
   
   
6. Liberalizar el comercio y abrir el mercado externo.
   
   
7. Liberalización de las inversiones extranjeras.
   
   
8. Privatizaciones.
   
   
9. Desregulaciones.
   
   
10. Derechos de propiedad.

Según la doctrina del Banco Mundial, la reducción del Estado y las políticas de libre mercado evitan la corrupción y se efectúa una asignación de recursos más eficiente en un mundo cambiante, llevando a un incremento de las exportaciones y a una modernización de la actividad económica, sofocada por las políticas proteccionistas y por la hipertrofia del Estado. Las consecuencias sociales de estas medidas, en el corto plazo, son el costo para un ajuste estructural de largo aliento.¹⁴ Los objetivos del ajuste estructural a largo plazo son mejorar la eficiencia, obtener equidad —entendida como una mejora en la distribución del ingreso—, y ampliar el acervo de capital físico y humano.

Tres son las áreas que hay que enfatizar para el cambio a largo plazo:

• Reforma de comercio. Los países deben adoptar estrategias de comercio orientadas hacia el exterior. Esto implica remover los sesgos antiexportadores, reemplazar las restricciones cuantitativas por aranceles y adoptar tipos de cambio más realistas.
  
  
• Política macroeconómica. Muchos gobiernos necesitan reducir sus déficits fiscales y proveer de incentivos para mejorar el ahorro. Asegurar tasas de interés real positivas, tipos de cambio competitivos y baja inflación no sólo mejorará la oferta interna de recursos financieros sino también las reformas de comercio.
  
  

• Ambiente nacional competitivo. Fuera de las reformas de comercio y de política macroeconómica, los gobiernos precisan mejorar la respuesta desde el lado de la oferta de la economía, particularmente removiendo controles de precios, racionalizando las regulaciones a la inversión y reformando las reglamentaciones laborales.¹⁵

¹² Patricio Meller (editor), "IMF and World Bank Roles in the Latin American Foreign Debt Problem", The Latin American Development Debate, Westview Press, 1991, pp. 169-206.

¹³ Carlos Díaz Alejandro, "Open Economy, Closed Polity?", en Diana Tussie (editor), Oxford, Latin America in the World Economy: New Perspectives, Aldershot, Gower, 1983, pp. 21-53.

¹⁴ "La apertura se sostiene sobre el supuesto elemental de que la división del trabajo apropiada y la realización de las ventajas comparativas de un país son mejor obtenidas por el juego del libre mercado. Las economías tienen una interrelación con la economía internacional que afecta de algún modo su crecimiento interno aunque en última instancia crecen por su propio esfuerzo" (Banco Mundial, Informe sobre el Desarrollo Mundial, 1987, Nueva York, Oxford University Press, 1987, pp. 2-3).

¹⁵ "Estas políticas complementarán las reformas del comercio y promoverán la adopción de tecnologías que minimizan costes. Pero las reformas solas no restablecerán el crecimiento. Se requieren flujos de capitales crecientes complementarios" (Banco Mundial, Informe sobre el Desarrollo Mundial, 1987, Nueva York, Oxford University Press, 1987, pp. 4-5).

Los DESC y cómo se vieron afectados entonces y ahora

Hay una situación de deterioro de las condiciones de vida de la mayor parte de la población en América Latina que, en los 20 años transcurridos entre 1980 y 2000, ha observado una disminución de 20% en sus salarios.¹⁶ Desde que se hicieron los primeros diagnósticos del problema de la deuda, tanto en Estados Unidos¹⁷ como en América Latina¹⁸ se advirtió que el problema era mayor de lo que aparentaba, porque los instrumentos existentes eran inadecuados para la resolución de las dificultades que se estaban enfrentando. Era evidente que, ante la caída de los precios de las exportaciones, la reversión de los flujos de capitales y el alza de las tasas de interés internacionales, se había establecido un rumbo de colisión entre naciones deudoras y acreedores. El elemento económico de que los préstamos tenían una prima de riesgo para cubrir la posibilidad de dificultades de pago dejó de manifiesto el riesgo moral, al saberse los bancos salvados y cubiertos en caso de dificultades.¹⁹ Se define el riesgo moral como la existencia de un seguro que afecta a la conducta de los individuos y, por tanto, a la probabilidad de que presenten reclamaciones.²⁰ Lo que no quedó cubierto fueron las consecuencias económicas y sociales de los deudores, en particular sobre salarios, empleo, educación pública, salud pública y el funcionamiento general del Estado hacia el futuro.

¹⁶ Efectos de las políticas de ajuste estructural en el goce efectivo de los derechos humanos, informe presentado por el experto independiente, señor Fantu Cheru, con arreglo a las decisiones 1998/102 y 1997/103 de la Comisión Consejo Económico y Social, Naciones Unidas, E/CN.4/1999/50, 55 periodo de sesiones, Tema 10 del programa provisional.

¹⁷ Karin Lissakers, International debt, the banks and US Foreign Policy, USGPO, agosto de 1977.

¹⁸ Óscar Ugarteche, Teoría y Práctica de la deuda externa en el Perú, IEP, 1980; "El caso de la deuda pública peruana: 1965-1975. Las empresas trasnacionales y el endeudamiento externo", Lima, Instituto Nacional de Planificación, 1977, y Robert Devlin, "External Finance and Commercial Banks: their role in Latin America's capacity to import between 1951-1975", Santiago, Chile, CEPAL Review, 5, 1978, pp. 63-97.

¹⁹ Jonathan David Aronson, "The politics of private bank lending and debt renegotiations in Zaire, Indonesia, Turkey, Brazil and Mexico", mimeo.

²⁰ Fischer y Dornsbusch, Economía, México, McGraw Hill, 1985, p. 513.

Además existe, en la contratación de muchos de estos créditos de los años setenta, corrupción de parte de los acreedores, confabulados con los deudores, ya que se pactaron ventas de equipos que, de otro modo, no hubieran ocurrido. Desde plantas de refinación de estaño, ubicadas a 4.000 m de altura, en Bolivia, hasta plantas nucleares de generación eléctrica en las Filipinas, sobre suelo sísmico: más allá de las corrupciones locales, los acreedores y los técnicos que trabajaron en los proyectos, enviados por sus casas matrices, comprendían que esos proyectos que estaban siendo financiados eran inviables. Sin embargo, los mismos se completaron y quedaron como monumentos a la corrupción, con deudas pagadas por los deudores, aunque sin funcionar un solo día.²¹

El concepto de la deuda odiosa fue acuñado por el gobierno de Estados Unidos, en 1898, cuando liberó a Cuba del dominio español y no quiso reconocer la deuda contraída por el gobierno cubano con proveedores de armas y bancos mercantiles, argumentando que esas armas habían servido para someter al pueblo de Cuba al dominio español. A partir de aquellas circunstancias es que este concepto se expande. Otros argumentan que una parte sustantiva de la deuda de gobiernos africanos es odiosa porque fue contraída por dictaduras para mantener sujetos a sus pueblos. Otros incluso argumentan que la deuda latinoamericana, contraída por las dictaduras en la década de los setenta, fue asumida de espaldas al pueblo y sirvió para el mismo fin. Olmos²² llegó a demostrar que era deuda ilegítima porque los acreedores habían prestado fondos al gobierno sangriento del general Videla, a sabiendas de que éstos eran utilizados para matar al pueblo y que, además, sabían que los recursos no iban a Yacimientos Petrolíferos Fiscales, firmante de los créditos internacionales, sino al Ministerio de Defensa, a través de YPF.

²¹ Patricia Adams, Odious Debts, Loose lending, Corruption, and the Third World's environmental legacy, Canada, Earthscan, 1991, y Joseph Hanlon, Defining illegitimate debt and linking its cancellation to economic justice, Working Paper, Oslo, Norwegian Church Aid, 2002.

²² Alejandro Olmos, Todo lo que usted quiso saber sobre la deuda externa y siempre se lo ocultaron: quiénes y cómo la contrajeron, Buenos Aires, Editorial Los Argentinos, 3a. edición, 1995.

Las consecuencias sociales se tornaron importantes recién en la década de los noventa cuando se hizo patente que el Estado, con los recursos que le quedaban después del servicio de la deuda, no podría atender a lo que había atendido antes de la crisis. En ese sentido, se decidieron cambios de orientación en instituciones internacionales que tomaron cartas en el asunto, para intentar mitigar los efectos desastrosos del ajuste sobre la sociedad, sin mucho éxito.²³

Las protestas sociales sobre la deuda llevaron, por una parte, a la creación de un mecanismo, en 1996, llamado la iniciativa HIPC de reducción de deuda, ampliado por el enhanced HIPC, en 1999, y durante el año 2000 se obligó al FMI a crear un Poverty Reduction Strategy Paper,²⁴ conocido por su sigla en inglés, PRSP, que tendría como finalidad pactar políticas correctas con los deudores para aliviar la pobreza. Entre los 44 países con PRSP, dentro de América Latina están Honduras, Bolivia, Guyana y Nicaragua, todos de pobreza extrema, con esquemas de reducción de la deuda para países pobres altamente endeudados, conocidos por sus siglas en inglés, HIPC, a través del Banco Mundial. Esto ha traído consigo no solamente sonrisas irónicas, sino que se constata que el tema de la pobreza no está centralizado en uno de los países de pobreza extrema ni tampoco en uno de África, donde está concentrado, sino que se está observando pobreza creciente en general, como ha señalado Enrique Iglesias: "Ello no es sorprendente frente a la creciente desigualdad en la distribución del ingreso, el deterioro en la infraestructura social, el incremento del desempleo y la situación de pobreza que en el 2003 aumentó en más de veinte millones de personas respecto a 1997".²⁵ Por otra parte, no corresponde al FMI esta preocupación, pero ya que la tiene, debería incluirla entre sus condiciones. Veinte años de ajuste, sumados a 20 años de recuperación de la democraciaen América Latina, han venido a coincidir en el descrédito de la política para la economía.²⁶

²³ Un elemento complementario a los que consideran estos estudios es que las migraciones internacionales no deseadas se han incrementado, como resultado de las consecuencias sociales del ajuste y de la pérdida de esperanza en que el futuro será más prometedor. Tanto la United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF) como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) hicieron diagnósticos sobre los problemas planteados, pero no lograron incorporar soluciones que fueran tomadas en cuenta por los organismos encargados de los ajustes económicos, centralmente el FMI y el Banco Mundial.

²⁴ Ver http://www.imf.org/external/np/prsp El documento de estrategia para la reducción de la pobreza debe ser pactado entre el FMI y el Banco Central del gobierno deudor, con participación de la sociedad civil.

²⁵ Enrique Iglesias, Discurso inaugural de la Asamblea Anual del BID, 29 de marzo de 2004, en diario La República, Lima, martes 30 de marzo de 2004, p. 2.

²⁶ PNUD, La democraciaen América: hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos, Buenos Aires, Alfaguara, 2004.

Los temas del FMI son monetarios y de balanza de pagos, y tratados con los bancos centrales antes que con los ministerios de economía. El enfoque del manejo de los temas monetarios, como sabemos, genera los demás problemas sociales. Se observan recuperaciones económicas con concentraciones crecientes del ingreso y con baja de los niveles salariales y del empleo. Mientras no se cambie el enfoque teórico, las políticas de reducción de la pobreza se verán limitadas a declaraciones inanes y a pactos incumplidos.²⁷

Las políticas basadas en derechos retoman los presupuestos sociales como los componentes fundamentales que deben ampliarse, mientras que las transferencias al exterior son la variable de ajuste. De esta manera, ni las economías endeudadas se contraen, con los efectos internos e internacionales poblacionales que ello conlleva, ni se alimenta la desgobernabilidad al transferir el ahorro interno neto al exterior, asegurando así una reducción de la inversión y por tanto del crecimiento futuro. El otro aspecto por tener en cuenta es que las economías en desarrollo han venido financiando a los países más desarrollados de este modo; por ejemplo, el déficit fiscal de Estados Unidos, Japón, Alemania y Francia, desde 1998 hasta la fecha (mientras existan unas TNR negativas a los países en desarrollo). Finalmente, la recuperación de las economías líderes de la década de los noventa se financió con recursos en parte transferidos desde las economías en desarrollo, al costo de la década perdida señalada, con los efectos sociales conocidos.

²⁷ El concepto de los PRSP parece haber sido creado para aquietar las críticas severas contra el FMI manifestadas durante la campaña del Jubileo 2000, alrededor del mundo, ante el fracaso de las políticas económicas de ajuste y estabilización para reducir la pobreza que, al revés, la habían incrementado. El nivel de crítica al FMI ha descendido a partir de entonces, incluso luego del fracaso en Argentina, cuando el director de investigaciones del FMI publicó un libro en Buenos Aires hablando sobre la tragedia, como si no fueran perfectos corresponsables de lo ocurrido. El más severo crítico del Fondo y sus políticas es Joseph Stiglitz. El esfuerzo que se está intentando desde Amartya Sen y por el grupo reunido en torno a la socioeconomía solidaria es proponer políticas diseñadas desde las necesidades básicas de la población, utilizando la definición de Sen, sin abandonar las ganancias de tener presupuestos equilibrados para evitar los auges inflacionarios, con márgenes para manejar políticas contracíclicas, como vienen manejando los miembros del G7. Ver Joseph Stiglitz, El malestar de la globalización, Buenos Aires, Taurus, 2003. Geoffrey Hawthorn y otros, The standard of living, Cambridge University Press, 1987.

http://www.isbndb.com/d/person/hawthorn_geoffrey.html

http://www.isbndb.com/d/publisher/cambridge_university_press.html

El impacto de la deuda, el ajuste y el contexto global sobre los DESC

La nueva complicación es que la relación entre crecimiento económico y empleo se ha desvinculado de forma tal que, a pesar de haber un cierto crecimiento económico, aunque volátil, el desempleo aumenta sostenidamente, tanto en la época de auge como en la de baja del crecimiento del PBI regional. La promesa de que el crecimiento que acompañó la aplicación de las reformas y de los ajustes durante los últimos 20 años iba a traer mejoras a la población se esfumó detrás de la evidencia de que la concentración del ingreso ha aumentado; por tanto, los beneficios son observados en el sector más rico con más nitidez. La evidencia de Chile, que lleva más años en el proceso de modernización económica, es que el 10% superior del ingreso nacional concentró 46.1% del PIB en 1994,²⁸ mientras que una década después fue de 46.9%. El coeficiente Gini, que mide el grado de inequidad, se incrementó de 56.5 a 57.5% entre 1994 y 2002, por ejemplo. La equidad se encuentra en 0 y la tendencia hacia la equidad se encuentra en un Gini que se mueve hacia 0.

Por otro lado, la desregulación laboral en Perú ha dado como resultado un incremento de los ingresos de los ejecutivos de 50% en la década citada; un aumento de la remuneración de los empleados de 6% y una caída en los salarios obreros de 13%, entre 1994 y 2003, según el Ministerio de Trabajo.²⁹ Esto ocurre al margen de la concentración factorial del ingreso en ganancias contra salarios.

Fuente: Ministerio de Trabajo de Perú, PEEL, 2003, Cuadro 11.

²⁸ The World Bank, World Development Indicators, 1999, tabla 2.8, p. 70, y Banco Mundial, Informe para el desarrollo mundial 2002, Madrid, ed. Mundi Prensa, 2002, cuadro 2, p. 234.

²⁹ Ver, Óscar Ugarteche, Adiós Estado, Buenos días mercado, Lima, Ebert-UNMSM, 2004, cuadro 2.4.

Es decir, las reformas han llevado a mejoras para ciertos sectores, pero al mismo tiempo hay más desempleo y subempleo, forzando a que se produzcan mayores tasas migratorias internas e internacionales. Por otra parte, las últimas dos décadas han venido acompañadas de TNR negativas y de tasas de crecimiento entre exiguas y nulas, de forma tal que la recuperación de los años noventa no terminó de compensar por las pérdidas de la década de los ochenta, y en 2003 se cumplió el quinto año de TNR negativas, etapa iniciada en 1998, como se vio. Después de 20 años del comienzo de la crisis de la deuda, en 1982, el crecimiento del PBI per cápita de América Latina, todo sumado, de 1982 a 2003, es sólo de 1.5% per cápita, en total. En Perú, por ejemplo, el PBI per cápita de 2003 es menor que el de 1981, y en México ha crecido 0.6%, de 1981 a 2003. En breve, con las excepciones de Colombia y Chile, no hay evidencias de recuperación del ingreso por habitante, mas sí de pérdida de empleos y de reducción de los salarios, al mismo tiempo que mayores incertidumbres derivadas de la desregulación.

El impacto en el Perú, como ejemplo de los ajustes iniciados a principios de los años ochenta y profundizados mediante las reformas estructurales durante las dos décadas que le han seguido ha sido como sigue:³⁰

1. El derecho a la alimentación se ha visto limitado por la eliminación generalizada de los subsidios y la reducción de los salarios, al mismo tiempo que la brecha rural-urbana crece. Se ha creado una población cuya alimentación se basa en comedores populares subsidiados y que no podría alimentarse dignamente con el fruto de su trabajo. Responde a la demanda creciente de alimentos por una población en aumento, combinada con el incremento del desempleo y del subempleo, así como por la dislocación social producida por las migraciones internas.
   
   
2. El derecho a la educación se afectó en cuanto el presupuesto para ésta se redujo desde los años ochenta, aunque observó una mejora luego de la hiperinflación —cuando cayó 70% en términos reales entre 1987 y 1992— y la posterior estabilización de la economía. No obstante, por estudiante, considerando que la masa estudiantil crece a razón de 2.5% al año, aproximadamente, para mantener el gasto por alumno estable en relación con 1970, el presupuesto tendría que haber sido 40% más alto en el año 2002. El efecto sobre la educación es que la matrícula ha descendido, la atención a las escuelas también ha descendido y el número de años culminados con éxito se ha visto negativamente afectado. El ejemplo peruano visto con detalle indica una rebaja en los sueldos de los maestros desde 1965, con una leve recuperación luego de la estabilización económica a partir de 1992; pero el gasto por alumno se ha mantenido bajo y hay una tendencia creciente a la privatización de la educación, creando un golfo entre los alumnos de las instituciones públicas y privadas que, a su vez, refleja la brecha de ingresos, regional y urbano/rural.
   
   

3. El derecho al trabajo ha sido vulnerado por el estilo de desarrollo.

   1. Esto ha constreñido a los ciudadanos que viven en las zonas rurales a realizar actividades de supervivencia, dada la falta de asistencia técnica para producir un giro productivo que les permita aumentar su productividad marginal y, por tanto, sus ingresos, o que les proponga mecanismos de mejora de la producción.

   2. No existen mecanismos públicos, con excepciones, de apoyo a las modificaciones productivas rurales a partir de los nuevos conocimientos existentes que permitan sacar ventaja de la biodiversidad y los microclimas para incrementar la productividad de los campesinos.

   3. En las ciudades, la tendencia al subempleo acompaña el estancamiento salarial, con lo que el autoempleo se ha convertido en la solución de vida para masas crecientes de la población que ven, como otra alternativa, la migración interna o internacional.

   4. El resultado final social es que se ha creado una población dependiente de comedores populares y de asistencia alimentaria.
      
      

4. El derecho a la salud quedó igualmente afectado por la reducción del presupuesto público y porque, con el descenso de los niveles salariales, la precariedad del empleo, así como el desempleo, la tendencia a la recurrencia de epidemias y enfermedades declaradas extinguidas ha rebrotado. El rebrote de la tuberculosis es uno de estos fenómenos, como lo es el del cólera, por mencionar sólo dos de los más frecuentes. Frente a recursos menores, la calidad de la atención ha disminuido y la disposición pública para atender al universo de pacientes se ha reducido significativamente.

Muchos otros derechos también se han visto vulnerados, entre ellos el derecho a la vivienda y el derecho a la seguridad social.

³⁰ Cita completa tomada de Naciones Unidas, E/CN.4/1999/50.

Gráfica 3. Presupuesto real y teórico en educación pública Números índices 1970 = 100

Fuente: elaboración propia sobre datos del Ministerio de Educación.

Gráfica 4. América Latina. Crecimiento del PBI y desempleo

Fuente: CEPAL, Balance Preliminar de la Economía de América Latina 2002, Santiago, 2002, cuadro A1 y cuadro A5, complementado con información adicional de Balances Preliminares de la Economía de América Latina, para los años 2000 y 2001.

El Tribunal Internacional de Arbitraje de Deuda Soberana (TIADS)³¹ y los DESC

Frente a estos problemas, se sabe que la deuda externa comprometida no tiene instancias de restructuración porque: a) los bonos no se refinancian; b) los acuerdos definitivos, también llamado acuerdos de salida con el Club de París, no permiten regresar a la mesa de negociación con los mismos créditos; y c) los créditos de los organismos multilaterales no se refinancian porque son acreedores preferentes. Por tanto, los conflictos que surjan por las transferencias netas negativas de capitales y las dificultades por mantener el servicio de la deuda, como en los casos de Ecuador y Argentina, no tienen espacio donde encontrar una solución, lo que es perjudicial para todas las partes y muy dañino para la población del país deudor, en conjunto.

El caso argentino es quizá el más dramático.³² Siendo, con Brasil y México, uno de los tres deudores mayores de América Latina, expresando 30% de la deuda total o 150 mil millones de dólares, se enfrentó a la devaluación de 50% de la moneda de su socio comercial principal, Brasil, en enero de 1999. Aferrada a la equívoca idea del tipo de cambio fijo, Argentina recibió el apoyo del FMI en el sentido de financiar la convertibilidad peso/dólar 1 a 1, a través de reducciones en la oferta monetaria para evitar una devaluación y la emisión de nuevos bonos para intentar brindarle liquidez al sistema. De esta manera, ante la inminente crisis argentina, el país se endeudaba aún más y se restringía, todavía más, la oferta monetaria. El resultado fue que los inversionistas y ahorristas trasladaron sus pesos a dólares entre 1999 y 2001 y luego los sacaron del país, convencidos de que el tipo de cambio no podía sostenerse estable indefinidamente. En efecto, el 20 de diciembre de 2001 el gobierno de Argentina anunció la suspensión de pagos y el cierre de los bancos, para luego establecer el "corralito", con la finalidad de evitar que los ahorristas continuaran retirando sus depósitos en pesos y transfiriéndolos a dólares, para luego sacarlos del país o del sistema. El gobierno se quedó endeudado, tanto con los ahorristas como con los acreedores externos, mientras por su lado el FMI atinó a decir que había roto su convenio con Argentina, que no estaba informado de lo ocurrido una semana después de roto el convenio, el 14 de diciembre, y se abstuvo de lanzarle un salvavidas como el que le había lanzado a México, en 1994, con el apoyo del Tesoro de Estados Unidos.³³

³¹ Alberto Acosta y Óscar Ugarteche, "El TIADS", Nueva Sociedad núm. 183, enero/febrero de 2003, pp. 119-133, y "A Favor de un Tribunal Internacional de Arbitraje de Deuda Soberana", documento de trabajo en la serie América Latina en la Economía Mundial, núm. 2, Cuenca, Ecuador, Universidad de Alicante/Universidad de Cuenca, CESPLA y Fundación Ebert Ecuador, diciembre de 2003.

³² Sin embargo, no es aislado. Ecuador suspendió sus pagos de deuda, en 1999, ante la masiva fuga de capitales del país, que llevó a la quiebra de la banca. En ese encuadre, el nuevo gobierno ecuatoriano quiso renegociar la deuda, pero encontró que ante los acreedores oficiales reunidos en el Club de París había firmado acuerdos definitivos, que no son refinanciables o renegociables. Con los tenedores de bonos pidió tener una reunión y de hecho la sostuvo, pero se encontró con que estos no están organizados y, por tanto, no hay manera de dialogar con sus representantes. Lo que se hizo, en cambio, fue emitir bonos para recomprar los bonos Brady, lo que encareció notablemente la deuda ecuatoriana, dado el momento de alto riesgo en que se hizo la operación. No se tenía alternativa. Esa solución, a su vez, se encontró con las mismas dificultades de pagos al año siguiente, con lo que no se ganó sino un poco de tiempo ante un problema que es institucional, de insolvencia, inducida por una masiva fuga de capitales del país; luego de la crisis económica de 1999, el país se dolarizó, cambiando su base monetaria, enfrentándose todavía, cuatro años más tarde, a una reactivación económica lenta y a presiones tributarias bajas. Finalmente, los organismos multilaterales no refinancian la deuda, con lo que Ecuador se encontró trabado en un impasse del que no sale. Su esfuerzo ha sido ir por la vía bilateral, para arreglar puntualmente pagos con algunos miembros del Club de París.

La suma de los capitales que salieron de Argentina en el periodo 1999 a 2001, posdevaluación brasileña, sumó 43.371 millones de dólares, lo que debía tener un impacto negativo sobre el tipo de cambio, aunque se hubiera restringido la oferta monetaria a grado tal que debieron hacer uso de medios alternativos de pago, tanto los ciudadanos como los gobiernos estatales. Este desastre fue observado tranquilamente, para mantener el tipo de cambio estable, en lugar de seguir las políticas de flotación del tipo de cambio, recomendadas como prudentes para mantener una balanza de pagos estabilizada y recuperar la dinámica de las exportaciones, negativamente afectada por la crisis brasileña, como se observa en las cifras de los ingresos de las exportaciones de bienes y servicios, que se redujeron sustantivamente.

Ante esta situación, en diciembre de 2001 el gobierno de Argentina suspendió el servicio de la deuda, y el nuevo gobierno que asumió el poder se orientó, primero, a recomponer el liderazgo político y, en segundo lugar, a reordenar las relaciones financieras internacionales de la tercera economía de América Latina, excepto que los tenedores de bonos argentinos no tienen un ámbito de negociación ni están organizados, porque las instituciones de tenedores de bonos, creadas en el siglo XIX, perdieron vigencia en la década de los cincuenta del siglo XX. Los acreedores del Club de París, con quienes el país ha contraído poca deuda, no tienen forma de refinanciarla más allá de acuerdos bilaterales excepcionales, sobre la base del caso por caso, porque los acuerdos con dicho grupo de acreedores, en la década de los noventa, fueron definitivos, por lo que, por definición legal, no pueden ser reabiertos. Las negociaciones bilaterales finalmente no aseguran paridad ni no discriminación entre acreedores.

³³ Este es un caso en que el papel del asesor externo y auditor, que se presenta como garante de políticas económicas sólidas, el FMI, fue perverso. Como Argentina tenía un nivel alto de reservas internacionales y un tipo de cambio estable, acompañó el drama hasta una semana antes del desenlace. ¿Hay alguna manera de pedir cuentas al FMI y al funcionario en cuestión? ¿Es válido el argumento que el gobierno hace y ellos miran, como si no existieran condiciones pactadas? ¿Puede un observador responsable no decir lo que está ocurriendo en una economía, cuando su papel es brindar información al mercado?

Los bancos multilaterales, por su parte, no refinancian las deudas sino que, en todo caso, otorgan créditos para pagar créditos viejos, contrariando los principios de la teoría del crédito. Quedan entonces, en el caso argentino, sus 140 mil millones de dólares de deuda, con pagos netos de 6 mil millones de dólares anuales, mientras se intenta sentarse a negociar la deuda. Ni los acreedores tienen manera de sentar al deudor, ni el deudor es capaz de sentar a todos sus acreedores juntos para proponerles un planteo. La dificultad del caso ha llevado a que el presidente de la República se convierta en el negociador de la deuda de Argentina, en su búsqueda por encontrar alguna solución manejable. Sin duda esta situación no debe permanecer, ni menos repetirse, mas la institucionalidad internacional no asiste a Argentina en su resolución.

Ante esta evidencia, proponemos que se debe establecer un Tribunal Internacional de Arbitraje para Deuda Soberana (TIADS), conformado por árbitros nombrados por acreedores y deudores, en partes iguales. Este es un mecanismo de ordenamiento de las deudas, diseñado en el espíritu de un tribunal de insolvencia, aunque no es un tribunal de insolvencia stricto sensu. En términos políticos, ningún presidente de la República llevará a su gobierno a un tribunal de insolvencia porque éste sería un reconocimiento de que quebró al país. Por tanto, aunque tenga las mismas características prácticas que un tribunal de insolvencia, será de arbitraje y se planteará el problema como una dificultad, en los términos en que están planteados los contratos de crédito y la necesidad de pactar nuevos términos ante la evidencia de un cambio de circunstancia. En el mundo financiero, a diferencia del mundo comercial, la "fórmula de la fuerza mayor" no existe. Este Tribunal establecería nuevas condiciones de pago a partir del reconocimiento de la fuerza mayor, o acto de Dios.³⁴

³⁴ El profesor Kunnibert Raffer, de la Universidad de Viena, propuso en 1990 una idea seminal, utilizando la noción de un mecanismo análogo al capítulo IX de la ley de insolvencia de Estados Unidos, que se aplica a los municipios. El argumento de Raffer es que si es positivo para el sistema jurídico de Estados Unidos debe ser teóricamente aplicable para el mundo. Basándose en este texto, hubo durante los años 1999 a 2001 discusiones auspiciadas por el Jubileo 2000, en Alemania dentro de Europa y en América Latina, donde se discutieron las ideas en torno a tribunales y elementos jurídicos para la resolución de conflictos de impagos ("Applying Chapter 9 Insolvency to International Debts: an economically efficient solution with a human face", en World Development, vol. 18, núm. 2, 1990, pp. 301-311).

Las revisiones de la historia demuestran que las grandes renegociaciones de deuda externa, como la de Alemania en 1952 y aquellas ocurridas en el siglo XIX, se acogían a tribunales arbitrales para la resolución de conflictos de pago, por no existir, para el bono, ningún mecanismo de refinanciación posible.³⁵ El TIADS estaría conformado con tantos árbitros, por partes iguales, como sean necesarios, siguiendo los principios establecidos de arbitraje. Se propone tomar el planteo de Raffer³⁶ en cuanto al principio del Capítulo IX de la Ley de Quiebras de Estados Unidos para municipios, por cuanto se protege el gasto social antes de iniciarse las conversaciones y se obliga a que las sesiones del TIADS sean abiertas al público, para que se pueda escuchar y hablar en el transcurso de las mismas, si fuera necesario. Es decir, serían discusiones públicas.

Uno de los elementos que debe establecer el TIADS es la legitimidad de los créditos presentados como tales. Aquellos teñidos de corrupción deben ser separados y devueltos a las cortes pertinentes, para su juicio y anulación en categoría de deuda odiosa. Este Tribunal debería funcionar bajo el marco de la Organización de Naciones Unidas, en el mismo espíritu que el Tribunal Penal Internacional, reconocido por todas las partes. El obstáculo mayor previsible es, sin embargo, la falta de ratificación de parte de Estados Unidos, de los convenios internacionales que fortalecen el multilateralismo.³⁷

La disfuncionalidad de la arquitectura financiera internacional existente, para enfrentar problemas mayores de impagos de deuda —como el argentino, por ejemplo—, podría incluso perjudicar a Estados Unidos, tanto directamente por las pérdidas asumidas por acreedores diversos en el corto plazo, como por las consecuencias indirectas relativas a la forma de mayor migración indeseada y mayor narcotráfico derivado de la falta de empleo y perspectivas de parte de la población de algunos países.

El TIADS requiere una nueva jurisprudencia que, al igual que en el comercio internacional, tome elementos de diversas jurisprudencias y constituya una nueva base uniforme de tratamiento del tema. En comercio se hace mediante el UNCITRAL,³⁸ que recibió el encargo de la Asamblea General para el diseño de un mecanismo que facilita el comercio internacional, creando una base legal universal para un mundo global.³⁹ Todos los acreedores, sin excepción, deben estar representados en el TIADS, porque las preferencias crediticias generan free riders sobre otros acreedores perjudicados con reducciones de saldo o con pagos de más largo plazo.⁴⁰ El acreedor que no negocia sus créditos se ve beneficiado de la capacidad de pago creada por los que sí lo hacen, al crear condiciones de pago y reducciones de saldo para hacer que la deuda sea manejable. Dicho de otra forma, los bancos multilaterales, al no refinanciar sus deudas ni otorgar tratamientos de reducción en la eventualidad de impagos persistentes, se benefician de los tratamientos de reducción de deuda que aplican los otros acreedores privados y públicos. Su categoría de acreedores preferentes los transforma en free riders montados al costo de los otros acreedores. Para evitar distorsiones entre acreedores, todos deben estar representados en el TIADS, y todas las deudas deben estar sujetas al mismo tratamiento, siguiéndose el principio de la equidad entre acreencias.

³⁵ Ver Fritz Thomas y Philipp Hersel, "Proceso de Arbitraje Justo y Transparente. Una nueva vía para resolver crisis de deuda", Blue 21 y Misereor, Berlín, agosto de 2002.

³⁶ Kunnibert Raffer, ob. cit.

³⁷ Como se aprecia en la falta de ratificación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre la Eliminación de Toda Forma de Discriminación contra la Mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Protocolo de Kyoto para el medio ambiente, de 1992, por poner los ejemplos más llamativos. El más reciente fue la no ratificación del tratado constitutivo del Tribunal Penal Internacional.

³⁸ Ver http://www.uncitral.org/en-index

³⁹ The United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) is the core legal body within the United Nations system in the field of international trade law. UNCITRAL was tasked by the General Assembly to further the progressive harmonization and unification of the law of international trade by:

1. Coordinating the work of organizations active in this field and encouraging co-operation among them.
   
   
2. Promoting wider participation in existing international conventions and wider acceptance of existing model and uniform laws.
   
   
3. Preparing or promoting the adoption of new international conventions, model laws and uniform laws and promoting the codification and wider acceptance of international trade terms, provisions, customs and practices, in collaboration, where appropriate, with the organizations operating in this field.
   
   
4. Promoting ways and means of ensuring a uniform interpretation and application of international conventions and uniform laws in the field of the law of international trade;
   
   
5. Collecting and disseminating information on national legislation and modern legal developments, including case law, in the field of the law of international trade;
   
   
6. Establishing and maintaining a close collaboration with the United Nations Conference on Trade and Development.
   
   
7. Maintaining liaison with other United Nations organs and specialized agencies concerned with international trade.

Taking any other action it may deem useful to fulfil its functions.

⁴⁰ El caso Elliot es el de un pequeño especulador que compró pagarés de deuda a Swiss Bank al día siguiente del cierre de las operaciones de recompra de deuda de parte del gobierno peruano para el Plan Brady. El resultado fue que todos los acreedores, menos Elliot —que compró 10m de dólares de pagarés— tuvieron que reducir sus saldos expuestos en 55%. Elliot enjuició al Perú y le cobró 58m de dólares por sus 10m de dólares de inversión. Ver caso Elliot, Congreso de la República del Perú, Comisión Investigadora de la Corrupción, 2003, en http://www.Reddem

El Tribunal establecido convocaría a los acreedores a una primera reunión, donde el gobierno deudor presenta todos los créditos que van a ser reprogramados para su validación. En la fase inicial de presentación de los acreedores para la reconciliación de saldos, todos los acreedores deberían estar representados, incluyendo los gobiernos que no son miembros del Club de París.⁴¹ Los árbitros, luego, considerarían el caso y propondrían esquemas de salida susceptibles de incluir, en casos extremos, reducción de saldos o una nueva programación de pagos, es decir, un nuevo calendario con nuevos términos. Todos los acreedores, luego del fallo, deberán emitir nuevos instrumentos. Finalmente, el TIADS debe ayudar a limpiar las deudas corruptas, separarlas del monto por ser renegociado y producir las acusaciones correspondientes a los responsables para que una Corte Penal, sea nacional o internacional, según corresponda, asuma la resolución del caso. En ese supuesto se requeriría que eventualmente la Corte Penal Internacional, o la Corte Internacional de Derechos Humanos, o alguna otra corte especializada en temas penales internacionales, abriera un capítulo sobre corrupción, para poder enviar a los responsables de casos de gran corrupción relacionada a la deuda externa a dicho Tribunal a que sean sujetos a juicios y sanciones ejemplares.⁴² La razón es que existen operaciones que, por definición, se efectúan en paraísos financieros al mismo tiempo que en dos o tres lugares más, y es más sencillo tener un juicio de corrupción en un lugar, con un criterio global, que cuatro juicios locales, donde se pierda la perspectiva de lo global.⁴³

En principio, el respeto a los DESC comienza por considerarlos como parte de las condiciones en los nuevos acuerdos de crédito internacional que se plantearían a partir del Tribunal de Arbitraje. Es decir, para emitir los nuevos instrumentos, tiene que haber condiciones sobre el cumplimiento de metas en términos de DESC, lo que deberá ser monitoreado por el propio Tribunal, a través de una agencia interna, o por el FMI dentro del contexto de un nuevo diseño. Finalmente, el respeto de los DESC debería ser un elemento central de las condiciones puestas para el otorgamiento de nuevos créditos en general. Los DESC se podrían incorporar como sustitución del PRSP y comenzar con una aproximación a la economía desde los derechos.

⁴¹ En el caso de Guyana, la disparidad del tratamiento que otorgó Brasil y Trinidad y Tobago a inicios de los años noventa, versus el tratamiento del Club de París de otorgarle términos de Nápoles, le dificultó una solución viable a la recuperación de la economía.

⁴² La propuesta del TIADS, tomando en consideración a Raffer, quien a su vez toma el capítulo IX de la ley de quiebras de municipios como elemento básico, es que la condición para que se inicien las negociaciones será que se protejan los gastos básicos sociales y/o que se restituyan al punto de partida, y que el gobierno deudor acepte que el calendario nuevo que el Tribunal resuelva tenga como condición que los DESC deben ser respetados, que el gasto en educación se mantendrá, o crecerá, que el gasto en salud, vivienda, etc., se mantendrá y que los DESC son el eje en torno al cual la deuda se paga.

⁴³ El actual caso de corrupción de Parmalat, donde una firma de auditores certificó que había un depósito en Gran Caimán, sin ver las cuentas, es un ejemplo de los nuevos problemas jurídicos que surgen con la desregulación financiera, a partir de la tecnología del fax, del correo electrónico y de la existencia de paraísos financieros. Ver la discusión sobre los problemas surgidos a partir de la desregulación en Michael Bordo y Barry Eichengreen, A retrospective on the Bretton Woods System. NBER 1993; Roy C. Smith e Ingo Walter, Global Banking, Oxford University Press, 1997; Itzhak Swary y Barry Topf, La desregulación financiera, FCE, 1993.

Finalmente, dentro del contexto de crisis internacional en curso, frente a la inutilidad de la vieja arquitectura financiera internacional, que no responde más ni a un mundo desregulado ni a las dimensiones de los nuevos problemas planteados por el nuevo orden globalizado, se requiere una nueva arquitectura internacional que contemple un Tribunal Internacional de Arbitraje para la Deuda Soberana, que se base en un código de derecho internacional financiero, que asista en la limpieza de las deudas odiosas y corruptas, al mismo tiempo que permita a todos los acreedores negociar con el mismo rasero con el deudor y al deudor tratar con el mismo criterio a todos sus acreedores, de forma tal que no haya lugar para beneficiarios libres. Esta nueva arquitectura debería comenzar por tomar los DESC como los criterios a partir de los cuales efectuar sus ajustes y preferir sus gastos, tomando el principio de alivio sostenido de las necesidades de los sectores más pobres como motor del desarrollo. Las políticas en curso están generando mayor pobreza y mayor disparidad, y esto debe ser revertido en aras de la gobernabilidad global.

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