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ID : 107323
Ajouté le : 2006-12-28 16:51
Mis à jour le : 2007-01-07 21:40
Refreshed: 2012-02-12 01:16

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Movimientos sociales y el movimiento de derechos humanos: implicaciones para la promoción de los derechos económicos, sociales y culturales

3. Mujeres y derechos humanos: convergencias y tensiones entre dos movimientos sociales
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Susana Chiarotti

El movimiento de mujeres y los DESC

Derechos sin derechos

La utilización del marco de los derechos humanos para el reclamo de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC), por parte del movimiento de mujeres de nuestra región, se intensifica y fortalece a partir de la década de los noventa, cuando comienzan a tejerse, de manera más sistemática, alianzas con las organizaciones de derechos humanos, en función de reclamos tanto locales como internacionales.

La convergencia entre estos movimientos tenía y tiene, como ejes centrales: la demanda de mejoras en las condiciones de vida y de trabajo; la satisfacción de necesidades básicas, como el derecho a la alimentación, salud, vivienda; denuncias contra la desocupación y el desmembramiento del Estado. De manera subyacente o explícita también se converge en la crítica a los efectos de las medidas de ajuste estructural, las políticas económicas neoliberales y la firma de tratados de libre comercio de manera poco transparente y poco beneficiosa para las poblaciones.

En este accionar conjunto, quienes formamos parte del movimiento de mujeres pudimos comprobar que existen dos campos, dentro del corpus de los derechos humanos, que presentan graves y permanentes dificultades para ser implementados: el de los derechos humanos de las mujeres y el de los DESC. Estas dificultades tienen probablemente la misma causa: tanto para consolidar plenamente los derechos humanos de las mujeres como para hacer posibles los DESC para todos y todas, deberían realizarse profundas transformaciones sociales en el ámbito público y en el privado. No sólo debemos buscar, en la arena pública, gobiernos democráticos, autoridades confiables y justicia económica, o sea, un mejor reparto de las riquezas del país entre los distintos sectores sociales, sino que, paralelamente, en la arena privada debemos promover hogares democráticos, con reparto de tareas y responsabilidades, donde sus integrantes tengan dignidad, libertad e igualdad de derechos y oportunidades. La distribución equitativa del trabajo impago en la esfera doméstica es un requisito indispensable para el ejercicio en igualdad de otros derechos, como el derecho al empleo o al esparcimiento. Cambiar esto no es una opción, es un mandato de los instrumentos de derechos humanos.1 Además, no puede haber transformaciones sociales de fondo si no hay cambios en las familias. No se puede construir un país democrático sobre una base de familias monárquicas. Dos tercios del trabajo impago en el mundo es realizado por mujeres;2 por tanto, lo que pasa en los hogares puede tener impacto en la economía mundial. Conectar lo público y lo privado enriquece el abordaje de los DESC. Otro ejemplo de lo enriquecedora que puede ser esta posibilidad de interconexión lo da el cruce entre violencia doméstica, ingresos económicos y Producto Interno Bruto (PIB).

Pandjiarjian sostiene que

...en América Latina y el Caribe, la violencia doméstica afecta entre 25% y 50% de las mujeres. Una mujer que sufre violencia doméstica en general gana menos que aquella que no es víctima de esa violencia; la violencia doméstica compromete 14.6% del Producto Interno Bruto de la región, cerca de 170 billones de dólares. En Brasil, 70% de los crímenes contra las mujeres acontecen dentro de la casa y el agresor es su propio marido o compañero; la violencia doméstica cuesta al país 10.5% de su PIB. A pesar de los índices mencionados, la "conspiración de silencio" que rodea a esa violencia impide que datos cuantitativos y cualitativos puedan revelar mejor la magnitud de ese fenómeno. Considerado una especie de territorio fuera del alcance de la ley, la familia, muchas veces, se constituye en espacio de arbitrio y violencia, debido, entre otros factores, a la complicidad e indiferencia social en relación con lo que ocurre en el universo privado del lar, encontrando así, una condescendencia social que obstaculiza su denuncia y crea las bases de su impunidad.3

1 Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEFDM), artículo 5, Asamblea General de las Naciones Unidas, Resolución 34/180, de 18 de diciembre de 1979.

2 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Informe de Desarrollo Humano 1995, Nueva York.

3 Valeria Pandjiarjian, "Recomendaciones a los medios de comunicación para tratar el tema de violencia contra la mujer", São Paulo, Brasil, abril de 1994. Circular de abril, Área Violencia contra la Mujer, CLADEM, http://www.cladem.org.

Para lograr la total vigencia de los derechos de las mujeres, se requeriría transformar no sólo el andamiaje legislativo de cada país, sino también los usos, costumbres, prácticas personales y colectivas; erradicar prejuicios, tabúes, en una palabra, propiciar grandes cambios en la vida de las personas, las familias y los pueblos. Para instaurar los DESC en su integridad, habría que cambiar la manera en que están repartidos los recursos, sobre todo en nuestra región, la más desigual del planeta. Eso supone, asimismo, transformaciones profundas, tanto en el intercambio entre los Estados, en las estructuras económicas y políticas de los países, en el reparto comunal y familiar de bienes y servicios y, también, en la percepción individual de la democracia y la ciudadanía.

El indicador más claro de esta común dificultad para hacer efectivos los derechos humanos en ambos campos es el cúmulo de obstáculos que se presentaron para aprobar el Protocolo Opcional de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer,4 y los que aparecen actualmente para aprobar el Protocolo Opcional del Pacto Internacional de los DESC, cuyo borrador aún está en discusión. No es casual que los representantes de los estados eviten la creación de mecanismos que podrían asegurar la justiciabilidad de estos derechos.

Partimos entonces de la base de que tanto el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres, como la plena garantía de los DESC, constituyen áreas problemáticas dentro del área de los derechos humanos y tienen enormes dificultades para su puesta en vigor. El problema se agrava si pretendemos hablar de los DESC de las mujeres, o sea, de la mitad de la población del mundo.

¿Dónde se encuentran las resistencias, los impedimentos, para la cabal concreción de estos derechos, para su desarrollo teórico y su ejercicio en la vida cotidiana?

Las personas que pertenecemos al movimiento de mujeres hemos encontrado resistencias para el reconocimiento de nuestros derechos en cuanto tales, no sólo en la interlocución con los representantes de nuestros gobiernos a todos los niveles: municipal, provincial, nacional, sino también en las estructuras internacionales de ambos sistemas de derechos humanos, el internacional (Oganización de las Naciones Unidas) y el regional (Organización de Estados Americanos) y, además, aunque sea doloroso reconocerlo, en la comunidad de derechos humanos en los planos local, nacional e internacional.

4 Si bien el Protocolo Opcional de Cedaw fue finalmente firmado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, su ratificación es resistida en muchos países del mundo. Entre los latinoamericanos, donde sectores fundamentalistas trabajan activamente contra su ratificación, a la fecha cinco países se niegan aún a hacerlo: Argentina, Colombia, Cuba, Chile y El Salvador.

Divergencias y convergencias con el movimiento de derechos humanos

En el caso de la comunidad de derechos humanos, de la que numerosas organizaciones de mujeres nos sentimos parte, la falta de reconocimiento respecto a muchas de nuestras preocupaciones o la minimización de nuestros reclamos resulta preocupante, porque las organizaciones de mujeres nunca dudan a la hora de sumarse a las acciones de denuncia y solidaridad que propone el movimiento de derechos humanos. Múltiples grupos de mujeres participan cotidianamente de marchas, movilizaciones, comunicados y campañas propuestos desde las organizaciones de derechos humanos en todos los países de la región. Sin embargo, no hay reciprocidad para apoyar las protestas por las graves violaciones a los derechos humanos de las mujeres, que no sólo no gozan de un lugar prioritario para su desarrollo teórico sino para su defensa concreta en la práctica. Muchos de los problemas que más preocupan a las organizaciones de mujeres no figuran en la agenda del movimiento de derechos humanos. Nos referimos a cuestiones como la violencia doméstica, la criminalización del aborto, el acoso sexual en el empleo o la feminización de la pobreza, entre muchas otras.

En los últimos años, varios reclamos unieron a ambos movimientos en manifestaciones, comunicados, encuentros y otras actividades. Los más importantes temas de convergencia fueron: paz, democracia y justicia económica. Multitudinarias marchas contra la guerra y a favor de la paz en todos los países de la región durante los años 2002 y 2003 mostraron en las calles a mujeres del movimiento y a activistas de derechos humanos. Marchas por la democracia, como la de los Cuatro Suyos en Perú, volvieron a unir ambos sectores. Los reclamos por mayor justicia económica y contra modelos económicos excluyentes reúnen a miles de mujeres del movimiento y a activistas en el Foro Social Mundial, en las marchas contra el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y otro sinnúmero de movilizaciones.

Pero, aunque levantemos la misma bandera en las marchas, reclamando por paz, democracia, justicia económica, los contenidos que damos a estas palabras desde ambos movimientos son distintos. Desde hace muchos años, cuando las mujeres pedimos paz incluimos el derecho a vivir una vida sin violencia y esto no se refiere sólo a la que se deriva de los conflictos armados, sino a la violencia de género que se sufre en el trabajo, la casa y la calle.

A la vez, los contenidos de las palabras democracia y ciudadanía son también diferentes. El abordaje de los militantes de derechos humanos pareciera cargar con la pesada herencia aristotélica que reducía la igualdad al grupo de propietarios varones atenienses que acudían al ágora, lugar donde se debía ejercer la democracia. En el espacio doméstico, ese ciudadano democrático se convertía en el patriarca que gobernaba y hacía justicia dentro de su familia y sobre todos los que vivían bajo su poder: esclavos, esposa, hijos e hijas, concubinas. Había, incluso, dos sistemas de justicia: el público y el doméstico. Los temas domésticos no eran de suficiente importancia como para ser discutidos en el espacio público y debían ser resueltos por el señor de la casa. Esta descalificación de todo lo que sucede en la esfera doméstica pareciera seguir impregnando la práctica de los y las activistas de derechos humanos. Cuando las feministas levantaron el lema de "Democracia en el país y en la casa"5 estaban extendiendo el concepto de igualdad al espacio privado. Las relaciones igualitarias en el hogar son consideradas fundadoras de una nueva ciudadanía. En este campo, el movimiento de mujeres aspira, además de a un nuevo contrato social más incluyente, a la ciudadanía sexual, entendida como la autonomía para tomar decisiones en materia de sexualidad y reproducción.

Pero no todas son rosas dentro del movimiento de mujeres. Hay obstáculos para la confluencia, que se originan en las visiones y prácticas al interior del mismo. Uno de ellos es que no todas las organizaciones de mujeres ven como adecuado el marco de los derechos humanos para la defensa de derechos de las mujeres. La consideración de que el derecho es una institución patriarcal y no puede servirnos como herramienta de cambio está bastante generalizada entre las feministas que pertenecen a la corriente "autónoma". Eso incluye los derechos humanos, sus instrumentos y mecanismos.6

Otro obstáculo es que muchas veces las mujeres ven con desconfianza la apropiación de sus temas por parte de varones u organizaciones masculinas. Un ejemplo son las críticas a aquellas organizaciones masculinas que en el D.F. de México han asumido un trabajo a propósito de la violencia contra las mujeres. Esas críticas pueden estar basadas en problemas reales, como el temor a que el tema se trate de forma lavada, sin dar la necesaria importancia a la discriminación de género, etc. El hecho es que afloran desconfianzas y malestares, no expresados ni elaborados, cuando ese u otro tema es manejado por varones, que deberían ser abordados y discutidos, si no queremos contradecirnos con nuestro deseo de no cargar solas con el peso de la discriminación y la necesidad de su erradicación.

5 Este lema fue enarbolado en los ochenta por las feministas chilenas, durante la lucha contra la dictadura de Pinochet.

6 Para interiorizarse del pensamiento de las feministas autónomas, ver, por ejemplo: Margarita Pisano, "Mirar desde afuera... y ver", en http://www.creatividadfeminista.org/articulos, setiembre de 2003; Cristina Camusso, "Controversias y desencuentros en el feminismo latinoamericano", en http://www.geocities.com/athens/agora/5166/16mujer.html, 17 de mayo de 1997; Susana Gamba, "Feminismo", en http://www.agendadelasmujeres.com.ar, Buenos Aires, 2001.

Parámetros de prestigio

Tanto el movimiento de mujeres como el de derechos humanos son muy activos, diversos y dinámicos. Dentro de cada uno de ellos confluyen corrientes marcadas por orígenes, pertenencias y formaciones políticas diferentes. También —como en todas las asociaciones humanas— en cada uno de ellos hay parámetros de prestigio. Los parámetros del movimiento de derechos humanos son muy parecidos a los de la izquierda tradicional latinoamericana.7 Hemos observado que el espacio más prestigiado es ocupado por aquellas organizaciones o activistas que trabajan principalmente con los derechos civiles y políticos y su ejercicio en el ámbito público: desapariciones, torturas, detenciones ilegales, violencia policial, persecuciones por ejercer la libertad de asociación, prensa, reunión, opinión, etc. Aquí el prestigio tiene relación directa con la legitimidad alcanzada por el derecho defendido ante la opinión pública y con los riesgos que se corren al defender estos derechos en nuestra región, comenzando por el de perder la vida. Años de dictadura, la endemia de los conflictos armados y las dificultades para erradicar los remanentes autoritarios enquistados en las instituciones de seguridad explican esta situación.

En un segundo nivel, están los derechos económicos, sociales y culturales, unidos a la demanda social de mejores condiciones de vida. Si bien no gozan del mismo halo heroico que los anteriores, cuando pueden impactar a nivel local e internacional y cambiar las políticas públicas, en un marco de enfrentamiento con el Estado o las empresas multinacionales, adquieren un nivel de validación importante.8

7 Este análisis está basado en mis observaciones del movimiento de derechos humanos con el que estuve relacionada en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, a fines de los años setenta y comienzos de los ochenta, y con el que estoy cotidianamente vinculada a nivel local, en Rosario, Argentina, y en Lima, Perú, en la actualidad. Sin embargo, luego de haber compartido, desde las conferencias preparatorias de Viena (diciembre de 1992) hasta la fecha, numerosos encuentros internacionales de derechos humanos, tanto en el sistema regional como el mundial, podría decir que lo observado en la arena local tiene muchas similitudes con lo que sucede en la arena internacional.

8 Ejemplo: las demandas contra la privatización del agua en Cochabamba, Bolivia.

Finalmente, en el último escalón aparecen los derechos sexuales y reproductivos, cuya defensa no sólo no acarrea prestigio alguno, sino que además despierta sentimientos difusos, que van desde la incomodidad para debatirlos y defenderlos, hasta el desconocimiento de los mismos en cuanto derechos humanos.

Esta deslegitimación se extiende a las organizaciones de mujeres que los defienden, ya que no son reconocidas como integrantes de la comunidad de derechos humanos, aunque utilicen para la defensa todos los instrumentos y mecanismos de ésta. En febrero de 2004 asumieron sus cargos, recientemente creados, el secretario y subsecretario de derechos humanos de la Provincia de Santa Fe, Argentina. A poco de su toma de posesión, invitaron a representantes de los grupos de derechos humanos para que les hicieran un mapa de las organizaciones defensoras de los mismos. En el listado que presentaron había poco más de media docena de grupos: Madres de Plaza de Mayo, Abuelas de Plaza de Mayo, Familiares de Detenidos y Desaparecidos, Asamblea de los Derechos Humanos, Liga por los Derechos del Hombre, Hijos, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y la Coordinadora de Trabajo Carcelario. Todos estos grupos se nuclean principalmente para la defensa de los derechos civiles y políticos y por la recuperación de la memoria. No aparecía ninguna organización de mujeres, a pesar de que hace varios años están realizando, entre otras tareas, el monitoreo de tratados internacionales de derechos humanos, como la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEFDM), Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); presentaron reportes alternativos ante el Comité de Derechos Humanos en Ginebra; llevaron a cabo seminarios y concursos de derechos humanos; publicaron libros sobre educación en derechos humanos; denunciaron violaciones y lanzaron campañas sobre derechos humanos, como la campaña por la Declaración de los Derechos Humanos con perspectiva de género (Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer [CLADEM], 1992-1998) y la campaña por una convención interamericana por los derechos sexuales y los derechos reproductivos.9 De entre los reclamos del movimiento de mujeres que tienen más dificultades para su reconocimiento por parte del movimiento de derechos humanos, dos son particularmente irritantes: los relacionados con la sexualidad y la reproducción, y los relacionados con la esfera doméstica.

9 Más datos sobre esta Campaña, el Manifiesto y la propuesta de Convención Interamericana de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos pueden verse en la página web, http://www.convención.org.uy

En el primer caso, con mucha frecuencia hemos observado reticencias para estrechar alianzas por parte de los organismos tradicionales de derechos humanos, en el sentido de aunar fuerzas para reivindicar derechos que tengan relación directa con los derechos sexuales y con los derechos reproductivos. Un ejemplo de esto lo vivimos en Colombia, donde desde hace varios años integrantes del CLADEM vienen dando el debate por incorporar los derechos sexuales y reproductivos a una gran coalición que trabaja por la paz. Los compañeros que integran esa coalición, gente muy comprometida y que está arriesgando su vida cotidianamente, plantearon al CLADEM que consideraban la inclusión de ese tema como provocadora de división y les pidieron que no insistieran en ese planteo.

Las mismas reticencias se observan en lo relacionado con la esfera doméstica y las distintas categorías de trabajos que se desarrollan en su interior, así como el valor de ese trabajo y su repercusión en la economía nacional. Los teóricos a nivel internacional y nacional no sólo han ignorado durante muchos años las violaciones relacionadas con los derechos civiles que tienen lugar dentro del hogar: libertad de opinión, integridad física, psíquica y sexual, derecho a no recibir tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes. También han invisibilizado lo relacionado con el valor10 del trabajo doméstico y su aporte al Producto Interno Bruto. Las tres economías relacionadas con el hogar: doméstica (mantenimiento, limpieza y cuidado del hogar), de cuidado (atención de familiares en la niñez, madurez, enfermedad) y de reproducción (crianza y educación de los hijos e hijas) permanecen invaluadas e invisibles a los ojos de los economistas, de los políticos y también de los defensores tradicionales de derechos humanos. El análisis de las tres economías fue desarrollado por teóricas mujeres, al igual que el reclamo por la visibilización de su valor e influencia sobre la economía general de los países. También son producto de las teóricas y activistas feministas los presupuestos sensibles al género, el estudio de la gravitación de los tratados internacionales de libre comercio en la vida de las mujeres, las jefaturas de hogar femeninas, y otros temas de similar importancia.

Las escalas de prestigio al interior del movimiento de derechos humanos y los espacios conflictivos con el movimiento de mujeres se combinan con efectos nefastos a la hora de legitimar los reclamos de las mujeres en la palestra de los derechos humanos, ya que muchos de ellos están relacionados con las demandas por mejores condiciones de vida: alimentación, salud en general y salud sexual y reproductiva en especial, agua potable, vivienda; o con el ámbito doméstico: derecho a una vida libre de violencia, reconocimiento del valor del trabajo doméstico y de la economía de cuidado, entre otros.

10 Entrevista de la Articulación para Beijing latinoamericana con el presidente del Banco Mundial en el Foro No Gubernamental de Beijing, setiembre de 1995.

El encuentro entre ambos movimientos

Enero de 1993 marca el encuentro oficial del movimiento de mujeres latinoamericano y caribeño con el movimiento de derechos humanos a gran escala y en el plano internacional. Previamente, en diciembre de 1992, feministas independientes y organizadas en grupos y redes confluyeron en Costa Rica, en una conferencia satélite llamada "La Nuestra", para planificar estrategias de incidencia política en el Foro No Gubernamental, paralelo a la Conferencia Preparatoria Latinoamericana (San José de Costa Rica, enero de 1993) de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) (Viena, junio de 1993).

En esta conferencia satélite se debatieron cuáles serían los temas prioritarios de reclamo, se elaboró una agenda y se echó una mirada crítica sobre los instrumentos de derechos humanos. Muchas de las feministas presentes habían militado en organizaciones políticas y de derechos humanos tradicionales, y conocían el terreno sobre el que se iba a trabajar.

Al inaugurarse la Conferencia Preparatoria y el Foro No Gubernamental paralelo a la misma, las feministas participamos activamente de las reuniones donde se analizó el borrador de documento oficial y los temas prioritarios para el trabajo del foro. La notoria ausencia de las cuestiones que preocupaban a las mujeres en las primeras reuniones motivó una reunión de emergencia. ¿Teníamos que formar un "grupo de las mujeres", tal como nos habían sugerido los dirigentes del foro, o debíamos insertarnos en todos los grupos de trabajo temáticos que acababan de crearse? La primera propuesta no era de nuestro agrado porque a la "guetización" del grupo se sumaría evitar la responsabilidad que todo el foro tenía de ver todos los problemas con perspectiva de género, incluyendo en el análisis de cada uno, las experiencias diferentes de varones y mujeres en el ejercicio de sus derechos humanos.

Por ello decidimos dividirnos y participar en todos los grupos, haciendo oír nuestra voz en cada tema. Nos convertimos entonces en "la mosca en la oreja", insectos molestos que zumbaban constantemente el reclamo de la visibilización. Todos los problemas que aún se mantienen en la interlocución entre el movimiento de mujeres y el de derechos humanos aparecieron durante el Foro No Gubernamental y la Conferencia Oficial en Costa Rica, en 1993.

El primer escollo se encontró al analizar el borrador de documento que preparaba la Secretaría de la Conferencia, y al observar la manera en que las mujeres aparecía­mos en el mismo. El documento estaba estructurado a partir de un corpus central dedicado a los desafíos para los derechos humanos en la región, al que le seguían diversos párrafos sobre temas específicos. Entre éstos, uno era el de "grupos vulnerables". Incluía a ancianos, personas con discapacidades, mujeres, pueblos indígenas, niños, etc. O sea todos los que no eran adultos, sin discapacidades, varones, blancos. La vulnerabilidad aparecía como un atributo del ser mujer, o indígena o anciana, y no como una situación producto de la discriminación y, por tanto, reversible. Tanto las feministas como las organizaciones indígenas, de personas con discapacidad, de ancianas, etc., reclamamos contra esta categorización, logrando que se corrigiera el texto.

Otro problema estaba relacionado con la dificultad para introducir la perspectiva de género en el análisis de todos los temas. La insistencia de las feministas era vista como una intrusión no pertinente. La sensación de transgredir códigos en un discurso hermético era permanente.

Seis meses después, en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena, pudimos comprobar que la concepción con la que nos enfrentamos en Costa Rica estaba muy generalizada entre las organizaciones de derechos humanos tradicionales de todo el mundo. Los elementos más irritantes eran:

  • La consideración de las mujeres como un grupo o sector, a pesar de ser la mitad de la población del mundo.

  • La caracterización de ese grupo o sector como "vulnerable".

  • La descalificación de los reclamos de las organizaciones de mujeres como temas menores o no pertinentes a los derechos humanos propiamente dichos.

  • Las dificultades para ampliar la agenda tradicional de los derechos humanos, incorporando las preocupaciones y vivencias de las mujeres.

El Plan de Acción de Viena, surgido de esa Conferencia, contiene importantes cambios teóricos que aún no han sido incorporados plenamente a la práctica de los derechos humanos. Tres de ellos tienen relación directa con lo que planteamos:

  • Integralidad, interconexión e indivisibilidad de los derechos humanos.

  • Los derechos de la mujer son derechos humanos.

  • La violencia contra la mujer es una violación a los derechos humanos.

Este último es particularmente importante porque implica que, así como los derechos humanos pueden ser disfrutados tanto en el ámbito público como en el privado, pueden también ser violados en ambos espacios.

Otra consecuencia es que la violación de los derechos humanos que tenga lugar en el espacio privado deberá ser responsabilidad del Estado, que está obligado a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, sufrida a manos de particulares. Debe crear programas, lanzar campañas, implementar servicios de prevención, atención y reparación a las víctimas y, por sobre todo, debe eliminar la discriminación contra la mujer, que es una de las causas de la violencia. La falencia en el cumplimiento de estas obligaciones acarrea responsabilidades que deberían ser exigidas al Estado, no sólo por las organizaciones de mujeres sino también por las de derechos humanos.

Si bien los principios del Plan de Acción de Viena han impactado en el accionar del movimiento de derechos humanos, no han producido la transformación radical necesaria para una defensa integral de los derechos humanos, de todas las mujeres y varones, tanto dentro del hogar como fuera de éste.

La división sexual en la práctica de los derechos humanos

Es frecuente observar aún en la actualidad una división sexual de la agenda de los derechos humanos. Así, a pesar de la multiplicidad de temas en los que está incursionando el movimiento de mujeres, es frecuente que en una tarea conjunta, como la organización de un seminario o la elaboración de un libro, se le asignen temas que se piensan exclusivos de las mujeres, tales como violencia contra la mujer, derecho a la salud de las mujeres, derechos sexuales, derechos reproductivos, explotación sexual de mujeres y niñas, discriminación en el empleo, trabajo doméstico o discriminación de género en sentido amplio.

Las organizaciones tradicionales de derechos humanos siguen trabajando prioritariamente sobre aquellos derechos civiles y políticos actualmente definidos en relación con la democracia, la gobernabilidad, la denuncia de la corrupción política, la seguridad. Desde fines de los ochenta y durante la década de los noventa, incorporaron de manera cada vez más consistente los derechos económicos, sociales y culturales, la defensa de las comunidades indígenas y, con menos énfasis, los derechos medioambientales. Todos son abordados generalmente sin enfoque de género. Cuando se encaran temas de medioambiente, suele suceder que las mujeres aparezcamos como ligadas a la madre tierra, con una simbología que nos vincula a la naturaleza debido a nuestras capacidades procreativas: mujer, tierra fértil, vida, semilla, etc. En la defensa de los derechos de las comunidades indígenas es frecuente que las organizaciones tradicionales de derechos humanos levanten banderas como la defensa de las tierras y los derechos de la comunidad en general, e ignoren la discriminación, subordinación y violencia que sufren las mujeres al interior de las mismas. Al reportar la situación de derechos, como el de la vivienda adecuada, alimentación, salud, educación, nivel de vida digno, trabajo, o el derecho al agua, se ignoran las especiales dificultades que afrontan las mujeres cuando intentan ejercerlos. El análisis, defensa y reporte de estos derechos debe contemplar el hecho de que el disfrute de los derechos humanos está basado en la experiencia de vida de varones y mujeres por igual y tiene relación no sólo con su expresión formal, sino con la oportunidad de acceder a ellos, de usarlos, reclamarlos, buscar remedios para sus violaciones, a la vez que examinar los diferentes resultados y consecuencias de la aplicación de las normas que los garantizan a nivel local. Un ejemplo es el derecho al agua. Cuando los varones reclaman acceso al agua están pidiendo en general agua para la agricultura y la industria, además del consumo personal. Las mujeres, además de preocuparse por el agua para los cultivos, saben que deben acarrear agua para el lavado de la ropa, la elaboración de las comidas, la limpieza de la casa y el consumo familiar. En muchas comunidades el acarreo del agua está a cargo de las mujeres y agrega dos a tres horas de trabajo a su jornada.11 Las diferencias se mantienen a la hora de reclamar por los derechos. Para denunciar se requieren conexiones, posibilidades de movilización, tiempo y recursos que también son diferentes y, en general, determinan que las posibilidades de las mujeres de acceso a la justicia sean menores que las de los varones.12

Esta división sexual del trabajo en derechos humanos se hace a despecho del crecimiento, variedad y profundización de los temas que aborda el movimiento de mujeres. La agenda de las organizaciones feministas es cada vez más amplia y diversa. En los últimos años las mujeres han incursionado en todos los temas, incluyendo, a manera de ejemplo, seguridad humana y globalización. Los esfuerzos realizados en Seguridad Humana tuvieron como uno de los resultados la emisión de la Resolución 1 325 por parte del Consejo de Seguridad de la ONU.13 Como fruto de los esfuerzos en el tema de la globalización se han producido avances teóricos y alianzas estratégicas a nivel mundial. La más destacable es la lograda con los organizadores del Foro Social Mundial, cuya cuarta edición, en enero de 2004, incorporó el eje del patriarcado como uno de los obstáculos para avanzar en la búsqueda de un mundo mejor.

11 Existe ya abundante bibliografía que analiza la diferente manera de vivir los derechos. Ver, por ejemplo, Flora Tristán, El Estado del Malestar, Lima, UNIFEM-CLADEM, 2002, donde se analiza la manera en que se gozan los DESC de las mujeres en los países andinos; El espacio según el Género ¿Un uso diferencial?, Madrid, Universidad Carlos III y Dirección General de la Mujer, 1995.

12 Ver, por ejemplo, Cuerpo y Derecho, Legislación y Jurisprudencia en América Latina, Temis, Bogotá, Centro Legal para Derechos Reproductivos y Políticas Públicas y Facultad de Derecho, Universidad de Los Andes, 2001; María Paz Garafulic Litvak, Mujer y Derecho, una aproximación a la situación legal de la mujer en tres países latinoamericanos: Argentina, Chile y Perú, Santiago, Chile, Fundación Ford e Institute for International Education, 2001.

13 Resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, núm. 1325 (S/Res/1325 - 2000), 31 de octubre de 2000. Exige incorporar a mujeres en las negociaciones de paz y de prevención de conflictos armados, así como en las etapas de posconflicto.

La segmentación sexual del trabajo de derechos humanos se hace evidente en la práctica cotidiana. Cuando en un evento de derechos humanos hay que tratar temas como los planes de acción surgidos de las conferencias internacionales de derechos humanos, lo más probable es que alguna organización tradicional asuma el de Copenhague14 o el de Viena,15 y que inviten a las organizaciones de mujeres para hablar de la Plataforma de Acción de las Mujeres (PAM), de Beijing,16 o el Programa de El Cairo.17 En este último caso, el reclamo por la efectiva implementación del plan surgido de esta conferencia es realizado por el movimiento de mujeres casi en soledad, a pesar de que trata temas cruciales para el desarrollo con equidad, ligados a la reproducción humana, la reducción de la pobreza y el acceso a la educación, a la salud y a los beneficios del desarrollo, entre otros. Cada uno de sus párrafos requiere la atención de varones y mujeres, así como de todas las organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, es muy difícil encontrar organismos de derechos humanos tradicionales que den seguimiento al Plan de El Cairo en su agenda.

La mecánica se reproduce a la hora de redactar un documento. El párrafo sobre Beijing o El Cairo, o sobre las mujeres, o el "párrafo de género" es encargado a las organizaciones de mujeres o al área o división de la mujer de la organización de derechos humanos, en algunos casos. En la mayoría de los documentos de derechos humanos se repite el mismo esquema. En primer lugar, aparece un corpus principal que detalla los "problemas de la humanidad" en general y luego se destinan párrafos específicos para las mujeres, los indígenas, afrodescendientes, migrantes, personas con discapacidades, etc.18 Esta división sexual está tan naturalizada en el trabajo de las organizaciones de derechos humanos que si no estamos presentes en una conferencia o foro determinado, hay temas que no se tratan. Durante la XXXIII Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), celebrada en Santiago de Chile, en junio de 2003, se reunió la Coalición de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) de Defensores de Derechos Humanos que trabaja en el ámbito hemisférico. Al incorporarnos a la reunión, uno de los compañeros presentes nos comentó con alegría: "Qué suerte que vinieron, ustedes pueden incluir temas de género". Al día siguiente tuvo lugar el Diálogo de la Sociedad Civil con los cancilleres de la OEA, que por primera vez conseguíamos institucionalizar. Allí, como representantes del CLADEM, planteamos la discriminación de género en las estructuras del sistema de la OEA, a la que veíamos como un reflejo de lo que cotidianamente sufren las mujeres en nuestros países. El tema no fue levantado por ninguna otra organización.

14 Plan de Acción de la Cumbre Mundial de Desarrollo Social, celebrada en Copenhague, en abril de 1995.

15 Plan de Acción de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, celebrada en Viena, en junio de 1993.

16 Plataforma de Acción de las Mujeres, surgida de la IV Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre las Mujeres: Igualdad, Desarrollo y Paz, celebrada en Beijing en setiembre de 1995.

17 Programa de Acción de la Conferencia Mundial de Población y Desarrollo, celebrada en El Cairo, en setiembre de 1994.

18 Ver la crítica elaborada por Roxana Vásquez a la Carta Andina de los Derechos Humanos, emitida en Lima por los presidentes de los países del Pacto Andino, y que fue escrita con la colaboración de expertos del movimiento de derechos humanos, en Los DESC de las mujeres, ponencia presentada en el Seminario Internacional sobre la Exigibilidad de los DESC, organizado por CLADEM, Rosario, Argentina, junio de 2002.

Esta situación tiene como consecuencia que las mujeres destinemos gran cantidad de esfuerzos en visibilizarnos frente a estas organizaciones y legitimar nuestras demandas. Ese es un tema que deberíamos estudiar más en profundidad. Las organizaciones de mujeres tenemos que medir la cantidad de energías que destinamos a convencer e influir sobre otros movimientos sociales con el objetivo de que incorporen nuestras preocupaciones en sus agendas. El último Foro Social Mundial (FSM) es un ejemplo. En Mumbai, sede de su cuarta edición, en enero de 2004, se avanzó al incorporar el patriarcado como uno de los obstáculos para obtener un mundo mejor. Feministas de primer nivel estuvieron trabajando de manera intensiva con los organizadores de cada foro durante varios años. El propósito era tender puentes entre las organizaciones de mujeres y las de otros movimientos sociales: desarrollo, ecologistas, derechos humanos, indigenistas, a fin de integrar las preocupaciones de las mujeres en los espacios del foro. El hecho de que el FSM sea uno de los espacios más progresistas de expresión de la opinión pública mundial actual no implica necesariamente que todos sus organizadores estén dispuestos a incorporar a mujeres en su organización y a repartir los espacios de manera igualitaria.19 Para quienes hemos asistido a los mismos, el espectáculo de los paneles y conferencias ocupados por mayorías masculinas han sido una constante. Las mujeres circulan por espacios menos estructurados, como talleres y grupos pequeños, y su presencia en los lugares más jerarquizados es minoritaria.

19 Ver, en este sentido, "Feminist Presence, Visions and Alternatives at the WSF 2004: Making Another World Possible", en We!, Isis International, http://www.isiswomen.org, Filipinas, enero de 2004.

Implicaciones para la promoción de los DESC

El desafío de la plena y equitativa implementación de los derechos económicos, sociales y culturales es de tal magnitud que requiere la acción mancomunada de todos los movimientos sociales, especialmente el de mujeres y el de derechos humanos. Es imposible implementar los compromisos y las obligaciones asumidos en esta materia por los estados, trabajando en forma aislada. Por otro lado, para lograr el goce igualitario de los DESC se debe tener en cuenta el problema de la discriminación sexual. Esta violación a los derechos humanos es la más extendida, grave y permanente del planeta y afecta de manera directa a la mitad de la población mundial. Su erradicación hace imprescindible el esfuerzo conjunto por parte de todos los actores involucrados, pero principalmente de los varones.

Las preocupaciones que plantean las organizaciones de mujeres no pueden seguir considerándose "problemas de las mujeres" o "el tema de las mujeres". Son problemas de toda la sociedad y deben ser asumidos por todas sus organizaciones. Los cambios en las prácticas deben conducir a cambios en la teoría e interpretación de los derechos humanos. Uno de los aspectos que deberían ser prioritarios es el de la necesidad de promover la implantación de medidas especiales temporales para lograr la igualdad sustantiva entre mujeres y varones en el goce de los derechos económicos, sociales y culturales, tal como lo hacen la CEFDM y la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (CEFDR). Este asunto fue discutido ampliamente por el Comité del PIDESC al analizar el borrador del Comentario General 16 sobre el Artículo 3 del Pacto, que trata sobre la igualdad entre varones y mujeres. Las organizaciones de mujeres colaboraron ampliamente con la discusión del borrador de comentario y fueron claras al exigir medidas especiales temporales para alcanzar la igualdad sustantiva. En conversaciones extraoficiales, algunos miembros del comité hicieron saber que ellos no sólo no veían estas medidas como necesarias sino que además las consideraban discriminatorias para los varones. Cuando se les recordaban todos los argumentos que hicieron que esas medidas fueran legitimadas por la CEFDM y la CEFDR, aclararon que éstas eran las dos únicas convenciones en las que veían razonable que existieran las medidas especiales temporales. Claramente, esto implica desconocer los principales argumentos jurídicos que justifican estas medidas, pero, además, que la Convención de la Mujer incorpora no sólo los derechos civiles y políticos, sino también los económicos, sociales y culturales, y que las medidas especiales temporales propuestas en el Artículo 4 de dicha convención se aplican a ambas categorías de derechos.

Para profundizar en estos argumentos, varias organizaciones de mujeres trabajaron arduamente durante los años 2001 y 2002 y plasmaron los "Principios de Mon­treal", donde analizan de qué manera puede lograrse el uso y goce de los derechos económicos, sociales y culturales con equidad e igualdad entre mujeres y varones.20 Sería esencial llamar la atención de las organizaciones de derechos humanos para apoyar esta declaración y las gestiones para obtener un buen comentario general que aborde la cuestión de la igualdad entre varones y mujeres en el goce de los DESC.

Reflexiones finales

El movimiento de mujeres ha aportado una mirada transgresora y desafiante sobre la teoría y la práctica de los derechos humanos. Sus aportes han sido particularmente enriquecedores al cruzar género y raza en el análisis de algunos derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho al trabajo y al empleo, o al interconectar temas como el de la violencia contra la mujer con el derecho a la vivienda.21 En los derechos económicos, sociales y culturales, especialmente, han traído a la palestra discriminaciones que no habían recibido suficiente atención de parte de organismos tradicionales en años anteriores, como el acoso sexual en el empleo; el control reproductivo en las maquilas; el impacto de la violencia doméstica en el goce del derecho a la salud, al empleo y a la vivienda; la discriminación sexual en la educación, etc. Este entrenamiento para saltar barreras y "empujar fronteras", a decir de las mujeres asiáticas, puede ser un aliciente importante para el enriquecimiento de la teoría y la práctica de los derechos humanos. Este hecho está comenzando a reconocerse por parte de algunas organizaciones tradicionales.22

20 Uno de estos encuentros se realizó en Toronto, Canadá, entre el 19 y el 20 de julio de 2003. Sus organizadoras fueron The Centre for Equality Rights in Accommodation, The Women's Economic Equality Project y la Red Internacional para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Una copia de la Declaración de Montreal puede verse en la página web de CLADEM, en la Sección DESC y Globalización, http://www.cladem.org.

21 Ver, por ejemplo, la consulta internacional organizada por APWLD en Asia, "Pushing frontiers: Interlinkages between Violence Against Women and Women's Right to Adequate Housing", en que las mujeres asiáticas convocan al relator de la ONU sobre el Derecho a la Vivienda y conectan ambos temas, explorando nuevos mecanismos de derechos humanos, Forum News, vol. 16, núm. 3, Chiang Mai, Tailandia, editado por Asia Pacific Forum on Women, Law and Development, octubre-diciembre de 2003.

22 Human Rigths Watch reconoce, en su informe sobre Guatemala, el aporte del movimiento de mujeres en el estudio de la discriminación combinada por género y raza. Utilizando el mismo, ha producido un excelente informe sobre discriminación laboral a mujeres guatemaltecas. Ver Del hogar a la fábrica. Discriminación sexual en la fuerza laboral guatemalteca, Estados Unidos de América, Human Rights Watch, 2002.

Esta creciente utilización, por parte de las mujeres, de los instrumentos y mecanismos de derechos humanos, coincide, en un proceso complejo, con el interés que se observa actualmente en algunas organizaciones de derechos humanos internacionales por incorporar la mirada de género en su accionar,23 lanzar campañas mundiales sobre temas que anteriormente fueron preocupación sólo del movimiento de mujeres,24 o crear áreas o divisiones relativas a la mujer al interior de cada organización. Lo mismo está sucediendo con algunas organizaciones de derechos humanos prestigiosas, que trabajan a nivel local en varios países de la región y que, aunque de manera parcial, están comenzando a incorporar reclamos sobre los derechos sexuales y reproductivos o sumándose a reclamos realizados por mujeres.25 Esta conjunción de intereses debería seguir creciendo si queremos conseguir impactos importantes.

El hecho de que haya canales de apertura tanto dentro del movimiento de mujeres como en el de derechos humanos debería ser visto como la oportunidad para un diálogo, en el que se discutan abiertamente los obstáculos y desafíos para construir una alianza más estrecha entre ambos movimientos. A través de este diálogo se podría visualizar el impacto que tendría una alianza permanente y duradera entre los dos movimientos, que sería altamente beneficiosa para ambos y para el enriquecimiento de la teoría y la práctica de los derechos humanos en general.

Una tarea urgente y prioritaria, entonces, sería poner estas cuestiones en la mesa de debate de manera abierta y franca, porque este tema sigue perteneciendo a la categoría de los que no se hablan, de los que circulan por canales subterráneos. Reconocer las limitaciones, prejuicios y barreras existentes para avanzar en un trabajo conjunto y fortalecer las áreas de coincidencia entre ambos movimientos, significaría un salto cualitativo, sumamente beneficioso para todos.

23 Como en el informe citado en la nota anterior.

24 Un ejemplo reciente es la campaña de tres años lanzada por Amnesty International para combatir la violencia contra las mujeres a nivel mundial, o el informe que la misma organización realizó sobre los femicidios en Ciudad Juárez, México, 11 de Agosto de 2003: http://web.amnesty.org/library/index/eslAMR410272003?open&of=esl-MEX

25 Un ejemplo de reclamo conjunto en esta área puede ser la demanda contra Perú ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por parte de APRODEH, CEJIL, CRLP y CLADEM, por las esterilizaciones forzadas en ese país durante el gobierno de Fujimori. En el mismo sentido se interpreta la participación, por primera vez, de un organismo de derechos humanos en la manifestación realizada en Rosario, Argentina, el 28 de setiembre de 2003, luego de siete años de campañas por la despenalización del aborto. La solidaridad con Católicas por el Derecho a Decidir, en Córdoba, Argentina, para pelear contra el amparo interpuesto para impedir la aplicación de la ley de salud sexual y reproductiva por parte de sectores conservadores (2003) y exigiendo el retiro de su personería jurídica (2004), al que se sumaron varios organismos de derechos humanos, tanto a las manifestaciones como en los comunicados, fue también un salto importante.

La transformación necesaria para abordar la agenda de los derechos humanos de manera integral debe ser profunda. Debemos cambiar la manera de enfocar la democracia y la igualdad entre los géneros e incorporarla en nuestra práctica cotidiana dentro de los movimientos sociales, si es que creemos que un mundo mejor es posible y que podemos transformar éste en el cual vivimos.







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