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(IDRC photo: Michelle Hibler)

Luego de 32 intentos fallidos de lograr consenso sobre la legislación del agua y un devastador conflicto sobre los derechos de aguas, investigadores apoyados por el IDRC en Bolivia ayudaron a su país a elaborar una ley de aguas en torno a la cual todo el mundo podría estar de acuerdo.

"Nuestro país no se puede permitir el lujo de tener normas legales que sean revocadas o abolidas días o meses después de ser aprobadas"

— Juan Carlos Alurralde, Comisión para la Gestión Integral del Agua en Bolivia

El desafío del desarrollo: Convertir el conflicto en cooperación para la definición de las políticas

El agua ha sido siempre una cuestión controvertida en Bolivia. El agua es un bien escaso en gran parte del país andino --y enotras regiones en donde se registran abundantes lluvias, el acceso al agua es disputado acaloradamente. Ha sido sumamente difícil llegar a un acuerdo sobre cómo debería regularse el recurso y quién debería tener derechos sobre el mismo. El gobierno boliviano hizo 32 intentos para llegar al consenso sobre una nueva ley general de aguas --que actualizaría la legislación con raíces coloniales que rige desde 1906. Ninguno fue aceptado.

En 1998, la cuestión de los derechos de aguas llegó a un punto de ebullición cuando el gobierno boliviano propuso una legislación que habilitaba a la privatización del agua y otorgó a una empresa privada de origen externo, Aguas del Tunari, una licencia para vender agua en Cochabamba. Por primera vez en la historia reciente de Bolivia, grupos sociales se movilizaron para protestar. En el año 2000, el país estaba paralizado por bloqueos, se perdían vidas en los disturbios, el gobierno estaba desestabilizado y enfrentaba una crisis política. La "Guerra del agua" de Boliviaocupó las primeras páginas de los diarios en todo el mundo. El gobierno fue obligado a romper el contrato con Aguas del Tunari y a prometer un debate más abierto sobre los temas. Se creó un consejo especial, el Consejo Interinstitucional del Agua (CONIAG),al que se le encargó hacer el anteproyecto de una ley de gestión del agua en base a una consulta pública. Fue un gesto sin precedente: Bolivia procuró rara vez el aporte del público para definir sus políticas.

Para el ingeniero de aguas boliviano Juan Carlos Alurralde (conocido como el Oso Andino), la creación del CONIAG representó una oportunidad única para encontrar un enfoque "a la boliviana" de la gestión del agua. Alurralde es investigador de una ONG que ha estado tratando los problemas delagua, la Comisión para la Gestión Integral del Agua en Bolivia (CGIAB). Experimentado en trabajar tanto con grupos sociales como con el gobierno boliviano, estaba convencido de que el diálogo basado en una sólida investigación ayudaría a indicar un modelojusto y eficiente de gestión del agua que todos podrían aceptar. Sin embargo, persistía una enorme desconfianza entre los grupos sociales y el gobierno. Nadie subestimaba los desafíos que implicaba encontrar un camino para el acuerdo mutuo.

La idea: Combinar diálogo con grupos de base y ciencia de alta tecnología

Utilizando un modelo matemático de última generación, los investigadores podían simular cuán eficaces podrían ser distintos criterios de asignación de derechos de aguas --una información fundamental para elaborar una nueva ley de aguas. No obstante, los investigadores entendieron también que mientras el gobierno contaba con expertos que podrían evaluar la investigación, los grupos sociales no los tenían. Si los grupos sociales no confiaban en la investigación, se corría el riesgo de que rechazaran los resultados. Entonces los investigadores decidieron incorporar a los grupos sociales que habían protestado contra la ley de aguas al proceso de la investigación, invitándolosaparticipar en el diseño de la investigación, pidiéndoles colaboración para recoger datos y comunicándoles y explicándoles regularmente sus hallazgos. De esta manera, los investigadores tendrían que usar un enfoque tanto técnico como de las ciencias sociales. El Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC) dio su apoyo al proyecto de investigación del CGIAB, que transcurrió desde 2002 hasta 2005, con una donación de CAD $270.000.

La investigación: Analizar dos enfoques acaloradamente debatidos

Los investigadores usaron un modelo de simulación deagua desarrollado por el Instituto Hidráulico de Dinamarca para construir una réplica en computador de los sistemas de agua bolivianos. Introdujeron en el modelo la información cartográfica, los datos sobre el agua, las lluvias y el clima. Se utilizó un Sistema de Información Geográfica (SIG) para mapear los derechos de aguas. También se elaboró una base de datos sobre los derechos de agua consuetudinarios (o tradicionales) mediante un trabajo de campo y relevamientos parcela por parcela. Integrantes de las juntas de regadores y agricultores fueron involucrados en la recolección de estos datos. La información se utilizó para realizar una proyección sobre cuál enfoque de gestión del agua sería el más eficiente: el preferido por el gobierno o el que las comunidades indígenas creían como mejor.

En el terreno: Clarificando el debate

Los temas, métodos y resultados de la investigación fueron trasmitidos a una amplia gama de actores sociales, incluyendo investigadores, integrantes de movimientos sociales de base y ONG, técnicos gubernamentales, académicos y altos funcionarios del gobierno. Los investigadores simularon dos escenarios: el otorgamiento de concesiones por unidad de volumen y de tiempo (litros por segundo) para usos específicos y la administración del agua de acuerdo con los usos tradicionales y costumbres actualmente en vigor, basadas en la propiedad colectiva del agua para usos múltiples. Los investigadores calcularon también las pérdidas de agua, por ejemplo a través defiltraciones y escapes.

La investigación mostró que el enfoque defendido por el gobierno (volumen por tiempo) conduciría a un uso más ineficiente del agua y provocaría mayores diferencias de disponibilidad del agua entre las comunidades, trayendo comoconsecuencia un real déficit de agua en muchos casos.

El impacto: Los derechos de aguas definidos por ley

El 8 de octubre de 2004, el gobierno de Bolivia promulgó la Ley No. 2878, de Promoción y Apoyo al Sector Riego. La ley tiene en consideración la investigación del CGIAB al reconocer los derechos y usos tradicionales del agua y garantiza los derechos al agua para riego de las comunidades indígenas y de agricultores. La ley ha tenido una aceptación general. Al regularlos derechos para uno de los mayores usos del agua en Bolivia, la aprobación de la Ley 2878 es un enorme avance hacia la formulación de una ley general de aguas. Es incluso una de las primeras veces que la evidencia científica ha sido utilizadacomobase para la legislación en Bolivia. Además, la aprobación de la ley demuestra también que las políticas de aguas no tienen porqué ser una cuestión que lleve necesariamente al conflicto.

Nuevos desafíos: Extender el enfoque

Los investigadores deben examinar si el enfoque desarrollado por el CGIAB puede ser extendido para resolver otros conflictos por el agua o para ser usado en otros países. Por otra parte, la Ley 2878 prevé la creación de una nueva autoridad para la concesión delos derechos de aguas. El CGIAB está explorando de qué manera las herramientas desarrolladas en el proyecto de investigación podrían ser adaptadas de tal manera que la autoridad del agua pudiera adoptar un enfoque basado en la investigación para otorgar los derechos de aguas. El IDRC está apoyando el trabajo del CGIAB en una segunda etapa de investigación.

Enlaces:

La Comisión para la Gestión Integral del Agua en Bolivia (CGIAB): http://www.aguabolivia.org

Informe Científico: Regulación de Derechos de Agua en Bolivia

IDRC y la investigación de la política del agua en Bolivia. Proyecto Derechos de Agua (CGIAB)

2005-08

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