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La creación de nuevas reglas globales y el perfil más alto dado a la propiedad intelectual (PI) ha llevado a que se preste cada vez más atención que antes a estos asuntos. El impacto de la PI en muchos aspectos de la vida –desde la alimentación hasta la salud, desde la educación hasta los esfuerzos artísticos– ha conducido a una preocupación cada vez mayor por si las nuevas reglas chocan con el justo equilibrio entre los intereses públicos y privados y entre países con diferentes niveles de riqueza, poder, prácticas agrícolas y capacidades tecnológicas.

El Capítulo 8 reúne algunas de las respuestas de la sociedad civil a las cambiantes reglas y a las preocupaciones que surgen de ellas, particularmente respecto a cómo las reglas de la PI están afectando la dirección de la investigación y el desarrollo. El Capítulo 9 reflexiona sobre los anteriores capítulos y hace algunas observaciones. Finalmente, el Capítulo 10 discute la naturaleza de las negociaciones globales y las diversas alternativas para el futuro, así como el papel que las reglas de PI desempeñarán en ellas

La mayoría de los cambios tienen consecuencias no buscadas, y las cambiantes reglas globales sobre la propiedad intelectual (PI) no son la excepción. Las que promueven mayor protección de la PI se enfrentan a una resistencia cada vez mayor, pues los grupos de la sociedad civil reconocen sus implicaciones y luchan para lograr un cambio. La mayor parte de la actividad de la sociedad civil se ha centrado, hasta ahora, más en los efectos sobre la agricultura y biodiversidad que en la parte del proceso y distribución del sistema alimentario. Han aumentado la preocupación de que estos cambios faciliten el control de las empresas sobre el suministro de semillas y la producción agroalimentaria del mundo, a expensas de los pequeños agricultores, y que apoyen los intereses comerciales por encima del interés público en seguridad alimentaria y medios de vida sostenibles. Otros problemas se centran en el impacto de los DPI en la investigación y desarrollo (I+D), en impedir restricciones al acceso a los conocimientos científicos y los materiales protegidos por la PI, y en enfoques alternativos para que I+D sea más provechoso para la gente que cultiva tierras más marginales.

Introducción

La red cada vez mayor de reglas globales que afectan a los alimentos y a la agricultura ha hecho la vida más complicada para los gobiernos, investigadores, industria y grupos de la sociedad civil. Los diversos acuerdos, tratados, convenciones y protocolos internacionales, discutidos en la Parte II de este libro, no son un punto final –forman parte de un proceso de formulación y reformulación de reglas para hacer frente a los problemas cambiantes, e inevitablemente convienen a ciertos intereses. Una vez que se han alcanzado los acuerdos y se han firmado los tratados, las negociaciones no se detienen. Surgen otras presiones en la interpretación e implementación de lo que se acordó o para enmendar las reglas si éstas no producen los resultados esperados.

La complejidad cada vez mayor del establecimiento de normas y la creciente red de acuerdos que requieren su seguimiento son un problema en sí mismo para la sociedad civil y los gobiernos. Para los países pobres y ciertos grupos –desde las organizaciones de agricultores y campesinos hasta las pequeñas y medianas empresas, funcionarios y negociadores-, es muy limitada la capacidad para tratar las negociaciones y reglas globales, o influir en ellas de forma que reflejen sus intereses. Para muchos, la aplicación de nuevas reglas globales a su área de actividad vino de sorpresa; éste fue particularmente el caso de las reglas sobre la PI –incluso algunos gobiernos que se unieron a la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 1994 no eran conscientes de las implicaciones de gran alcance del régimen del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC).

Ha habido consecuencias no buscadas para los que querían unas reglas globales de la PI más fuertes a través del Acuerdo sobre los ADPIC. Una de éstas ha que temas que eran legales, complejos y esotéricos han subido de perfil en la conciencia pública y en las primeras páginas de los periódicos –inicialmente en los países en desarrollo con respecto a la cuestión del impacto del régimen de la PI en el acceso a las medicinas. Como ya se ha dicho en el Capítulo 3, el mismo Acuerdo sobre los ADPIC es en parte una consecuencia no buscada de una anterior lucha de los países en desarrollo por intentar un nuevo orden económico internacional, en el que los países en desarrollo no consiguieron que varias reglas de la PI se modificaran para que concordaran más exactamente con sus necesidades. Posteriormente, algunas industrias globales lograron crear reglas globales que les convenían. La Parte II del libro ha mostrado cómo las consecuencias de ese fracaso son evidentes en las negociaciones sobre otros temas.

La forma en que está estructurado el Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) es quizá también una consecuencia del enojo sentido en los países en desarrollo porque los recursos biológicos y genéticos en sus territorios son tomados para crear productos que producían miles de millones de dólares, sin que se les otorgara ninguna participación en tales beneficios. El Convenio ha dado lugar a un complejo régimen, todavía lejos de ser implementado, con muchas dudas sobre cómo puede lograr sus objetivos y con presiones continuas para que haya disposiciones más fuertes sobre el acceso y la participación en los beneficios (APB), etiquetado de los organismos vivos modificados (OVM), y responsabilidad y compensación. La tensión y enojo por las numerosas injusticias económicas y los conflictos entre los que pueden usar los privilegios concedidos a las patentes y otras formas de PI y los que han desarrollado y conservado la biodiversidad agraria, se extendió a las negociaciones del Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (el Tratado) en la FAO, con disputas sobre el acceso, los derechos de los agricultores y la PI durante las negociaciones. Todo esto ha tenido como resultado un conjunto muy desequilibrado de instituciones internacionales, teniendo solamente la OMC un fuerte mecanismo para la resolución de disputas respaldado por sanciones intersectoriales.

Los que promueven las reglas de la PI intentan todavía ampliarlas y reforzarlas más, y criminalizan cada vez más las infracciones de estos derechos privados. La criminalización traslada los costos de cumplimiento de los grupos privados que se benefician de los privilegios a los estados y, por tanto, a los contribuyentes. Actualmente, este enfoque expansivo ejerce su predominio a través de muchos acuerdos comerciales bilaterales y de inversión. (ver Capítulo 7). Pero así como ha aumentado la concienciación, también han aumentado las reacciones y respuestas. Este capítulo se centra en las respuestas de la sociedad civil, y después examina cómo las nuevas reglas tienen su impacto en I+D en alimentación y agricultura. Las respuestas varían según qué grupo se vea implicado. Algunos grupos pretenden adaptarse a las nuevas reglas de la forma menos perjudicial, otros intentan informar a los afectados y ayudarles a oponerse o resistir, a cambiarlas o equilibrarlas de nuevo. Unos pocos pretenden reconsiderar totalmente las reglas.

La capacidad de los diferentes grupos para comprometerse y responder a los cambios en el régimen reglamentario internacional es muy variada. Así también lo es la capacidad de los diferentes grupos para tratar, en particular, los asuntos de la PI, en donde disponer de grandes cantidades de dinero para pagar a abogados caros y miembros de grupos de presión es una gran ventaja. Competir en el juego de las patentes, por ejemplo, requiere considerables recursos –para retirar y mantener patentes– y experiencia jurídica para defenderlas. Si los titulares de las patentes no son capaces de defenderlas, al menos en los principales mercados, las patentes son inútiles. Según Blakeney (2001, Nota 60), “la solicitud de una única patente hasta llegar a su finalización cuesta aproximadamente unos 200.000 dólares. Defender la solicitud de una patente cuesta por lo menos la misma cantidad”. La mayoría de los pequeños actores buscan grandes empresas para que otorguen una licencia a sus inventos o los compren y adquieran los derechos para usar la cartera de patentes que tienen.

En el área de la alimentación, muchas de las respuestas hasta ahora se han centrado más en los efectos en la agricultura y la biodiversidad que en el lado del proceso y distribución del sistema alimentario, aunque otras formas de PI desempeñan también un importante papel (Recuadro 8.1).

Críticas de la sociedad civil

Los cambiantes regímenes internacionales han provocado varios niveles de respuestas. Algunas, pertenecientes a organizaciones no gubernamentales (ONG) internacionales y grupos activistas, se han centrado en la crítica a los cambios, destacando sus implicaciones, produciendo materiales de información y trabajando para ayudar a los negociadores de los países en desarrollo que se ocupan de los regímenes internacionales. Otras se desarrollaron y centraron más en el trabajo a nivel de la raíz del problema con organizaciones de agricultores, campesinos y consumidores, mientras que finalmente otras se han centrado en hacer el seguimiento de los efectos en el campo y en trabajar con los gobiernos nacionales para aumentar su capacidad para tratar la PI, biodiversidad y alimentación y temas relacionados.

Muchas de las críticas dirigidas al sistema de PI giraron básicamente alrededor de las limitaciones que pone al acceso a los conocimientos y a los productos del conocimiento, inclinando por ello la balanza cada vez más a favor de los intereses privados (comerciales), en detrimento de los objetivos públicos de la política. Ciertos movimiento de la sociedad civil han surgido en torno a este tema, centrándose en diversos sectores como software, medicinas, semillas, investigación, música y los medios de comunicación. Lo que une a estos movimientos es la preocupación de que el sistema de PI recorta la libertad para:

• acceder a la información y a los productos que abarca la información;
  
  
• usar la información para fines privados o posterior desarrollo; y
  
  
• compartir los conocimientos y los productos derivados de ellos.

Los grupos de la sociedad civil han sostenido que las implicaciones del sistema de PI en los objetivos públicos de la política relacionados con la seguridad alimentaria, medios de vida y conservación de la biodiversidad incluyen:

• los derechos de la propiedad intelectual (DPI), especialmente en biotecnología agraria, que facilitan el control de las empresas sobre el suministro de semillas y la producción agroalimentaria del mundo a expensas de los agricultores tradicionales;
  
  
• el Acuerdo sobre los ADPIC y otras reglas de la PI, que favorecen los intereses comerciales por encima de los esfuerzos de la investigación pública que se ocupa de los problemas de la seguridad alimentaria y garantizan unos medios de vida sostenibles;

Recuadro 8.1 El poder de la marca registrada Aunque se ha prestado la mayor atención a los regímenes de protección de patentes y variedades de plantas, otras formas de PI son importantes en el sistema alimentario. Una forma, que es relativamente poco estudiada, es la marca registrada. Éstas son de vital importancia para las empresas que tratan con consumidores, y también para la comercialización de productos de agricultores cuando estos mantienen estrategias de marketing basadas en las marcas. Como Bill Kingston ha señalado suscitando la preocupación por la publicidad del tabaco, no existen motivos para rechazar las solicitudes de marcas por su impacto sanitario, como cuando el producto objeto de la marca es perjudicial para la salud, y se está desarrollando un enfoque muy relajado de lo que se permite para ser registrado como marca. Un ejemplo de su poder y relajación surgió en el Reino Unido en mayo de 2007. Como varios medios británicos de comunicación informaron, la empresa Kentucky Fried Chicken (KFC) le exigió a un pequeño pub (un bar que sirve comidas) llevado familiarmente en el norte de Inglaterra que quitara las palabras “family feast” de su menú. Los abogados de la compañía americana de “fast food” dijeron que los dueños del pub empleaban un término que la compañía había registrado como marca y por tanto estaban infringiéndola. El pub sirve sus “family feast” en Navidades y usa el término para describir su menú de Navidad, que incluye paté Guinness y Stilton, pavo asado y pudding de Navidad. KFC emplea el término para describir un recipiente de cartón de pollo frito con patatas fritas, ensalada de repollo, zanahoria y cebolla y salsa, con una botella de 1,25 litros de una bebida con gas. El portavoz de la compañía dijo: “Family feast en una marca registrada de Kentucky Fried Chicken (Great Britain) Limited. KFC dedica importantes recursos para promover y proteger sus marcas, Este ejemplo particular está siendo tratado con nuestros abogados. Los gerentes del pub pensaron al principio que era una broma, pero después recibieron ofertas de ayuda para defender el caso, una vez que tuvo gran publicidad nacional en el RU. Posteriormente, la compañía decidió que no seguiría con el caso. Aunque se comentó mucho este caso, muy pocos se preguntaron por lo que está y lo que no está permitido para ser una marca registrada. Unos criterios más estrictos de las marcas impedirían en primer lugar la formulación frívola o simple que se hace de una marca, y evitaría este tipo de problemas. Además, para Kingston, un tema fundamental es cambiar las reglas de registro de marcas para frenar los peores excesos, no concediendo el privilegio del registro donde éste sea para productos perjudiciales. Denegar el registro no impediría que algunos fabricaran o vendieran cigarrillos, bebidas o alimentos porquería, ni tampoco les impediría hacer publicidad de ellos, pero el poder de esta publicidad y otros tipos de comercialización para formar una cultura sería mucho más reducido. El arbitraje obligatorio, que él también defiende, eliminaría también la intimidación de las pequeñas empresas por las grandes. Fuentes: http://news.bbc.co.uk./1/hi/england/north_yorkshire/6641819.stm; http://business.timesonline.co.uk/tol/business/law/article1769516.ece; www.thepublican.com/story.asp?storyCode=55352 – todas con acceso el 17 de mayo de 2007.

• los DPI que suponen un incentivo para la apropiación indebida de los recursos genéticos y CT asociados, un tema que ha sido recogido por los gobiernos, como vimos en el Capítulo 7; y
  
  
• los acuerdos comerciales bilaterales y regionales, que imponen los requisitos ADPIC-plus a los países en desarrollo, limitando la flexibilidad en la implementación de medidas para atender los objetivos de la política pública (discutido también en el Capítulo 7).

Estos problemas están estrechamente interrelacionados y muchos grupos de la sociedad civil se centran muchas veces en varios aspectos del tema con diferentes grados de énfasis, dependiendo de sus objetivos institucionales, centros de atención y elementos constituyentes. Subyacentes a muchos de los problemas son las fundamentales diferencias de opinión sobre quién es el propietario, o debería serlo, de los recursos genéticos y CT asociados –individuos, comunidades, estados o la humanidad-, y cómo han sido generados, o deberían generarse, los conocimientos –colectivamente o mediante la recompensa de los esfuerzos individuales. Aunque los diferentes sistemas de propiedad y generación de conocimientos pudieran ser capaces de forma verosímil de existir en paralelo, se considera que el ámbito y el alcance expansivos del sistema de PI reducen cada vez más esa posibilidad.

Los debates consideran también los problemas que se teme que traería un sistema fuerte de PI para la dinámica y estructuras sociales y culturales. Los problemas son particularmente graves para la seguridad alimentaria, la producción agraria y los medios de vida que dependen de ella. Se considera que los sistemas informales de producción agraria a pequeña escala en los países en desarrollo –realizados por agricultores e instituciones de investigación pública y hechos posibles compartiendo conocimientos y semillas– chocan con los sistemas formales de los países desarrollados, dominados por la producción agraria a gran escala y significativos intereses comerciales que cuentan con los DPI para proteger su posición comercial. Así pues, en última instancia es la visión del mundo en el que vivimos la que causa muchas de estas preocupaciones y los debates asociados (ver Capítulo 10).

Control de las empresas

Hoy en día, el control de la biotecnología agraria está limitada realmente a unas pocas compañías multinacionales que integran semillas, productos agroquímicos y biotecnología. Esta inquietante consolidación de poder se corresponde con una tendencia hacia falsas innovaciones. ¿Cuántos cultivos para grandes superficies y tolerantes a los herbicidas son realmente necesarios? (Jefferson, 2007).

El sector empresarial ha experimentado una notable consolidación durante los últimos años. Se estima que sólo diez compañías multinacionales –apodadas “gigantes de genes” por el Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnonología y Concentración (Grupo ETC)– representan la mitad de las ventas comerciales de semillas del mundo (Grupo ETC, 2005). Esta tendencia es particularmente aparente en el sector de la biotecnología agraria, donde seis empresas –Aventis, Dow, Du Pont, Mitsui, Monsanto y Syngenta– controlan el 98 por ciento del mercado global de cultivos biotecnológicos patentados (ActionAid, 2003).

Las patentes y la protección de las variedades de plantas son ampliamente consideradas como una de las principales fuerzas motrices de esta tendencia. Comparadas con muchas otros bienes, las semillas no se prestan fácilmente a la mercantilización, pues son fácilmente reproducidas y pueden no requerir compras repetidas (FEC, 2002). Los DPI han proporcionado el mecanismo legal para controlar el uso de las semillas, en un esfuerzo para proteger inversiones cada vez mayores. En EE.UU., por ejemplo, más de la mitad de las patentes biotecnológicas agrícolas del sector privado, concedidas entre 1982 y 2001, son propiedad de cinco compañías, que son Monsanto, Dupont, Syngenta, Bayer y Dow (Graff et al., 2003).

Con el control de las semillas –como primer eslabón en la cadena alimentaria– viene el control cada vez mayor de la producción agraria mundial, que se considera cada vez más sujeta a los intereses comerciales y a las maniobras de mercado del sector empresarial (Grupo ETC, 2005). Por lo tanto, surge la necesidad de proteger los derechos de los agricultores a guardar, intercambiar y vender semillas de su propia granja – como se refleja en el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (Capítulo 6). En muchos países en desarrollo, donde los pequeños agricultores continúan proporcionando gran parte de la producción agroalimentaria y del sustento de vida, estos derechos de los agricultores son considerados esenciales para la supervivencia. Las restricciones en el uso de semillas mediante una mezcla de protección de variedades de plantas, patentes y leyes de semillas, amenazan con forzar a los agricultores a depender de semillas compradas, que mientras continúan aumentando de precio. Además de la PI, se emplean también contratos con los agricultores de tal forma que todo lo que concede el vendedor es una una licencia a una tecnología incorporada a la semilla, los agricultores no pueden por lo tanto hacer lo que quieran con ella porque no pasan realmente a ser propietarios de la semilla cuando la compran (ver Capítulo 1, Recuadro 1.6).

Relacionados con estos problemas están los impactos potenciales en la biodiversidad agraria y, consecuentemente, la sostenibilidad a largo plazo de la producción alimentaria (FEC, 2002). Se teme que la expansión de las patentes y de la protección de las variedades de plantas, con sus diversos requisitos de uniformidad y aplicabilidad industrial (o “utilidad” en EE.UU.), fomente sistemas agrarios que después son dominados por monocultivos a gran escala, principal y frecuentemente para exportación, que son genéticamente vulnerables a plagas, enfermedades y cambios ambientales. La erosión genética que resulta de la sustitución de variedades de plantas locales por variedades uniformes modernas podría llevar a la pérdida de variedades que están adaptadas a las condiciones locales, junto con genes valiosos para la posterior selección. Estas variedades son sustituidas por una escasa selección de variedades uniformes, incrementando cada vez más la susceptibilidad de los cultivos a patógenos individuales, y precisando así el empleo de pesticidas y otros insumos. Como la FAO ha informado:

Una de las principales causas de la vulnerabilidad genética es la sustitución generalizada de variedades genéticamente diferentes, tradicionales o de los agricultores, por variedades homogéneas… La principal causa de erosión genética en los cultivos, como informan casi todos los países, es la sustitución de las variedades locales por variedades mejoradas o variedades y especies exóticas (FAO, 1998).

Ésta es una de las razones por la que las organizaciones de la sociedad civil quieren ver más énfasis en la conservación in situ, por medio del uso sostenible de estas variedades locales de los agricultores. Semejantes problemas están surgiendo en el reino animal. En el sector avícola, por ejemplo, “entre 1989 y 2006, el número de empresas proveedores de características géneticas de aves a escala global se ha reducido de 10 a 2 en ponedoras, y de 11 a 4 en pollos” (Gura, 2007).

Ciertas propuestas de enmiendas específicas del sistema de PI derivan de los derechos humanos fundamentales y a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, a los que recurren los movimientos de la sociedad civil para respaldar su caso (ver Capítulo 7). Además, ha aparecido una campaña por una mayor “soberanía de los alimentos” como consecuencia de preocupaciones cada vez mayores por la globalización del sistema alimentario mundial (GRAIN, 2005a). Suscitado por el movimiento de los campesinos Vía Campesina en la Cumbre Mundial de la Alimentación de 1996, el concepto de soberanía de los alimentos hace hincapié, entre otras cosas, en priori-zar la producción agraria local, conservar el derecho de los agricultores a producir alimentos y garantizar el derecho de las poblaciones a poder elegir su política agraria (Recuadro 8.2). También se ha convertido en un foco de resistencia contra la expansión de la PI en la agricultura.

El Acuerdo sobre los ADPIC y la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) han sido objeto de una crítica particular. Se considera que los niveles mínimos de protección de la PI exigidos por el Acuerdo sobre los ADPIC a los miembros de la OMC, incluido el patentado de vida en forma de microorganismos y algunas formas de protección de la PI para las variedades de plantas –bien por medio de patentes o bien mediante sistemas sui generis-, limita la flexibilidad de los países para decidir por sí mismos qué nivel de protección juzgan necesario para su contexto agrario particular. Tampoco prevé ninguna exención de los agricultores, dejando abierto hasta qué punto esta exención podría integrarse legalmente en un sistema sui generis.

Igualmente, el Convenio de la UPOV está pensada para proporcionar derechos excesivos a los obtentores de plantas, sin ningún requisito de participación en los beneficios. Sus criterios de protección de variedades de plantas (PVP), en particular el requisito de uniformidad, han sido criticados por adaptarse más a las necesidades de los obtentores comerciales y profesionales que a las de los agricultores, que confían en la biodiversidad para hacer frente a las complejidades agrícolas y climáticas. En particular, la revisión de 1991 –que cualquier país que acceda después de 1999 tiene que firmar– ha sido atacada por socavar los derechos de los agricultores (GRAIN, 1998), dado que solamente da una opción para permitir a los agricultores volver a usar las semillas en sus propias granjas.

Aunque el CDB y el Tratado Internacional pretenden ocuparse de algunos de estos problemas a nivel multilateral, muchos piensan que estos esfuerzos no han sido capaces de seguir el ritmo del sistema de PI continuamente en expansión. Los países han sido lentos en implementar las disposiciones del

Convenio, que prevén una participación justa y equitativa en los beneficios basada en términos mutuamente acordados, y EE.UU. –el principal actor mundial en el campo de la biotecnología– sigue todavía sin ratificar el CDB.

Aunque muchos están contentos con el valeroso intento del Tratado Internacional de restablecer el equilibrio, incorporando los derechos de los agricultores, y de mantener la participación en los los beneficios derivados de los recursos genéticos para la alimentación y la agricultura, accesibles según el Tratado principalmente a los agricultores, algunos están preocupados por sus implicaciones prácticas (GRAIN, 2005b). La implementación de los derechos de los agricultores, por ejemplo, se deja a la discreción de los gobiernos nacionales, en vez de conservarlos como derechos universalmente aplicables. Por otra parte, la participación en los beneficios es sólo obligatorio en casos en los que la comercialización del producto restrinja su disponibilidad para su uso y posterior investigación y mejora (por ejemplo, mediante las patentes).

Para muchas organizaciones nacionales y regionales de la sociedad civil, demasiado numerosas para mencionarlas aquí, el interés principal está en reforzar los movimientos de los agricultores y campesinos para posibilitarles que resistan al control de las empresas. Con frecuencia carecen de recursos para trabajar internacionalmente y poder centrar su actividad política en ayudar a los políticos nacionales a comprender las implicaciones de las reglas globales. Un ejemplo de un grupo regional que trabaja a varios niveles es Southeast Asia Regional Initiatives for Community Empowerment (SEARICE, Recuadro 8.3).

Conocimientos tradicionales e indígenas

Los derechos de los pueblos indígenas y el papel de los conocimientos tradicionales e indígenas han sido temas polémicos y complejos en la mayoría de los foros de negociación, como hemos visto en el Capítulo 7, y no han sido tratados a satisfacción de los pueblos indígenas en los nuevos acuerdos (Recuadro 8.4). Existe una enorme diversidad de situaciones y pueblos implicados, y la mayor parte de los grupos carecen de recursos. Además, muchas veces hay una falta de voluntad política, por parte de los gobiernos de países en los que estos grupos viven, para reconocer todos sus problemas e implicarse en negociaciones a nivel nacional e internacional. Cuando se llegan a conocer los resultados de

Recuadro 8.2 Los seis pilares de la soberanía de los alimentos En febrero de 2007, un conjunto de más de 500 representantes, de más de 80 países, de campesinos/agricultores familiares, pescadores artesanos, pueblos indígenas, gente sin tierra, trabajadores rurales, emigrantes, pastores, comunidades forestales, mujeres, jóvenes, consumidores y movimientos medioambientales y urbanos, se reunieron en el pueblo de Nyéléni en Sélingué, Mali, para consolidar un movimiento global por la soberanía de los alimentos. Identificaron seis pilares fundamentales de la soberanía de los alimentos, que son los siguientes: 1. Se centra en alimentos para la gente: la soberanía de los alimentos pone en el centro de las políticas de alimentación, agricultura, ganadería y pesca el derecho a unos alimentos suficientes, sanos y culturalmente apropiados para todos los individuos, pueblos y comunidades, que incluye a los que tienen hambre, están bajo ocupación, en zonas en conflicto y marginados; rechaza la propuesta de que los alimentos son sólo otra mercancía o componente de los agronegocios internacionales. 2. Valora a los proveedores de alimentos: La soberanía de los alimentos valora y apoya las aportaciones, y respeta los derechos de mujeres y hombres, campesinos y pequeños agricultores de tipo familiar, pastores, pescadores artesanos, habitantes del bosque, pueblos indígenas y trabajadores agrícolas y pesqueros, incluidos los extranjeros, que cultivan, cosechan y procesan los alimentos; rechaza las políticas, acciones y programas que los subvaloran, amenazan sus medios de vida y los eliminan. 3. Localiza los sistemas alimentarios: la soberanía de los alimentos une más a los proveedores de alimentos y a los consumidores; pone a los proveedores y a los consumidores en el centro de la toma de decisiones sobre asuntos alimentarios; protege a los proveedores de alimentos del “dumping” de los alimentos y de la ayuda alimentaria en los mercados locales; protege a los consumidores de alimentos de pobre calidad e insanos, de la ayuda alimentaria inadecuada y de alimentos contaminados con organismos genéticamente modificados; y se opone a las estructuras de gobierno, acuerdos y prácticas que dependen de y promueven un comercio internacional insostenible e injusto y da poder a empresas remotas e irresponsables. 4. Pone el control localmente: La soberanía de los alimentos pone el control sobre el territorio, tierra, pastos, agua, semillas, ganadería y pesca en los proveedores locales de alimentos y respeta sus derechos. Éstos pueden utilizar y compartir sus recursos de una forma social y ambientalmente sostenible que conserve la diversidad. Reconoce que los territorios locales con frecuencia cruzan las fronteras geopolíticas, y garantiza el derecho de las comunidades locales a habitar y usar sus territorios; promueve la interacción positiva entre proveedores de alimentos en diferentes regiones y territorios y de diferentes sectores, que ayuda a resolver los conflictos internos o los conflictos con las autoridades locales y nacionales; y rechaza la privatización de los recursos naturales por medio de leyes, contratos comerciales y regímenes de PI. 5. Forma los conocimientos y capacidades: La soberanía de los alimentos forma las capacidades y conocimientos locales de los proveedores de alimentos y sus organizaciones locales, que conservan, desarrollan y gestionan la producción localizada de alimentos y los sistemas de recolección, desarrollando sistemas adecuados de investigación para apoyarlos y pasando estos conocimientos a las generaciones futuras; rechaza las tecnologías que los socavan, amenazan o contaminan, por ejemplo la ingeniería genética. 6. Trabaja con la naturaleza: La soberanía de los alimentos utiliza las contribuciones de la naturaleza en diversos métodos de producción y recolección agroecológicas con escasas aportaciones externas, que maximizan la contribución de los ecosistemas y mejoran la capacidad y adaptación, especialmente frente al cambio climático; intenta curar al planeta para que éste pueda curarnos; rechaza los métodos que perjudican las funciones beneficiosas del ecosistema y que dependen de monocultivos y explotaciones ganaderas que consumen mucha energía, las prácticas pesqueras destructivas y otros métodos de producción industrializada que dañan al medio ambiente y contribuyen al calentamiento global. Estos seis pilares comprenden la mayoría de los elementos de la soberanía de los alimentos, y todos ellos necesitan ser incorporados a cualquier conjunto de políticas o prácticas que pretendan llevar a cabo la soberanía de los alimentos. Fuente: Tomado del informe sintético de la reunión de Nyéléni. Toda la documentación se puede encontrar en la página web del foro, www.nyeleni2007.org.

Recuadro 8.3 SEARICE – Southeast Asia Regional Initiative for Community Empowerment SEARICE trabaja principalmente en reforzar los sistemas de semillas de los agricultores y en defender los derechos de los agricultores a sus recursos fitogenéticos, como componentes esenciales de sistemas agrarios sostenibles en el Sudeste de Asia. SEARICE cree que los derechos de los agricultores emanan de los derechos humanos básicos a la vida y al desarrollo, y son esenciales para promover el bienestar general y los intereses de los agricultores. Reconoce la necesidad de construir y apoyar una defensa dirigida a los agricultores para aumentar la capacidad de estos para proteger y promover sus derechos a los recursos fitogenéticos en medio de las actuales amenazas y retos. Pretende facilitar el acceso de los agricultores a dichos recursos y ampliar y crear espacios políticos para su compromiso por la conservación, desarrollo y uso de los recursos genéticos en diversos foros a nivel local, nacional, regional e internacional. En el proceso, SEARICE pretende capacitar a los agricultores a reivindicar sus derechos a tratar los temas del acceso y control de los recursos fitogenéticos a la luz de las tendencias políticas, económicas y tecnológicas. Su unidad de política e información está implicada en presionar, defender e interconectar los impactos y acciones principalmente políticas en torno a los temas de los DPI, nuevas tecnologías (en semillas y agricultura) y derechos de los agricultores en general. SEARICE lleva a cabo proyectos de conservación, desarrollo y uso de los recursos fitogenéticos con base en las comunidades, en Vietnam, RPD de Laos, Tailandia, Bhutan y Filipinas. Fuente: Adaptado de www.searice.org.ph.

Recuadro 8.4 Los pueblos indígenas quieren derechos, pero cuestionan las patentes y un régimen APB En mayo de 2007, 44 grupos de pueblos indígenas que se reunieron en Nueva York hicieron la siguiente declaración: Declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas a los recursos genéticos y a los conocimientos indígenas Nosotros, los pueblos y organizaciones indígenas abajo firmantes, habiéndonos reunido durante la Sexta Sesión del Foro Permanente de las Naciones Unidas sobre Asuntos Indígenas, del 14 al 25 de mayo de 2007, en el territorio tradicional de la nación Onondaga, presentamos la siguiente declaración con relación a nuestros derechos a los recursos genéticos y a los conocimientos indígenas: • Reafirmando nuestra relación espiritual y cultural con todas las formas de vida existentes en nuestros territorios tradicionales; • Reafirmando nuestro papel y responsabilidad fundamentales como guardianes de nuestros territorios, tierras y recursos naturales; • Reconociendo que somos los guardianes de los conocimientos indígenas transmitidos por nuestros antepasados de generación en generación, y reafirmando nuestra responsabilidad para proteger y perpetuar estos conocimientos en beneficio de nuestros pueblos y de nuestras futuras generaciones; • Reafirmando firmemente nuestro derecho a la autodeterminación, que es fundamental para nuestra capacidad para llevar a cabo nuestras responsabilidades de conformidad con nuestros valores culturales y nuestras leyes tradicionales; • Reafirmando firmemente nuestro compromiso con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, tal como fue adoptada por el Consejo sobre Derechos Humanos, que incluye el Artículo 31, que establece que: 1. Los pueblos indígenas tienen el derecho a conservar, controlar, proteger y desarrollar su herencia cultural, CT y expresiones culturales tradicionales, así como las manifestaciones de sus ciencias, tecnologías y culturas, incluidos los recursos humanos y genéticos, semillas, medicinas, conocimientos de la propiedades de la fauna y flora, tradiciones orales, literatura, diseños, deportes y juegos tradicionales y artes visuales e interpretativas. También tienen el derecho a conservar, controlar, proteger y desarrollar su PI sobre esta herencia cultural, CT y expresiones culturales tradicionales. 2. En conjunción con los pueblos indígenas, los estados deben tomar medidas eficaces para reconocer y proteger el ejercicio de estos derechos; • Recordando la Declaración de las Organizaciones Indígenas del Hemisferio Occidental de Phoenix, Arizona, en febrero de 1995, que afirmaba que “Nuestra responsabilidad como pueblos indígenas a garantizar la continuidad del orden natural de toda vida se mantiene para las generaciones que vengan… Tenemos la responsabilidad de hablar a favor de todas las formas de vida y de defender la integridad del orden natural… Nos oponemos al patentado de todos los materiales genéticos naturales. Mantenemos que la vida no puede ser comprada, apropiada, vendida, descubierta o patentada, incluso sus formas más pequeñas. • Recordando la Declaración de Beijing sobre las Mujeres Indígenas, hecha pública en la Cuarta Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre las Mujeres en Beijing, que sostenía que, “Exigimos que sean reconocidos y respetados nuestros derechos inalienables a nuestra herencia intelectual y cultural. Continuaremos usando libremente nuestra biodiversidad para hacer frente a nuestras necesidades, aunque garantizando que no será erosionada nuestra biodiversidad, base de nuestras economías locales. Re-vitalizaremos y rejuveneceremos nuestra herencia biológica y cultural y continuaremos siendo los guardianes y custodios de nuestros conocimientos y biodiversidad”. • Recordando la Declaración Ukupseni de Kuna Yala, Panamá, de 12-13 de noviembre de 1997, que decía que, “Rechazamos el uso de los mecanismos existentes en la legalización de la propiedad intelectual y el uso de los mecanismos existentes en los sistemas de patentes, incluidos los derechos de la propiedad intelectual y de las patentes para legalizar la apropiación de los conocimientos y del material genético, cualquiera que sea su fuente, y especialmente del que procede de nuestras comunidades”; • Recordando la Declaración Internacional de los Pueblos Indígenas de Cancún en la Quinta Conferencia Ministerial de la OMC en Cancún, Quintana Roo, México, el 12 de septiembre de 2003, que decía, “Detened el patentado de las formas de vida y otros DPI sobre los recursos biológicos y conocimientos indígenas. Garantizad que nosotros, los pueblos indígenas, conservamos nuestros derechos a tener el control de nuestras semillas, plantas medicinales y conocimientos indígenas”; • Preocupados por la acelerada elaboración y negociación de un régimen internacional sobre APB, bajo los auspicios del Convenio sobre Diversidad Biológica y los estados nacionales que son Partes del fracaso del Convenio, hasta la fecha, para reconocer los derechos de los pueblos indígenas a controlar el acceso a y la utilización de los recursos genéticos que se originen en nuestros territorios, tierras y aguas. Instamos al Foro Permanente de Naciones Unidas sobre Asuntos Indígenas a: 1. Preparar un análisis jurídico sobre los estados, pueblos y soberanía y su relación, ámbito y aplicación, para asistir a las partes en el Convenio sobre Diversidad Biológica en la comprensión de la soberanía en el contexto del Convenio, y el papel de la soberanía en el desarrollo de un régimen internacional sobre APB; 2. Recomendar al Convenio sobre Diversidad Biológica que, coherente con la ley internacional de derechos humanos, declare que tiene la obligación de reconocer y proteger los derechos de los pueblos indígenas a controlar el acceso a los recursos genéticos que se originen en sus tierras y aguas, y los CT asociados. Este reconocimiento tiene que ser un elemento fundamental del régimen internacional sobre APB propuesto; 3. Preparar un informe sobre los impactos sociales, culturales y económicos de la comercialización de los recursos genéticos y conocimientos indígenas sobre los pueblos indígenas; 4. Divulgar esta Declaración y los informes antes recomendados en todos los foros importantes de Naciones Unidas. Nota: Ver también Foro Permanente de Naciones Unidas sobre Asuntos Indígenas (UNPFII) en www.un.org./esa/socdev/unpfii.

lo que ha sido muchas veces acordado con poca o ninguna implicación por su parte, no es sorprendente que haya cada vez más grupos que quieran implicarse en tomar las decisiones, y en algunos casos en oponerse a los cambios propuestos. Algunas ONG nacionales e internacionales, así como gobiernos e instituciones internacionales, apoyan el trabajo de informar y asistir a estos grupos para implicarlos en lo que pasa. Otros, sin embargo, temen que los pueblos indígenas estén siendo empujados a tener más en cuenta los enfoques individuales basados en la PI para tratar sus problemas, que en enfoques de formación basados en las leyes comunales y tradicionales que no dependen de la PI.

Patentar vida

La comunidad científica necesitará volver a plantearse algunas opiniones mantenidas largo tiempo sobre lo que son los genes y lo que hacen, y cómo han evolucionado los elementos funcionales del genoma. (Francis S. Collins, Director del Instituto Nacional de Investigación del Genoma Humano)¹

El conflicto de la aplicación del sistema de patentes a los organismos vivos surge de los muchos problemas que ocasiona la PI en agricultura, que se ocupa más de los sistemas biológicos que de los sistemas mecánicos para los que fueron diseñadas las patentes. Para muchos críticos, un sistema desarrollado para objetos inanimados nunca debería haberse extendido a los organismos vivos o sus partes, especialmente cuando las funciones de los genes, por ejemplo, están muy lejos de ser comprendidas, como muestra cada vez más la investigación (Egziabher, 2002; Caruso, 2007). Estos críticos quieren ver la utilización de otros métodos para equilibrar los intereses públicos y privados referidos a la innovación en el ámbito de sistemas biológicos, y no la extensión del sistema de patentes, fuente de muchos de los actuales problemas. Para otros, la distinción no tiene sentido y todo invento e innovación deben ser patentables. Además, como el objetivo del sistema de patentes es cada vez más el proteger la inversión, y no promover la innovación, consideran que la protección de PI es necesaria si el sector privado va a continuar invirtiendo en estas áreas.

Equilibrar los intereses privados y los públicos

Para muchas organizaciones y académicos de la sociedad civil, el equilibrio entre los intereses públicos y privados ha oscilado demasiado de lo público a lo privado en el actual régimen global. En el RU, después de los problemas planteados por las organizaciones de la sociedad civil, y alimentados desde los países en desarrollo, sobre el impacto de la PI en el desarrollo, el gobierno creó en 2001 una Comisión sobre los Derechos de la Propiedad Intelectual, que presentó su informe en 2002 (Comisión DPI, 2002; ver también Capítulo 3). Los seis miembros de la Comisión procedían de Argentina, India, EE.UU. y el RU. En un informe ampliamente elogiado, se hicieron algunas recomendaciones para la agricultura y los recursos genéticos, que incluían que los países en desarrollo:

• no permitan el patentado de plantas y animales;
  
  
• desarrollen formas diferentes de PVP sui generis;
  
  
• refuercen la investigación pública centrándose en los agricultores pobres, y garanticen que las variedades del sector público estén disponibles para competir con las variedades del sector privado; y
  
  
• ratifiquen rápidamente el TIRFAA e implementen sus disposiciones sobre los derechos de los agricultores, y no permitan DPI sobre materiales transferidos bajo el sistema multilateral.

El régimen reforzado de patentes se sigue cuestionando, incluso en los países industrializados que hacen que el proceso vaya adelante. Como Keith Maskus observó en su estudio de la economía de la PI en el 2000:

Existen razones legítimas para estar preocupados por los niveles altamente protectores que han surgido recientemente en EE.UU. y la UE. Estas leyes e interpretaciones judiciales suponen una amplia protección de patentes de software e inventos biotecnológicos. También promueven extensos derechos en la formulación de bases de datos, que podrían tener un impacto negativo en la investigación científica. Queda por ver si estos niveles inclinan la balanza, dentro de estas jurisdicciones, hacia los derechos privados de los inventores y lejos de las necesidades de los competidores y usuarios. No es demasiado pronto para reclamar que son inapropiados para las economías en desarrollo e importadoras netas de tecnología (Maskus, 2000, pp. 237-8).

La práctica del patentado en los Estados Unidos –y las presiones para que otros adopten similares enfoques– es un gran problema. La concesión de patentes biotecnológicas sobre fragmentos de ADN, la relajación de la definición de “utilidad”, la forma en que los pasos inventivos y la novedad se aplican en las solicitudes de patentes, y un aparente deseo de dejar que sean los tribunales los que decidan la validez de las patentes, están desacreditando el sistema. Algunos ven el riesgo de que el sistema EE.UU. se convierta en un sistema que meramente registra patentes, en vez de otorgarlas en base a sus méritos. La práctica americana está generando globalmente la preocupación y el resentimiento hacia las tácticas codiciosas de las empresas americanas. También induce a la industria de otras partes a buscar que los países europeos, Japón y otros países industrializados sigan el ejemplo norteamericano. La biotecnología es considerada en gran parte como un asunto de competencia industrial, estando decididos los EE.UU., la UE y Japón a ser los principales actores.

Maskus ha sostenido también que los EE.UU. han acrecentado erróneamente el sistema de PI durante más de 20 años en detrimento de la innovación que se supone que promueve, y está forzando niveles inadecuados en los países en desarrollo mediante sus acuerdos comerciales bilaterales (Maskus, 2006). Dice que esto ha tenido como consecuencia:

• un crecimiento rápido de los costos de litigio para defenderse contra las demandas de infracción de patentes;
  
  
• unas patentes que son demasiado amplias o confusas sobre la extensión de la protección; y
  
  
• una política liberal antimonopolio que permite que las empresas usen patentes para excluir activamente a potenciales competidores

Estas recientes tendencias han actuado en contra del intercambio de ideas y de la aptitud para agregar el trabajo de los predecesores – elementos esenciales en la innovación.

Sin embargo, estos problemas no se limitan a los EE.UU. Las inquietudes sobre lo apropiado del sistema llevó a la Oficina Europea de Patentes (OEP) a comprometerse en un mayor ejercicio para examinar posibles hipótesis futuros (Recuadro 8.5). El objetivo era examinar posibles dudas que pudieran surgir en un ambiente complejo y turbulento. Para su sorpresa:

Lo que había comenzado como un pequeño ejercicio institucional creció rápidamente hasta convertirse en una perspectiva general mucho más exhaustiva de todo el sistema de PI. Se puso claramente de manifiesto que el sistema de PI requiere un examen completo, a múltiples niveles, que van desde el global al regional (europeo), y desde el nacional al institucional (OEP, 2007).

Para los que miran al futuro de los alimentos y de la agricultura, este tipo de ejercicio debería dar mucho que pensar.

Sin embargo, para los grandes actores de la industria, el régimen de la PI ha llegado a ser fundamental para su forma de hacer negocios. Individualmente y por medio de varios grupos de presión –algunos recientemente creados para defender sus intereses en el CDB y la OMC contra la implementación de la divulgación del origen y otros requisitos de las solicitudes de patentes– están presionando para mantener y fortalecer el sistema que lo consideran globalmente impuesto. Aunque, en algunos casos, las empresas quieren hacer concesiones para los cultivos alimenticios con mercados comerciales nada significativos en países pobres, no está en la agenda cuestionar el sistema en sí mismo ni buscar nuevos modelos empresariales.

Recuadro 8.5 Hipótesis de las patentes en 2025 El proyecto de la Oficina Europea de Patentes concluyó con cuatro hipótesis que ayudan a pensar en el futuro. 1 Reglas del mercado: Un mundo en el que la empresa es el motor dominante Ésta es una historia de la consolidación de un sistema con tanto éxito que se viene abajo por su propio peso. Nuevas formas de objetos –que incluyen inevitablemente otros tipos de servicios– se hacen patentables y nuevos actores entran en el sistema. El equilibrio del poder es mantenido por compañías multinacionales con recursos para constituir poderosas carteras de patentes, hacer que se respeten sus derechos en un mundo cada vez más litigante y manejar la agenda de patentes. Un objetivo fundamental es el crecimiento del valor de los accionistas. Las patentes se usan ampliamente como una herramienta financiera para lograr este fin. Ante cantidades cada vez mayores de solicitudes de patentes, aparecen varias formas de racionalización del sistema, y ello mueve al reconocimiento mutuo de los derechos armonizados de las patentes. El mercado decide la suerte del sistema, con menor regulación de los excesos visibles. Los temas de comportamiento y niveles anticompetitivos de las patentes son analizados minuciosamente. 2 ¿De quién es el juego? Un mundo en el que la geopolítica es el motor dominante Ésta es la historia de un efecto boomerang que se vuelve en contra de los actuales actores dominantes en el mundo de las patentes, como consecuencia de los cambios de equilibrio geopolítico y de las ambiciones competitivas. El mundo desarrollado usa cada vez menos la PI para mantener la superioridad tecnológica. Nuevos candidatos intentan actuar de forma que puedan mejorar los niveles de vida de sus ciudadanos. Pero muchos países en desarrollo son excluidos del proceso y en su lugar trabajan con un paradigma de “conocimientos comunales”. Las naciones y las culturas compiten, siendo la PI una poderosa arma en estas batallas. Los nuevos candidatos tienen cada vez más éxito en la determinación de la evolución del sistema, usándolo para conseguir ventajas económicas y adaptando las reglas existentes cuando crece su influencia geopolítica. El respeto de las normas se hace cada vez más difícil y el mundo de la PI se fragmenta cada vez más. Se hacen esfuerzos para hacer frente a los temas de desarrollo y transferencia de tecnología. 3 Árboles de conocimientos: Un mundo en el que la sociedad es el motor dominante En esta historia, la disminución de la confianza social y la crítica cada vez mayor del sistema de PI tienen con resultado su gradual erosión. Los actores clave son movimientos populares –a menudo coaliciones de la sociedad civil, empresas, gobiernos e individuos interesados– que intentan cuestionar las normas existentes. Esta “sociedad caleidoscópica” está fragmentada pero unida –tema por tema, crisis por crisis– contra las amenazas reales, y percibidas, a los derechos humanos: acceso a la salud, conocimientos, alimentos y entretenimiento. Múltiples voces y opiniones mundiales refuerzan la atención y el interés popular, desempeñando los medios de comunicación un papel activo al promover el debate. Este amplio “movimiento del conocimiento” se hace eco del movimiento medioambiental de los años 80, inicialmente desencadenado por pequeños grupos de interés especial, pero que lentamente ganaban velocidad y despertaban una mayor conciencia por medio de alianzas como el movimiento A2K (Access to Knowledge) (Acceso al Conocimiento). El principal tema es cómo asegurar que los conocimientos sigan siendo un bien común, aunque reconociendo la legitimidad de una recompensa a la innovación. 4 Cielos azules: Un mundo en el que la tecnología es el motor dominante La historia final gira en torno a una escisión en el sistema de patentes. La dependencia social de la tecnología y los crecientes riesgos sistémicos fuerzan este cambio; los principales actores son tecnócratas y políticos que responden a crisis globales. Las complejas nuevas tecnologías, basadas en un proceso de innovación altamente acumulativo, son consideradas como la clave para resolver los problemas sistémicos, como el cambio climático, y la difusión de la tecnología en estos campos es de una importancia primordial. Las necesidades de la PI de estas nuevas tecnologías entran cada vez mayor en conflicto con las necesidades de las tecnologías clásicas y discretas. Al final, el sistema de patentes responde a la rápida, interdisciplinaria y compleja naturaleza de las nuevas tecnologías abandonando el modelo de que “una talla sirve para todas”: el anterior régimen de patentes aplica todavía tecnologías clásicas, mientras que las nuevas emplean otras formas de protección de la PI, como la licencia de derechos. El sistema de patentes se basa cada vez más en la tecnología, y surgen nuevas formas de estudio y clasificación de los conocimientos. El sentido de las hipótesis no es sugerir que vaya a ocurrir alguna específicamente, sino que, considerando diferentes perspectivas, las hipótesis pueden proporcionar las preguntas adecuadas que deben considerarse en el proceso político. Fuente: OEP (2007).

En las discusiones en la OEP sobre los hipótesis, parece que los defensores más estridentes del sistema de PI fueron los abogados – y cuanta más PI haya, más abogados habrá – y las asociaciones industriales. Internacionalmente, los grupos de presión se han centrado en las negociaciones en las que sus intereses pudieran verse más amenazados, como en la creación del Protocolo de Bioseguridad del CDB, y posteriormente en los elementos de etiquetado, responsabilidad y compensación de la bioseguridad, y más recientemente en los temas del régimen APB y la divulgación del origen, tanto en el CDB como en la OMC.

Algunos expertos jurídicos y académicos son también entusiastas de compensar el desequilibrio entre grandes países y compañías que promueven y pueden usar la PI, por una parte, y por otra los pequeños países y empresas medianas o pequeñas, organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil con una capacidad muy limitada para hacerlo. Esto ha llevado a diversas iniciativas, entre ellas proporcionar un apoyo global en materia de PI (Recuadro 8.6).

Recuadro 8.6 Public Interest Intellectual Property Advisors, Inc.: la respuesta de un abogado de patentes norteamericano Las leyes de la PI no son inevitables ni inmutables… tiene que haber un equilibrio entre la libertad de un propietario de PI para excluir a otros y la libertad de los otros para acceder a la innovación. (Gollin, 2008). Michael Gollin es un abogado de patentes y socio de Venable, un importante gabinete de abogados americanos. Tiene muchos años de experiencia con el sistema americano y los países en desarrollo. Cree que la PI es una fuerza motriz para la innovación, pero también piensa que hay una necesidad imperiosa de reequilibrar el sistema. Su preocupación por la falta de capacidad de los países en desarrollo y de los que promueven el acceso a las medicinas y a las innovaciones agrarias le llevó a proponer un nuevo enfoque para garantizar que la experiencia jurídica esté disponible para todos. Para Gollin, uno de los mayores problemas es la complejidad en sí misma. Los tópicos de PI, alimentación y biodiversidad suponen temas jurídicos, técnicos y económicos que son complicados. Nadie es experto en los tres tópicos, aunque algunas personas pueden serlo en dos. Por tanto, se requiere la experiencia combinada de varias personas con experiencia para analizar los problemas y formular y presentar una postura jurídica y política a nivel nacional e internacional. Lo mismo pasa al establecer una estrategia e implementarla dentro de una organización individual, tanto si tiene como si no tiene fines de lucro. Las personas experimentadas son más fáciles de encontrar en los países ricos, y por gente con dinero que les pagan. Gollin cree que una forma de ayudar a equilibrar el problema del acceso a la experiencia es movilizar voluntarios que ayuden a las organizaciones de los países en desarrollo a ocuparse de los temas de la PI, tanto a nivel nacional como internacional, y de las organizaciones individuales. Éste es el modelo de empresa para Public Interest Intellectual Propery Advisors, Inc (PIIPA), que pretende ser un recurso global sin fines de lucro para los países en desarrollo y las organizaciones de interés público que necesitan experiencia en los asuntos de la PI para promover la salud, agricultura, biodiversidad, ciencias, cultura y medio ambiente. PIIPA promueve al acceso en todo el mundo a los profesionales de PI, que pueden asesorar y representar a estos clientes pro bono publico (como un servicio público). Los voluntarios de PIIPA han trabajado en muchos proyectos que implican a la alimentación y la agricultura, como son la libertad para elaborar análisis para los Recursos Públicos de la Propiedad Intelectual para la Agricultura (RPPIA), definir derechos de las marcas comerciales para los agricultores locales de los países en desarrollo, invalidar patentes que fueron impropiamente concedidas, negociar acuerdos APB y aconsejar a Haití, Filipinas, Vietnam y Sierra Leona sobre la legislación nacional de los PI. PIIPA trabaja en constituir una red internacional de centros que reúnan a las organizaciones de los países en desarrollo con los profesionales de la PI entendidos en temas locales y globales, para ayudarles a hacer una innovación de forma que beneficie a los países en desarrollo. Fuentes: Entrevista con Michael Gollin y www.piipa.org

Cambiar el rostro de I+D

Los agricultores que utilizan y comparten los conocimientos –y las semillas– obtenidos de la experiencia y de las pruebas, así como aprendiendo de los errores, han buscado la innovación y el desarrollo en agricultura durante milenios. Esa experiencia ha sido complementada y ampliada por un esfuerzo organizado, apoyado por los estados y basado en la ciencia durante unos 150 años. La investigación agraria ha sido realizada por organismos públicos –y libremente divulgada a los agricultores– en gran parte para el bien público, ya que los que necesitan sus resultados son demasiado pequeños para hacer investigación científica por sí mismos, y para que los beneficios que se obtienen de una mejora de la agricultura vayan a la sociedad en su conjunto a través de una mejor seguridad alimentaria. Este fue el enfoque que tuvo la “revolución verde”, que fue posible en parte por los esfuerzos de la investigación pública para mejorar las variedades de trigo y arroz y las técnicas agrícolas, como fue la introducción de arroz híbrido en China (Recuadro 8.7).

En las últimas décadas, ha habido un cambio en la naturaleza de la investigación (RAFI, 2000; Pardey y Beintema, 2001). El sector privado ha desempeñado un papel cada vez mayor en I+D en los países industrializados, con sus pequeñas poblaciones agrarias y sistemas agrarios totalmente comerciales, pero se centra en áreas en las que puede asegurar retornos a su inversión. El sector público se ha centrado tradicionalmente en tecnologías a nivel granja para aumentar la productividad agraria, haciendo que estas tecnologías estén disponibles; más recientemente se ha centrado cada vez más en la seguridad alimentaria y en la postcosecha. También se está quedando fuera de la financiación pública la investigación agraria aplicada, de uso directo a los agricultores de algunos países industrializados, especialmente EE.UU., el RU y Holanda, y se ha puesto mayor interés en la investigación básica. En EE.UU., el centro de I+D agrícola privado ha pasado de la investigación de maquinaria agrícola y procesado postcosecha (aproximadamente el 80 por ciento del total en 1960), a la mejora vegetal y a la investigación veterinaria y de productos farmacéuticos. Un 70 por ciento de la investigación de productos químicos relacionados con la agricultura se hace justamente en tres países – EE.UU., Japón y Alemania. La investigación privada está siendo dirigida también por la necesidad de competir en los mercados supersaturados de alimentos de los países industrializados, por ejemplo divulgando la producción de alimentos “funcionales” con propiedades que promueven la salud y previenen las enfermedades.

Recuadro 8.7 Arroz híbrido de China En los años 70, el Profesor Yuan Longping desarrolló las primeras variedades de arroz híbrido, ahora ampliamente cultivadas en China y en otros países. Esta trabajo fue financiado por el gobierno, que también promocionó el uso generalizado del arroz por los agricultores, sin que interviniera en ninguna parte la PI. Los agricultores tienen que obtener nuevas semillas para sembrar cada año, y esto ha creado un mercado de semillas de arroz híbrido potencialmente enorme, ya que la semilla híbrida se siembra aproximadamente en la mitad del área de cultivo del arroz en China. Con la disminución de la superficie de la tierra agrícola en China, la rápida urbanización y el creciente descontento rural, los funcionarios esperan que haya necesidad de un mayor uso de la ciencia y la tecnología para aumentar la producción de la tierra restante. Sin embargo, ahora que China es miembro de la OMC y está sujeta a sus niveles mínimos de PI, existe cierta preocupación por el impacto de los DPI en los diseños futuros de desarrollo agrario y de población rural. Por tanto, hay discusiones en curso en China sobre el futuro de I+D agrario y sobre si conceder más incentivos a I+D con bienes públicos o dar incentivos privados basados en los DPI. Los resultados de esta discusión serán muy importantes para los pequeños agricultores. También hay una preocupación cada vez mayor por el impacto que pudiera tener en los agricultores una apertura a empresas privadas de semillas bajo el nuevo régimen de la PI. Fuentes: Comunicación personal; Longping (2004); www.worldfoodprize.org/laureates/Past/2004/htm; www.chinaculture.org/gb/en_aboutchina/2003-09/24/content_26399.htm; www.grain.org/research/hybridrice.cfm?lid=159

Detrás de estos cambios hay varios factores, entre ellos una importante revolución científica en biología y cambios legales, inicialmente en los EE.UU., que permiten el patentado de organismos vivos (ver Capítulo 1). Esto atrajo a nuevas empresas, muchas de las cuales trabajaban antes en productos agroquímicos, hacia I+D de la mejora de plantas, pues vieron oportunidades para entrar en los mercados y dominarlos. La innovación tecnológica ha sido mucho tiempo una forma de entrar en la industria, y la ingeniería genética en particular ha permitido que nuevas empresas entren en la industria de las semillas y promuevan la innovación en la producción agraria. La innovación protegida con patentes ha sido utilizada como un medio para conseguir el control casi monopolístico de ciertos productos y sectores desde el siglo XIX; incluso en aquel tiempo, al institucionalizar la innovación en los laboratorios de I+D, “grandes compañías pretendían controlar el cambio tecnológico como un medio para proteger y defender sus posiciones en la industria” (Jenkins, 1975).

Problemas con la PI y el I+D

Irónicamente, uno de los problemas que han surgido proviene del sector público americano, como indican Gary Toenniessen y Deborah Delmer (2005) de la Fundación Rockefeller:

… un cambio importante de los DPI que amenaza las operaciones del sistema internacional de investigación agraria procede de los institutos de investigación del sector público, no del privado. Para promover la transferencia de tecnología y el desarrollo de los productos en los EE.UU., la ley Bayh-Dole de 1980 dio a las universidades y otros institutos de investigación con fondos públicos el derecho a obtener patentes sobre inventos y comercializar dichos inventos realizados con subvenciones de investigación por parte del gobierno. Similares disposiciones han surgido en la mayoría de los países industrializados. La consecuencia es que aunque muchos descubrimientos biotecnológicos (por ejemplo el conocimiento de la función de los genes y la regulación de éstos) y tecnologías (por ejemplo métodos de transformación biolística y agrobacteriana) son generados con fondos públicos en institutos de investigación y universidades agrarias, estos descubrimientos ya no son tratados como “bienes públicos”. Al contrario, son patentados y objeto de licencias, muchas veces con exclusividad, por el sector con fines de lucro (Graff et al., 2003). Estos descubrimientos fluyen ahora principalmente del sector público al sector con fines de lucro. Si el flujo se invierte, normalmente es bajo acuerdos de transferencia de material (ATM), que significativamente restringen su uso (normalmente sólo con fines de investigación), limitan que se compartan posteriormente y con frecuencia incluyen disposiciones para conseguir resultados de la futura investigación.

Dado que la mejora genética de los cultivos es un proceso derivado, toda mejora realizada por medio de la biotecnología viene ahora con un cierto número de limitaciones de la PI, con nuevas PI añadidas con cada transferencia o posterior mejora (Barton y Berger, 2001). La PI es utilizada para proteger las herramientas y reactivos de la biotecnología; los genes y las secuencias de genes; las secuencias reguladoras; los procesos de transformación, regeneración y diagnóstico; y las plantas modificadas resultantes. Hacer frente a esta maraña de patentes y conseguir “libertad para operar” (LPO), es en parte lo que hace que el sector privado se centralice en gran medida por medio de numerosas fusiones, adquisiciones y acuerdos de licencias cruzadas.

Muchos grupos de la sociedad civil, investigadores y fundaciones están preocupados porque la extensión y consolidación de los DPI podrían inhibir el uso de procesos y productos de I+D, incluidos los biotecnológicos, que beneficiarían a los pueblos de los países en desarrollo. Otro problema es que el actual enfoque en biotecnología, que es en parte dirigido por la PI, está desviando el esfuerzo global de la investigación hacia otros enfoques para mejorar la agricultura, especialmente para los agricultores pobres y marginados, como pueden ser una mejor gestión del agua, un equipo más apropiado y unas técnicas de control integrado de las plagas.

La necesidad de I+D en agricultura para beneficiar a los agricultores pobres y marginados no ha desaparecido. La investigación del International Food Policy Research Institute (IFPRI) (Instituto Internacional de Investigación de la Política Alimentaria) e investigadores indios y chinos ha subrayado la importancia de la inversión pública en las áreas rurales, especialmente en tierras con bajo potencial de Asia, y el hecho de que I+D sea una de las tres áreas clave para la inversión, junto con la educación y las carreteras. Aunque las áreas más favorecidas necesitan los niveles existentes de inversión, se necesitan inversiones adicionales en las áreas menos desarrolladas. En muchos países pobres, especialmente en África, tampoco hay suficiente inversión en las tierras con alto potencial. Por otra parte, los investigadores sostienen que:

Estas inversiones supondrán una solución a largo plazo del problema de la seguridad alimentaria y de la pobreza… Contrariamente a la sabiduría convencional, las inversiones en tierras con bajo potencial produjeron generalmente retornos más altos para el crecimiento de la productividad agraria que las inversiones en tierras con alto potencial. (IFPRI, 2002)

La mayoría de los desarrollos en agricultura ha tenido lugar en un ambiente muy diferente del mundo actual, dominado por la PI y dirigido cada vez más por el sector privado. Como Joseph Stiglitz señaló cuando era economista jefe del Banco Mundial, cuando hay un cambio en I+D hacia el sector privado, “la dependencia en el sector privado para la investigación agraria es probable que tenga como consecuencia una baja inversión desde el punto de vista de la sociedad”. Básicamente, no funcionará en cosas para los agricultores pobres, que no tienen dinero, ni en cosas que pueden ser libremente copiadas y regaladas. Por otra parte, esta investigación aplicada en la industria depende de la continuación de investigación básica, financiada públicamente y que se beneficia en gran parte de la anterior investigación de las universidades y de otros sectores públicos (Pinstrup-Anderson, 2000). En otras palabras, el I+D público ha subvencionado y continúa subvencionando al I+D privado. Además, las compañías privadas no van a trabajar probablemente en tecnologías, cultivos y caracteres que son de limitado valor comercial, pero que son importantes para proteger la seguridad alimentaria y los medios de vida de los países en desarrollo. Los cultivos biotecnológicos comercializados, por ejemplo, han tenido principalmente como objetivo los productores de los países desarrollados, centrándose en un número limitado de productos (soja, maíz y algodón) y caracteres (resistencia a insectos y tolerancia a herbicidas), con un mercado suficientemente grande para garantizar retornos financieros a las inversiones.

Para los que quieren emplear la ciencia de otra forma, su problema es su libertad para hacerlo.

Libertad para operar

La investigación privada no asumirá, ni puede asumir, la carga de garantizar el suministro de alimentos a los pobres del mundo. Incluso en los países desarrollados, los esfuerzos de la investigación ahora dominante en el sector privado están concentrados en un pequeño número de caracteres en cultivos con un alto valor comercial. . . En biotecnología agraria, los mismos DPI asociados con la aparición de la investigación biotecnológica privada, amenazan ahora con bloquear a los investigadores públicos sin ánimo de lucro . . . Los obtentores de plantas de los países en desarrollo ven cada vez más dudoso su acceso a los insumos innovadores esenciales, exageradamente caros o, en algunos casos, bloqueados… La producción sin licencia en el Sur de un cultivo solamente protegido en el Norte es legal y moral per se. (Binenbaum et al., 2003).

En el futuro, un tema crucial para los políticos de los países en desarrollo será la forma como se implemente el Acuerdo sobre los ADPIC de la Organización Mundial del Comercio con respecto a la tecnología de mejora de las plantas, domésticamente y en los mercados importantes de exportación. Donde se permita el patentado de plantas y otras formas de vida, el patentado de biotecnologías fundamentales en el Sur crecerá, amenazando la libertad de los investigadores de los países en desarrollo para operar y la libertad para comercializar los productos agrarios de dichos países, tanto en dirección Sur-Norte como Norte-Sur. Este asunto está considerado, junto con la implementación de los derechos de los agricultores, como un importante problema político para los obtentores de plantas, agricultores y consumidores de alimentos del Sur. Pero la libertad doméstica para operar es generalmente el tema relevante de los DPI; las exportaciones de alimentos básicos que dominan la agricultura no son importantes motores del crecimiento en la mayoría de los países en desarrollo. (Pardey et al., 2003).

Aparte de los efectos de los investigadores públicamente financiados que patentan y conceden licencias de tecnologías, las empresas de investigación agraria están patentando cada vez más las herramientas y procesos de investigación básica, limitando así su uso por otros investigadores (Jaszi, 2004). Por otra parte, las empresas han empleado la denominada agrupación de patentes (obteniendo varias patentes entrelazadas sobre diferentes componentes de un producto) y el encorchetado de patentes (patentando información en torno a una patente del competidor, de forma que dicha patente no pueda ser comercializada sin un intercambio de licencias) (Dutfield, 2003a). Se teme que estas tendencias limiten más aún la libertad de los investigadores públicos a operar (en otras palabras, su capacidad para investigar, producir comercialmente, comercializar y usar sus nuevos productos, procesos o servicios sin infringir los DPI de otros). Aunque esto es probablemente cierto en los países de la OCDE, sin embargo la mayoría de los institutos internacionales y países en desarrollo tienen más libertad legal de lo que ellos piensan, si bien pueden todavía carecer de conocimientos y/o recursos.

Los países tienen flexibilidad para interpretar y usar los acuerdos existentes. Según el Acuerdo sobre los ADPIC, por ejemplo, los países pueden excluir las plantas y animales de la patentabilidad y definir el significado de términos como novedad, paso inventivo y utilidad. Por supuesto que algunas cosas que pueden ser patentadas en EE.UU. no pueden serlo en la UE. Las patentes son nacionales y sólo válidas en países en los que han sido solicitadas. Muchas cosas objeto de patente en los países ricos no son patentadas en los países pobres y pueden ser libremente usadas. Sin embargo, los investigadores deberían ser conscientes de que los acuerdos contractuales pueden imponerles requisitos más rigurosos de la PI que los requeridos por sus leyes nacionales o términos de concesión de licencias que restringen el uso comercial de lo que se obtiene de su investigación. Dados los deferentes niveles de examen y de enfoques de los requisitos de las patentes, puede también ocurrir que muchas patentes sean invalidadas si son puestas en entredicho, como ha ocurrido en varias ocasiones.

Así pues, los países e institutos de investigación son libres para usar tecnologías y procesos que pueden estar patentados en otras jurisdicciones, pero que no son patentables en las suyas. También pueden ver que se usan en el campo de la producción de cultivos. Sin embargo, puede surgir un problema cuando estos cultivos, o productos derivados de ellos, son exportados a lugares en los que la tecnología empleada en su producción está patentada y es detectable en el producto. Entonces, el propietario de la patente puede intentar bloquear su importación –como ha ocurrido en la exportación de soja genéticamente modificada de Argentina, donde no está patentada, a Europa donde sí lo está (Recuadro 8.8). Por supuesto que esto no se aplicaría a cultivos de alimentos básicos que no son corrientemente comercializados, o al comercio entre países en desarrollo con similares regímenes de PI mínimos. Los tres cultivos que se van a ver probablemente implicados son soja, plátano y arroz. Sin embargo, la soja no es un alimento básico y el tipo de plátano que es un alimento básico no es generalmente exportado, pero ha habido problemas con la judía Enola.

La cada vez más compleja protección de la PI ha llevado también a unos altos costos de transacción en la evaluación de la libertad de los investigadores para operar, en la negociación del acceso a las tecnologías y en las regalías de las licencias. Esto puede ser particularmente problemático en el caso de la biotecnología agraria, que depende de los componentes y procesos de la tecnología múltiple y muchas veces interdependiente que puede ser propiedad de varias instituciones. Una valoración de las patentes implicadas en la producción de “Golden Rice” – una variedad de arroz genéticamente modificada para que contenga mayores niveles de beta-caroteno –, por ejemplo, encontró 30 patentes y 40 derechos técnicos de propiedad en forma de acuerdos de transferencia de material. Esto supuso exhaustivas negociaciones entre el que desarrolla la variedad – investigadores del Instituto Suizo Federal de Tecnología de Zurich y la Universidad de Friburgo – y los titulares de la patente, que son Syngenta y Monsanto, quienes al final se pusieron de acuerdo para hacer que las tecnologías estuvieran libremente disponibles para uso humanitario (Kryder et al., 2000). Sin embargo, muchas de estas tecnologías no estaban, de hecho, patentadas en los países en desarrollo (Binenbaum et al., 2003). Los casos de los que se tiene conocimiento parecen indicar que las empresas filiales de los países en desarrollo no copiarán los inventos de las empresas titulares de las patentes (y quizá otras firmas tampoco), incluso cuando no estén sujetas a la patente en el país en desarrollo en cuestión (Dutfield, comunicación personal).

El Acuerdo sobre los ADPIC permite excepciones limitadas para el uso de tecnologías y productos protegidos con patentes sin autorización del titular de los derechos en algunas circunstancias, por ejemplo en casos de emergencia nacional o para fines no comerciales (Artículos 30 y 31). Estas disposiciones no han sido todavía usadas en la investigación agraria, aunque la licencia obligatoria se emplea actualmente en algunos países para garantizar el acceso a las medicinas.

A diferencia de una planta patentada, una variedad vegetal protegida por los derechos de los obtentores de plantas bajo la UPOV no está excluida de ser usada por otros para posterior investigación y mejora. Los derechos de los obtentores de plantas pueden también ser restringidos por motivos de “interés público”, siempre que se tomen “todas las medidas” para garantizar una remuneración equitativa. Sin embargo, la revisión 1991 del Convenio ha sido criticada por limitar los derechos de investigación al ampliar la PVP para incluir variedades esencialmente derivadas, es decir variedades que mantienen las características esenciales de las variedades progenitoras (GRAIN, 1998). Como consecuencia, algunas variedades que fueron previamente consideradas como nuevas serían tratadas ahora como derivadas esencialmente, y no podrían ser explotadas comercialmente sin el previo consentimiento, aunque este cambio pretendiera prevenir que las empresas utilizaran la ingeniería genética en una variedad existente para introducir un carácter particular, como resistencia a herbicidas, y después conseguir el control de la variedad por medio de patentes, sin que el obtentor original obtuviera ninguna recompensa.

Recuadro 8.8 Monsanto contra Argentina por la exportación de harina de soja a la UE Carlos Correaa Un caso ilustrativo de cómo se puede usar una patente en diferentes jurisdicciones es facilitado por la detención (sobre la base de una interpretación exhaustiva del Reglamento Europeo 1383/2003) de barcos de harina de soja, exportados desde Argentina, por las autoridades aduaneras de Holanda, Dinamarca, RU y España, y el litigio en curso en esos países contra los importadores de harina de soja. La soja representa aproximadamente el 50 por ciento de la superficie total sembrada de oleaginosas en Argentina, y es uno de sus principales artículos de exportación (más de 2 mil millones de dólares anualmente). La mayor parte de la harina de soja se exporta a Europa, que obtiene así alrededor del 50 por ciento de su consumo de soja (principalmente para piensos para animales) de Argentina. Monsanto no obtuvo en Argentina ninguna patente sobre su tecnología Roundup Ready (RR) resistente a herbicidas, pues presentó la correspondiente solicitud fuera del plazo legal de presentación. El gen RR en la soja fue comercializado por primera vez en 1996 y, debido a la falta de protección de la patente, se divulgó rápidamente en el país. Se estima que el 95 por ciento de la soja producida en Argentina procede de variedades que incorporan el gen RR. Casi 200 variedades que lo contienen han sido desarrolladas desde 1996 (sólo una pequeña fracción por el mismo Monsanto); estas variedades estuvieron sujetas a la protección de las variedades de plantas en Argentina, sin oposición de Monsanto. La introducción de la soja transgénica en Argentina sin protección de la patente permitió que Monsanto la divulgara rápidamente, no solamente en Argentina sino también en Brasil y otros países sudamericanos. Las ventas de semillas RR incrementaron también las ventas del herbicida glifosato Roundup de Monsanto. Al elegir transferir su tecnología a los productores de semillas argentinos, Monsanto estimuló voluntariamente la producción de soja transgénica allí. Aunque Monsanto obtenía regalías por la tecnología RR bajo contratos privados con empresas de semillas, su objetivo era conseguir un pago adicional de los agricultores argentinos, quienes rehusaron pagar una cantidad adicional por una tecnología que era del dominio público. Monsanto se centró entonces en la exportación de soja argentina hacia Europa, sobre la base de dos patentes (EP0218571 y EP546090) que protegían el gen y la construcción del gen, así como las células transformadas en una planta de soja. De esta forma, Monsanto intentó usar patentes que cubrieran los genes resistentes a herbicidas, para impedir el comercio de productos industrialmente procesados en los que los genes no pudieran realizar su función. El 9 de agosto de 2006, la Dirección General de Servicios y Mercados Internos de la Comisión Europea dio una interpretación del Artículo 9 de la Directiva sobre invenciones biotecnológicas (98/44/EC) b, que confirmaba que los productos derivados, como la harina de soja, no están cubiertos por las reclamaciones de patentes relativas a la información genética que no realiza su función en estos productos. Aunque se puede razonablemente predecir que este caso paradigmático de “litigio estratégico” terminará con la derrota legal de Monsanto, los recursos invertidos por el gobierno argentino (que solicitó el estatus de tercera parte afectada en la demanda legal) y los exportadores son muy considerables. Este caso pone de manifiesto un intento importante de expandir los poderes legales conferidos por patentes que cubren genes. Si estos intentos tuvieran éxito, podrían tener un considerable efecto adverso en la transferencia a los países en desarrollo de materiales con genes protegi dos por patentes en los países desarrollados. Cualquier producto derivado (por ejemplo camisas fabricadas con algodón Bt) sería potencialmente utilizado por los titulares de patentes y las importaciones se verían dificultadas o impedidas en los países desarrollados donde los genes están patentados. Notas:a Director del Centro de Estudios Interdisciplinares sobre la Ley de Propiedad Industrial y Economía (CEIDIE) y del Curso de Postgraduados sobre PI de la Universidad de Buenos Aires. b Según el Artículo 9 de la Directiva, la protección dada por las patentes a un producto que contiene o consta de información genética se extiende a “todos los materiales, excepto lo dispuesto en el Artículo 5(1), en los que el producto es incorporado y en los que la información genética está contenida y realiza su función” (añadido el énfasis).

Acuerdos rotos, conocimientos compartidos

La expansión de los DPI a la mejora de plantas ha producido en los países en desarrollo y en algunos del sistema del CGIAR una fuerte sensación de que se ha roto un acuerdo implícito –al haberse usado gratis y ampliamente el germoplasma suministrado por el Sur en programas de selección– siendo todavía del dominio público –en el contexto de un enfoque científico cada vez más propietario (Serageldin, 2000). Es un sentimiento que resuena en muchas críticas de la sociedad civil por los cambios que están teniendo lugar.

Acceso a los recursos genéticos

El mantenimiento de los niveles actuales de producción de los principales cultivos alimenticios dependerá de combinar muchos caracteres genéticos, encontrados en materiales de una gran variedad de orígenes, que tienen que ubicarse en una amplia gama de variedades y usados en muchos lugares diferentes. La futura seguridad alimentaria depende de ello y las mercancías públicas internacionales la facilitan. (Petit et al., 2001).

El enfoque bilateral del CDB y el sentimiento de promesas incumplidas, que tienen los países en desarrollo sobre compromisos hechos en el CDB y en el Acuerdo sobre los ADPIC para transferirles tecnología, están favoreciendo el desarrollo de leyes nacionales de acceso que podrían dificultar seriamente la recolección y divulgación de materiales de colecciones de germoplasma y de materiales que son desarrollado por los Centros del CGIAR. El nuevo Tratado Internacional y sus reglas sobre el uso de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura pueden ayudar a aliviar estos problemas. Para el considerable número de cultivos alimenticios no incluidos en el sistema multilateral del Tratado, puede haber unos costos de transacción mucho mayores al utilizar el germoplasma, que podrían afectar adversamente a su desarrollo (Stannard, 2000). Un estudio encargado para el Foro Global sobre Investigación Agraria (FGIA) en el 2000 afirmaba que “un escenario en el que todo intercambio de germoplasma se encuentre dentro de acuerdos bilaterales supone unos costos de transacción excesivamente elevados”, y consideraba que solamente para algunos pocos cultivos, como los cultivos industriales, un enfoque bilateral de los intercambios de ger-moplasma podría tener unos costos aceptables de transacción (Visser et al., 2000).

La extensión de los DPI a la agricultura –PVP y patentes– tiene ya algunos efectos en el intercambio y uso de recursos fitogenéticos. En los EE.UU., los programas de mejora del sector público han encontrado más difícil conseguir materiales de las empresas, lo que ha afectado a su capacidad para dar a conocer nuevas líneas y enseñarlas a los estudiantes (Riley, 2000). Tim Reeves, antiguo director del Centro Internacional para la Mejora de Maíz y Trigo (CIMMYT) de México, ha dicho también que la expansión de los derechos de los obtentores de plantas haría que algunos colaboradores no enviaran ya sus mejores líneas para su uso en los programas de mejora (comunicación personal en la Conferencia GFAR-2000). Dado que en los programas de mejora trabajan muchos socios que intercambian material, cada uno de ellos obtiene normalmente mucho más de ellos que lo que aporta, pero si la calidad de lo que se aporta baja, todo el mundo sufrirá las consecuencias.

Transferencia de tecnología y divulgación

Uno de los objetivos del Acuerdo sobre los ADPIC, también incluido en el CDB y en el TIRFAA, es la promoción de la transferencia y divulgación de la tecnología a los países en desarrollo, y muchos creen que se debería hacer más en este sentido. Varios investigadores y fundaciones han pretendido llevarlo a efecto, intentando reinventar el sistema abierto de intercambios para la investigación agraria o suministrar recursos a los investigadores de los países en desarrollo para que superen los problemas creados por un ambiente investigador más privatizado y dominado por la PI.

Reinventar un I+D agrario de fuentes abiertas

La agricultura se ha cimentado a través de los intercambios abiertos y en la copia de técnicas comprobadas durante milenios por los agricultores. La investigación solía ser también mucho más abierta, compartiendo técnicas, procesos y conocimientos. Resulta algo irónico que ahora algunos miembros de la comunidad investigadora hayan respondido al impacto de las tendencias actuales siguiendo los pasos del movimiento “fuentes abiertas” promovido a mediados de los años 80 en el desarrollo de software. Éste hizo que el software estuviera libremente disponible para su uso y adaptación, que no se limitara a nadie la venta o la entrega de software, ni se requiriera que fueran suministrados los códigos de las fuentes. Un enfoque de fuentes abiertas en agricultura se basa en la Iniciativa de Biological Open Source (BiOS) (Fuentes Biológicas Abiertas) establecida por CAMBIA, un instituto de investigación agraria australiano independiente, sin ánimo de lucro (Recuadro 8.9 y Jefferson, 2007). Otros están explorando también la “biotecnología de fuentes abiertas”, que amplía los principios de igual producción basada en el patrimonio común y que promueve el comercio, y que tiene su ejemplo en el desarrollo de software de fuentes abiertas para la elaboración de herramientas de investigación en biotecnología biomédica y agraria. (Hope, 2008).

La Fundación Rockefeller ha apoyado a varios grupos que pretenden combatir la tendencia al acceso restringido a las tecnologías mediante el uso de la PI, como son Public Intellectual Property Resource for Agriculture (PIPRA) (Recursos Públicos de la Propiedad Intelectual para la Agricultura) y la African Agricultural Technology Foundation (AATF) (Fundación Africana para la Tecnología Agrícola). PIPRA empezó como un consorcio de universidades principalmente agrarias e institutos de investigación agraria de EE.UU., con sede en la Universidad de California, Davis, comprometidos en gestionar estratégicamente la PI en beneficio de sus miembros, para posibilitar las más amplias aplicaciones humanitarias y comerciales de las tecnologías agrarias existente y emergentes. A mediados de 2007, tenía 45 miembros en 13 países. Las universidades e institutos asociados a PIPRA han generado gran parte de la PI en biotecnología de cultivos, pero también han entrado en acuerdos exclusivos de licencias para esta PI con el sector privado. Estos acuerdos eliminan muchas veces su capacidad para compartir sus tecnologías con los demás, o con otras instituciones del sector público, como los centros de investigación nacionales e internacionales que trabajan en nuevas variedades de plantas para agricultores pobres de los países en desarrollo. La AATF, por ejemplo, es una organización con base en África y gestionada en África, con una oficina en Nairobi, Kenia, que pretende promover la asociación pública-privada para usar, normalmente bajo licencias libres de regalías, nuevas tecnologías para el desarrollo de África, que de otro modo estarían protegidas por la PI (Toenniessen y Delmer, 2005).

Recuadro 8.9 La Iniciativa BiOS La Iniciativa BiOS (Biological Open Source) (Fuentes Abiertas Biológicas) tiene por objeto crear una “reserva común protegida” de la PI biológica. A este fin, la iniciativa deja libremente disponibles las tecnologías patentadas y no patentadas bajo los términos de la licencia BiOS, que estipula que los titulares de licencias tienen que aceptar no impedir que otros titulares de licencias empleen la tecnología o las mejoras hechas para ella. Aunque las licencias son gratis, a los titulares sin ánimo de lucro de las licencias se les pide que contribuyan al costo del soporte de la tecnología de información. BiOS es una de las cuatro herramientas que CAMBIA ha creado. Estas herramientas están dirigidas a promover la innovación y un espíritu de colaboración en ciencias bioógicas, y permitir a la gente de las comunidades menos favorecidas y de los países en desarrollo elegir sus propios métodos para ayudarse a sí mismo y conocer sus propios retos en seguridad alimentaria, salud y gestión de los recursos naturales. Las otras tres son: 1 Patent Lens, que proporciona herramientas para hacer que el mundo de las patentes y sus ámbitos sean más transparentes, y para ayudar a dirigir los pasos hacia la libertad para (co)operar; 2 BioForge, un portal prototipo para una reserva común dinámica y protegida, que permita que las tecnologías estén disponibles para todo el que esté de acuerdo en mantener su disponibilidad para compartir la mejora y el uso de las innovaciones; y 3 Materiales de CAMBIA, tecnologías moleculares diseñadas, desarrolladas y entregadas por CAMBIA, centrándose en que las comunidades menos favorecidas las utilicen, por ejemplo, en la agricultura y salud pública internacionales. Fuente: Jefferson (2007).

Reconsideración del I+D y de la PI

Para algunas organizaciones de la sociedad civil, estas asociaciones y licencias abren sencillamente el camino para que las grandes compañías multinacionales con base tecnológica vengan y se hagan dueñas de cualquier área rentable de la agricultura y de la biotecnología introducida, haciendo dependientes de ella a los agricultores. Ellas y otras quieren una reconsideración y reorientación más radicales del I+D y del sistema de PI que se ha introducido en la agricultura. Un movimiento público más amplio entre los grupos de la sociedad civil que promueven el acceso a los conocimientos (A2K) ha surgido y ha sido apoyado inicialmente por los bibliotecarios, que están preocupados por el impacto del cambio de las reglas de los derechos de autor para la gente de los países en desarrollo. Aquí, el problema es que los investigadores de los países en desarrollo encuentran demasiado difícil o caro el acceso a la información científica y técnica de que se dispone en las bases de datos y en las revistas. Una respuesta de varios científicos a esto ha sido la Biblioteca Pública de las Ciencias – una organización sin ánimo de lucro de científicos y médicos comprometidos en hacer de la bibliografía científica y médica del mundo un recurso público libremente disponible. Otros, como Jamie Love de KEI/CPTech, promueven un tratado I+D que garantice que las herramientas y conocimientos científicos de la medicina estén globalmente disponibles – algo igualmente aplicable a la alimentación y la agricultura.

Algunos grupos han exigido que los términos y condiciones de patentabilidad sean corregidos para facilitar la investigación agraria para el desarrollo, como limitar el período de patente sobre los procesos de investigación a cinco o seis años, o introducir una tarifa plana para el uso de procesos patentados (Tansey, 2002). Jerry Reichmann ha desarrollado esta última idea para la mejora de plantas, lo que normalmente supone una innovación relativamente a pequeña escala y que tiene que recurrir al dominio público por lo mucho que hay detrás de cada innovación. Solicita la creación de un régimen de responsabilidad compensatoria. Esto eliminaría el monopolio del privilegio que un titular de patente tiene para denegar al primer inventor el derecho a no dejar que la gente use el invento. En cambio, esto supondría una licencia automática para el uso del artículo protegido por alguien más. Si fuera usado dentro de los cinco primeros años, habría que pagar una tarifa compensatoria, pero esto no se aplicaría si el siguiente usuario esperara un cierto tiempo. En ese momento, se considerarían los conocimientos como libremente disponibles en el ámbito público, pues para entonces el inventor habría sido resarcido de los costos de I+D, bien a través de su uso exclusivo de la innovación, o bien por el pago de ciertas tarifas acordadas con otros que la usan (Reichmann, 2000).

Otro enfoque de I+D

Los enfoques del ecosistema aplicados a la alimentación y la agricultura suelen situar a los humanos más explícitamente en el centro de la estrategia de gestión, y poner más énfasis en los objetivos relacionados directamente con el bienestar humano, y en las ventajas sociales y económicas que se derivan de su aplicación (FAO, 2007).

Para muchas ONG y grupos de la sociedad civil, como los que se encuentran en el movimiento de la soberanía de los alimentos, estos enfoques están radicalmente viciados. Estos grupos ven a los agricultores mismos como innovadores y el reto es apoyarles. Esto es algo que los enfoques basados en el mercado no harán, pues los pobres y marginados no tienen dinero para gastar. Por otra parte, seguir los diseños de innovación de los países industrializados dejará rápidamente a los pequeños agricultores fuera de la agricultura, les guste o no les guste. Así, la naturaleza del I+D financiado públicamente, especialmente en los países en desarrollo, y sus conexiones con la innovación privada o comunitaria local, afectarán mucho a las opciones que tienen los agricultores. Las prácticas y productos alternativos orientados a las necesidades reales de los pequeños agricultores, especialmente en áreas marginales, podrían proporcionar prácticas y productos libremente disponibles y socialmente deseables, que les capacitarían para aumentar su producción agrícola de una manera sostenible, evitar las trampas de la deuda y producir excedentes que se podrían usar para generar ingresos (Recuadro 8.10).

Algunos hacen hincapié en la necesidad de procesos participativos con los pequeños agricultores y en un enfoque agroecológico para el desarrollo agrario, de acuerdo con las necesidades de desarrollo rural. En este enfoque, se considera en líneas generales la biodiversidad, se hace hincapié en la importancia de la conservación y uso in situ, y se emplean estrategias de gestión de los recursos naturales para desarrollar tecnologías con agricultores con escasos recursos que sostienen las condiciones agroecológicas (Altieri y von der Weid, 2000). Las plantas modificadas genéticamente son consideradas como un peligro biológico y un medio socialmente simplista de tratar las “complejas realidades a las que se enfrentan los pequeños agricultores”, que tienen pocos recursos pero sí conocimientos de cómo cultivar en condiciones difíciles. Esos conocimientos necesitan ser orientados y apoyados y no sustituidos. Muchos grupos de la sociedad civil estarían de acuerdo en que los problemas a los que se enfrentan los pequeños agricultores, especialmente en áreas marginales, no se van a resolver ante todo con tecnología. Donde la tecnología pueda contribuir a su resolución, junto con las inversiones en infraestructura, cuidados sanitarios, educación, etc., puede ocurrir que la tecnología de mayor importancia inmediata no sea la de las variedades mejoradas.

Recuadro 8.10 Los agricultores y científicos de Etiopía como pioneros del uso y conservación in situ Hoy en día, en algunos de los diferentes ambientes de Etiopía, se ha establecido una asociación entre agricultores e investigadores del banco nacional de genes, una ONG local, Ethio-Organic Seed Action, y una ONG canadiense, USA-Canada, en su programa Seeds of Survival (SoS). A partir de los años 80, muchas variedades de los agricultores (a veces llamadas razas locales) se habían perdido, como consecuencia de la pérdida de semillas de sorgo en las tierras bajas secas durante la hambruna, cuando la gente tenía que comerlas para sobrevivir, y de que las variedades localmente mejoradas y adaptadas de trigo duro se sustituyeron en las tierras altas húmedas por trigos mejorados de “alto rendimiento” uniforme. El entonces director y fundador del banco nacional de genes, Dr. Melaku Worede, reconoció que los agricultores sabían más sobre la gama y características de las variedades que él mismo. Los agricultores seleccionaban también las variedades mejor adaptadas a los ambientes locales, utilizando múltiples criterios de selección. Éstas podían soportar mejor el estrés de las fluctuaciones climáticas y de las plagas que las modernas variedades más uniformes, que estaban sustituyéndolas y que, con sus insumos cada vez más expansivos, llevaban a los agricultores a endeudarse y no respondían tan bien cuando las condiciones eran malas. Cuando el Dr. Melaku se reunió con los agricultores que no estaban contentos con el trigo mejorado recién introducido y quiso volver a introducir las heterogéneas variedades de trigo duro de los agricultores, hizo algunas mejoras en dichas variedades, de forma que tuvieran mejores rendimientos, pero con poca pérdida de biodiversidad. Este trabajo, desarrollado a través de una asociación local de agricultores, supone ahora el establecimiento de los bancos comunitarios de semillas, la multiplicación de las semillas y los ensayos de los agricultores, que comparan las parcelas fertilizadas con abono orgánico de la misma variedad de los agricultores con otras en las que se emplean fertilizantes químicos. Los primeros resultados muestran mayores rendimientos, con costos más bajos, para los trigos fertilizados con abonos orgánicos. El programa SoS se ha extendido no solamente por el país, sino por todo el mundo. Conecta las habilidades y capacidades de mejora de los agricultores con los investigadores, que pueden unirse a ellos para desarrollar productos mejor adecuados a los ambientes locales. Etiopía tiene más oportunidades que la mayoría de los países para conservar y desarrollar su biodiversidad agraria porque, según el Dr. Tewolde Berhan Gebre Egziabher, director de la Autoridad para la Protección Medioambiental de Etiopía, “el suministro de semillas procedentes de una investigación que suele erosionar muy rápidamente la diversidad genética es todavía muy pequeño, de forma que la diversidad genética está casi intacta. Cree que lo que hace a Etiopía tan importante hoy para la diversidad genética es que, a diferencia de muchos otros lugares, “los mismos agricultores continúan todavía generando y regenerando sus semillas”. Fuentes: Investigación realizada por Geoff Tansey durante una visita a Etiopía en noviembre de 2006; ver también: www.africanfarmdiversity.net/Case_Study_EOSA.html y www.usc-canada.org/?page_id=21

Esta opinión cuestiona también la capacidad de los actuales sistemas de investigación nacionales e internacionales para aproximarse a este enfoque. Considera a las semillas como una parte integral de las estrategias de los agricultores para gestionar la tierra y los riesgos, habiendo agricultores en los Andes, por ejemplo, que usan setos vivos como banco de genes in situ, descentralizados y gestionados por los agricultores. La biodiversidad agraria no se refiere sólo a los recursos genéticos, sino también a los sistemas económicos y sociales que son esenciales para su creación, conservación y posterior desarrollo. Una respuesta a este panorama en Perú busca una forma, no basada en los DPI, de conservar la seguridad alimentaria creando un espacio para que las comunidades locales gestionen sus recursos genéticos –patatas– dentro del marco de los conocimientos y prácticas tradicionales e indígenas.

Conclusión

Los conflictos y controversias que surgen de la expansión de las reglas globales de la PI, y sus resultantes interacciones con la biodiversidad, la seguridad alimentaria y los medios de vida de la gente rural, no van a desaparecer. Más bien es probable que se hagan más intensos, dada la creciente incertidumbre por el cambio climático y por las diversas medidas que se están tomando para combatirlo, como es la rápida expansión de los biocombustibles para vehículos (la mayoría de los pueblos, por supuesto, han dependido de la biomasa como biocombustible durante siglos –madera, estiércol y residuos de cultivos). ¿Qué observaciones se pueden hacer sobre las negociaciones sobre la PI y los desarrollos en la creación de estos regímenes hasta la fecha? Ese es el tema del próximo capítulo.

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