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Descentralización, regionalización y atomización en Río Lagartos, las Coloradas y el Cuyo: prácticas y políticas de las comunidades del oriente de Yucatán

Introducción

Las comunidades costeras mexicanas, en especial las de Yucatán, enfrentan importantes cambios desde hace poco más de un decenio, principalmente en el plano socioeconómico. Su modo de vida es confrontado por transformaciones ligadas al proceso de globalización, al despliegue del neoliberalismo y a diversos cambios políticos nacionales (Labrecque 2000, 2002). En este apremiante contexto, la diversidad de los actores que habitan las costas se manifiesta como nunca antes y da lugar a nuevos desafíos.

La descentralización deviene, en este contexto, un catalizador de los procesos actuantes, pues conjunta las recientes transformaciones políticas en México, la vigencia de las reformas neoliberales y la dislocación del sector social en el país. Sin embargo, aunque la descentralización represente una tendencia fuerte en México, el hecho de que su existencia tome múltiples formas la vuelve vaga y difícil de aprehender. En este contexto, la población de las comunidades costeras se encuentra desorientada ante la nueva maraña de leyes y de reformas ministeriales y frente a la creación de comités que transforman el orden administrativo precedente, y que, si bien tienen el objetivo de mejorar el gobierno, a menudo sólo acarrean tergiversaciones burocráticas y la ausencia del Estado central ante sus responsabilidades frente a la población que experimenta diversos desafíos en su supervivencia cotidiana.

Así, no es una empresa fácil preguntarse qué quiere decir la descentralización para las poblaciones locales y cuáles son los impactos e implicaciones para su vida cotidiana. No se piensa esto porque dichas poblaciones no se sientan aludidas, o no se preocupen, o no se interesen por el dominio de lo político, por el contrario, su grado de politización es importante y su interés está particularmente marcado por lo que se refiere a la política municipal, pero no parece pertinente pedirles que se pronuncien a propósito del concepto de descentralización que es vago incluso para los científicos que se ocupan de él. En este capítulo intentaremos más bien presentar la descentralización ocurrida en la región oriente de Yucatán, examinando de modo específico cómo ésta se articula al proceso de regionalización; y presentaremos también las preocupaciones de los actores de las comunidades de Río Lagartos, Las Coloradas y El Cuyo. Consideramos esta sub-zona como correspondiente a una región, en virtud de que su desarrollo económico presenta muchas similitudes y de que se trata de la sede de la Federación de cooperativas de pesca del Oriente. Además, consideramos que el establecimiento de la Reserva de la Biosfera de Ría Lagartos ha definido un nuevo espacio administrativo que representa otro factor de integración para estas comunidades, aunque, como lo veremos, los actores sociales no son totalmente homogéneos.

Basándonos en investigaciones de campo efectuadas en la región desde el año 2003 y en una encuesta más intensiva realizada en 2006, este capítulo busca demostrar cuán complejo es el proceso de descentralización a causa, entre otras razones, de su articulación con la regionalización de una zona y de los desafíos socioeconómicos y ambientales que viven sus pobladores. Argüimos que un proceso de descentralización que no se realiza en colaboración con los actores locales puede exacerbar su heterogeneidad, así como sus intereses, dando lugar a la atomización socioeconómica, la cual puede ser crítica para una región como el oriente del Estado de Yucatán. En las páginas siguientes reflexionaremos, en un primer momento, sobre las nociones de descentralización y de regionalización. En seguida nos concentraremos en el caso de la región del oriente para, finalmente, abordar el caso de las tres comunidades seleccionadas.

Descentralización y regionalización en la costa oriente

En esta obra hemos visto que la descentralización es un término ambiguo que remite a varias dimensiones y fenómenos en función de las administraciones y de los promotores que la defienden (Ribot et al., 2006). Nos remite, principalmente, a las nociones de buen gobierno, democratización y gestión localizada en beneficio de la población local, permitiendo cierta mejoría en sus condiciones socioeconómicas y cierta eficacia administrativa (Batterbury y Fernando, 2006). Como lo señala Breton y Blais (Capítulo 1), la descentralización enfrenta, en las regiones costeras, circunstancias complejas. Estas circunstancias se encuentran también en la región oriente de la costa yucateca y se expresan fundamentalmente a través de dos ejes: la administración de la pesca y la conservación de los recursos costeros. El examen de la descentralización nos permitirá arrojar luces sobre estas circunstancias con la ayuda de nociones como región y regionalización.

Argumentamos a continuación que para comprender lo que el proceso de descentralización significa para las poblaciones locales es importante situar éste en el contexto mayor de las regiones y del proceso de regionalización. La región es una noción que varía según los autores (Appadurai, 1999), y a menudo es categorizada de manera vaga. Empero, podemos decir que se define por la heterogeneidad cultural y social de las poblaciones que la habitan y por estar marcada por procesos históricos donde se desarrollan relaciones de poder (Van Young, 1992). Del mismo modo, como lo veremos, es común que las definiciones administrativas ofrecidas por las estructuras políticas y por el entendimiento local de la región difieran entre ellas. En México en general -y el Estado de Yucatán no es la excepción- la regionalización ha sido tributaria de la formación del Estado central del siglo XX, mientras que éste ha integrado las regiones según sus particularidades con el fin de acrecentar su poder (Roberts, 1992). Más recientemente, las regiones mexicanas han sido marcadas por las transformaciones neoliberales que vive el país, cuyo proceso de descentralización es un elemento importante (Joseph y Nugent, 2002). A fin de comprender la descentralización y sus implicaciones para las poblaciones locales y para la gestión de los recursos naturales es importante, entonces, situarla en el proceso de regionalización.

En este contexto, la descentralización se efectúa según diferentes ejes. El primero está relacionado con la administración de los recursos costeros, los cuales han sido marcados en los años 1970-80 por el crecimiento de las intervenciones administrativas del Estado y, en consecuencia, de la burocracia. La región estudiada pasó de un estatus de relativo desinterés por parte del Estado y en beneficio de la iniciativa privada (entre otras cosas, con la producción de sal y de madera en los pueblos de Las Coloradas y El Cuyo) a un estatus de región de pesca en la que el Estado se implicó fuertemente. No obstante, desde hace aproximadamente un decenio es posible constatar un retiro progresivo por parte del Estado de las actividades de la pesca en la región; retiro marcado por el desarrollo de la acuacultura, por un menor respaldo financiero y de recursos humanos al sector social predominante en la región y por la reorientación de los intereses hacia la pesca industrial y de alta mar, principalmente en la costa norte del Pacífico. Estas iniciativas, que representan un aspecto de la descentralización en la región, crean una situación que es vivida por la población más como un abandono de las responsabilidades del Estado hacia los poblados afectados que como una transición bien ordenada de la administración nacional y estatal en provecho de una mejor gestión de los recursos naturales y de una mayor consideración de las perspectivas locales. En este contexto es posible constatar la atomización de los actores, los cuales intentan defender, cada uno de la mejor manera a su alcance, sus intereses y la gestión de sus recursos frente a una administración menguada ante las numerosas transformaciones del sector pesquero.

La conservación del medio ambiente es otro de los ejes que nos permiten abordar los desafíos de la descentralización en el contexto de la gestión local de los recursos naturales y del proceso de regionalización. Así, como lo mencionan Breton y Blais, la conservación ha sido a menudo promovida por agentes internacionales más que por las poblaciones locales. En una perspectiva neoliberal, estas iniciativas de desarrollo sustentable permiten la reestructuración de los mecanismos de gestión del ambiente y de sus poblaciones locales; y se inscriben generalmente dentro de procesos de descentralización mientras nuevas unidades administrativas, como las reservas naturales y las agencias internacionales, toman el relevo del Estado en la administración del medio ambiente y de las poblaciones que lo ocupan (Fisher, 1997). La Reserva de la Biosfera de Ría Lagartos es un ejemplo de este tipo de iniciativas en las que los habitantes no han sido involucrados sino tardíamente en el proceso de gestión. Fraga (2006) ha mostrado cómo los residentes del pueblo de Río Lagartos tenían dificultades para comprender y justificar la aplicación de las reglas de la reserva en los años 1990; por nuestra parte podemos afirmar que esta situación persiste en el contexto de Las Coloradas y de El Cuyo. Independientemente de que emplea a una decena de personas de las comunidades seleccionadas gracias a acuerdos contractuales, la Reserva y sus principios no son bien comprendidos por la población. La Reserva no lleva a la población a su emancipación social, ni a la mejora de sus ingresos, de su situación socioeconómica o incluso de su autodeterminación sobre el territorio y sus recursos. En efecto, como lo veremos después, creada en los años setenta, la Reserva comenzó a integrar a la población dentro de sus iniciativas a partir de los años noventa. Sin embargo, el proceso de participación es todavía ampliamente del tipo top-down; los habitantes sienten poco compromiso y preocupación por la Reserva en la que habitan, mientras que ésta es ahora un punto de encuentro entre la administración estatal, la municipal y la población a través de programas de empleo temporal, entre otros. La Reserva también representa uno de los elementos de la estrategia de descentralización del Estado. Asimismo, a ella se agrega un conjunto de ONGS locales e internacionales puestas en acción a nivel local, pero cuyos objetivos no están siempre definidos de modo claro con respecto a la población de la que buscan ocuparse. De cualquier manera, los pobladores no se integran todavía a dicho proceso administrativo que transforma su región de pesca en una región de conservación, y más bien intentan sacar provecho de los beneficios financieros que algunas veces se desprenden de estas medidas de conservación, delegando en el Estado toda iniciativa para la gestión de los recursos. Veamos ahora de modo más detallado cómo el proceso de regionalización en el que se inserta la descentralización se ha articulado a la región oriente del estado.

El desarrollo costero de Yucatán

El desarrollo de la región costera puede ser dividido en tres etapas principales desde inicios del siglo XX (Fraga 1999). La primera etapa representa un proceso que fue iniciado por el Estado y sus administradores, y al que las poblaciones locales tuvieron que integrarse sin tener mucho poder de decisión. Hasta los años 1940-50, este proceso fue lento y restringido. Las comunidades estaban aisladas de los centros urbanos de Mérida y Tizimín y su población debía desplazarse por vía marítima. La economía estaba ubicada principalmente en la zona interior, y las comunidades servían de zonas de paso para el transporte de la producción henequenera, forestal y chiclera. El puerto de El Cuyo era un punto de acceso para los dueños de las concesiones silvícolas otorgadas por el gobierno a compañías extranjeras a principios del siglo XX. Los pueblos carecían de una buena infraestructura y de las comodidades mínimas; sus habitantes eran en su mayoría mayas que habían sido desplazados durante la Guerra de Castas, y otros eran inmigrantes nacionales e internacionales que habían salido de Cuba, por ejemplo, en busca de una vida mejor. La agricultura, principalmente el cultivo de maíz, era la actividad básica, complementada un poco por la cacería y por la pesca lagunar. También existía la extracción de sal en embalses de evaporación natural o artificial, los cuales eran construidos por los propios habitantes. Las pocas posibilidades de comercializar la producción hacían que prevaleciera una economía de subsistencia. Durante los años cincuenta, la zona costera se transformó paulatinamente debido a la migración desde la costa de pobladores de la zona henequenera hacia el interior. La pesca costera se desarrolló, sobre todo, en el sector de Progreso. Las crecientes inversiones de comerciantes provenientes de la capital originaron un proceso de especulación de los terrenos de las comunidades cercanas a los accesos a Mérida. La producción pesquera, que oscilaba en ese momento en alrededor de 1,000 toneladas por año, fue estimulada por la entrada de motores y de nuevos medios de conservación del producto (hielo y cámaras frías). En dos décadas, el volumen de captura de las pequeñas embarcaciones alcanzó las 20,000 toneladas por año.

En los años sesenta empezó la segunda etapa de desarrollo de la región costera, la cual estuvo íntimamente ligada a la crisis del henequén (Breton y Labrecque, 1982). Ante el declive de esta industria, el gobierno estableció un programa de diversificación económica que buscaba trasladar a los productores hacia otras actividades, principalmente pesqueras. Se construyó, entonces, infraestructura portuaria y zonas de abrigo para las embarcaciones de las ciénegas; además de que se amplió la disponibilidad de crédito y se construyeron nuevas carreteras entre la capital y las comunidades costeras. En este periodo los pueblos se modernizaron con la llegada de la electricidad y la construcción de acueductos. El número de pescadores se triplicó y el de las embarcaciones se duplicó (Fraga, 1999). En ese entonces las principales especies eran el pargo, el pulpo, el tiburón, la langosta, el pámpano y el camarón. Durante los años setenta y ochenta, la migración experimentó un auge debido a los problemas de la producción de henequén que fueron paliados con fondos del banco rural (Banrural). A la par de las cooperativas ya establecidas en estas comunidades, asistimos en este periodo a la creación de numerosas unidades ejidales de producción pesquera y de sociedades de solidaridad social (derivadas de la asistencia del Pronasol en 1989 y constituidas por pescadores provenientes de cooperativas débiles), las cuales tenían el propósito de integrar a los nuevos inmigrantes a las zonas costeras. Las primeras cooperativas tuvieron cierto éxito, pero las nuevas unidades no tuvieron la misma suerte; de hecho, fueron mermadas por la falta de capacitación y por la ausencia de apoyo administrativo, técnico y financiero, aunque en un principio, y por breves temporadas, tuvieron acceso a cuantiosas sumas de dinero. Como lo subraya Fraga (1999), para muchos pequeños agricultores y productores de henequén la posibilidad de insertarse en estas organizaciones y de ser apoyados por el Estado representaba una estrategia económica a corto plazo. Sin embargo, luego del fracaso de estas iniciativas, estos “nuevos” pescadores pasaron a ser “independientes” o “libres” para ser contratados posteriormente por permisionarios privados; situación que modificó una vez más la organización socioeconómica de la costa.

De manera paralela, es posible constatar el aumento de las actividades ganaderas, las cuales han generado ingresos considerables a los involucrados, creando una situación que también ha incrementado las diferencias económicas entre la población costera. De hecho, los pescadores que lograron acumular un poco de dinero, compraron pequeños ranchos al sur de la zona costera donde es factible la ganadería. Si bien ésta procura un ingreso satisfactorio a sus dueños, también es cierto que emplea poca gente y que implica la expulsión de algunos pobladores. La ganadería requiere de grandes pastizales, de manera que los ganaderos deben talar el monte y transformar de este modo zonas típicamente agrícolas¹. Por una parte, las actividades silvícolas han desaparecido prácticamente de la región, eliminando así muchos empleos. Por otra parte, los miembros de los ejidos han convertido cada vez en mayor medida sus parcelas en pastizales, aislando en consecuencia las tierras utilizadas para la milpa. Al mismo tiempo, los agricultores se enfrentan a la disminución del crédito, a bajos precios para la venta del maíz y a pocas alternativas en un mercado cada vez más inestable. Los que no pueden seguir cultivando milpa o integrarse a la ganadería, ya sea como dueños o como empleados, no tienen otra alternativa que migrar, generalmente hacia la costa.

Finalmente, la tercera etapa de este proceso de regionalización costera empieza a principios de los años noventa y está marcada por la disminución de los recursos costeros, notablemente en la producción pesquera. Conjuntamente se incrementa el trabajo necesario, en términos de tiempo y de distancia, para alcanzar los habituales volúmenes de captura. Asimismo, con la modificación del Artículo 27 constitucional en 1992, las especies que estaban tradicionalmente reservadas para las cooperativas, quedan disponibles para otros tipos de organizaciones y para los productores privados; lo que ha afectado negativamente a las cooperativas que, según ciertos informantes, además pierden eficacia. Asistimos, entonces, a un aumento del control por parte de los productores privados que se apropian de una gran parte de la producción y de la comercialización, mientras las cooperativas y las asociaciones del sector social padecen dificultades. Diversos conflictos emergen continuamente entre las comunidades de pescadores, pues algunos de ellos pescan en aguas que “tradicionalmente” no les pertenecen. Esta situación es evidente en el área de estudio, donde los pescadores locales mencionan que actualmente gente proveniente de Dzilam, Progreso y aun de Campeche explota las zonas que anteriormente eran aprovechadas por las cooperativas de la región, deteriorando el medio ambiente pues sus artes de pesca son más sofisticadas. Estas condiciones han incitado a las comunidades de San Felipe a promover la creación de una reserva marina (Doyon y Fraga, 2005). En el caso de las comunidades referidas en este capítulo veremos que han desarrollado otras estrategias, como es el caso del turismo.

¹ La ganadería ocupa el 52% de la superficie de la región. Entre 1985 y 1990 esta actividad destruyó el 33% de la superficie regional. Sin embargo, este aumento en la ocupación de las tierras no corresponde a un incremento de la productividad, puesto que el ganado ha desminuido (Paré y Fraga, 1994).

De hecho, la zona costera yucateca se enfrenta a la intensificación del deterioro ambiental en un proceso que se encuentra en marcha desde hace ya algunas décadas. Acaece, principalmente, la destrucción de los ecosistemas de manglares, estuarios, lagunas y ciénegas debido a la expansión urbana, a la producción de sal y a la construcción de carreteras que frenan la circulación de agua hacia zonas anegables. Sin embargo, contrariamente a lo que prevalece en otros estados mexicanos, en las zonas costeras yucatecas existen varias iniciativas de conservación ambiental. Entre otras, existen dos reservas federales (Río Lagartos² y Celestún) y dos reservas estatales (El Palmar y Las Bocas de Dzilam) en la zona costera. Estas iniciativas aparecieron en los años ochenta y han sido estimuladas por numerosas organizaciones internacionales, por ejemplo, la Audubon Society, la Ducks Unlimited y el PNUD; actualmente, unas 10 de ellas están activas en la región (Faust et al., 2006:197). Estas iniciativas de conservación forman parte de un proceso más amplio de manejo ambiental, el cual se inscribe dentro de diversas políticas nacionales e internacionales y sin carecer de vínculos con el desarrollo del neoliberalismo mexicano.

Vemos, entonces, a través de esta breve exploración del pasado de la regionalización de la costa, que en un primer momento la zona costera estaba considerada simplemente como una extensión de las regiones internas del estado que contaban con modalidades específicas de explotación de los recursos naturales. Posteriormente, sobre todo después de la crisis del henequén, el Estado cambió de perspectiva con respecto a la costa y revaloró la producción pesquera. Otras actividades fueron descuidadas en beneficio de la pesca bajo el supuesto de que permitiría al estado reorientar la economía. Finalmente, la baja en las capturas y el deterioro del medio ambiente se encuentran en la base de la última etapa de la regionalización, en la cual el Estado desarrolla políticas y prácticas de conservación. Estas iniciativas conservacionistas, que también deben ser ligadas a los cambios en la administración de la pesca, transformaron las actividades locales y las prácticas tradicionales de la población de esas regiones. Hasta hoy y por encima de sus propios intereses, la población local ha sido parte de estas transformaciones de la región costera. Sin embargo, es importante resaltar que la percepción y la experiencia de los habitantes de las comunidades costeras respecto a sus propias regiones no corresponden necesariamente a las definiciones administrativas del Estado. En efecto, como es posible constatarlo en los pueblos de Río Lagartos, Las Coloradas y El Cuyo, sus habitantes no han asimilado la costa a la categoría de área de conservación. En este sentido, varios individuos no están enterados, al menos en un primer momento, de que habitan en una reserva de la biosfera; y tampoco reconocen ni les interesan las actividades realizadas por la reserva. A menudo consideran injustas esas iniciativas y a veces incluso las ven como ligadas a ciertas prácticas de corrupción. Pero, más que todo, la reserva y sus principios no corresponden a su realidad, a sus preocupaciones, a su vida cotidiana. Así, la definición de la región costera según estas localidades, que son muy diferentes entre sí, gravita más bien alrededor de la pesca cooperativista y privada), el turismo y la producción de sal. Veamos a continuación cómo esta situación se articula con la descentralización.

² Para más detalles sobre la Reserva de Ría Lagartos, ver Fraga 1999 y 2006.

Comunidades costeras del oriente: heterogeneidad y atomización

Presentaremos los desafíos ligados a la descentralización, en primer lugar, a través de la breve presentación de las tres comunidades seleccionadas y, posteriormente, mediante tres problemáticas a las que las mismas hacen frente: la pesca, el turismo y la conservación en la reserva de Ría Lagartos. Veremos que las comunidades enfrentan dificultades similares, aunque no por ello relativamente diferentes entre sí en función de sus actores sociales y de sus intereses socioeconómicos y políticos.

El pueblo de Río Lagartos cuenta con un poco más de 2,000 habitantes. Es la cabecera municipal del municipio de Río Lagartos, que incluye el pueblo de Las Coloradas del que nos ocuparemos más adelante. El pueblo tiene una vocación pesquera y emplea alrededor de 400 pescadores repartidos en dos cooperativas. Hasta hace unos 10 años la pesca aseguraba un ingreso decente segun los pescadores, pero a partir de entonces éstos se sienten insatisfechos con los ingresos que les procura, pues a menudo apenas pueden pagar los costos de operación. Las especies capturadas son las de escama, la langosta y el pulpo. Entre 20 y 30 familias viven también de la pesca del maxquil que es utilizado como carnada en la pesca del pulpo. Las cooperativas del pueblo disponen de los permisos para la pesca de estas especies, los cuales negocian a través de la Federación de pescadores del Oriente, en la que se incluyen también las cooperativas de El Cuyo y de San Felipe. Si bien la pesca es la actividad más practicada por los habitantes del pueblo de Río Lagartos, también es posible encontrar una treintena de personas que trabajan en las maquiladoras de Tizimín y de Panabá; así como 33 pescadores reagrupados en la formación de tres cooperativas de turismo que se constituyeron hace 10 años y se integraron dentro de una asociación hace dos. Éstas ofrecen diversas actividades: pesca deportiva, observación de aves, cocodrilos, tortugas; el “baño maya”; el paseo a pie; y el baño en los cenotes. También desde mucho antes existe otro grupo que se dedica al turismo y que ofrece, además de esas actividades, el servicio de alimentación (restaurante) y de hospedaje. Estas cooperativas están autorizadas por la SEMARNAP mediante el pago de un permiso.

Desde 2005 deben obtener también la autorización de la Reserva y pagar el permiso correspondiente, pues el lugar es ofrecido por los promotores como parte de sus servicios a los turistas. Los administradores de la Reserva tienen una empleada ubicada en un kiosco cercano al lugar en el que los turistas se embarcan, lo que permite a la administración estar al corriente de las actividades turísticas que se desarrollan en la Reserva y en el pueblo. Otro grupo menos numeroso se dedica también a la ganadería en las tierras que rodean el sur del poblado, empero, esta actividad más bien se desarrolla cuando la pesca es mala. Después de todo, estas actividades son complementarias a la pesca, aunque no por ello menos importantes pues en el contexto de la disminución de las capturas su futuro incremento parece inevitable.

El pueblo de Las Coloradas, perteneciente al municipio de Río Lagartos, se encuentra a una veintena de kilómetros al este del pueblo de Río Lagartos y está habitado por una población de alrededor de 1,000 habitantes. Esta localidad fue considerada por mucho tiempo como un rancho, cuyas tierras eran propiedad de la familia Roche, propietaria de la empresa salinera que ahí se encuentra. Esta familia fundó la empresa en 1946 con una producción artesanal que empleaba a numerosas personas provenientes de todo el estado de Yucatán. Así, el pueblo fue conformado por habitantes provenientes de diversas regiones, quienes migraron en busca de trabajo durante periodos difíciles en la medida en que ya no podían emplearse en la industria del henequén, principalmente. El trabajo de extracción de sal en esa época era sumamente arduo y las condiciones de trabajo prácticamente de esclavitud. Los propietarios de la empresa alojaban a los empleados en dormitorios durante la vigencia de sus contratos que iban de algunas semanas a algunos meses. Con el paso de los años, la empresa construyó casas para que se establecieran algunos de sus trabajadores, y posteriormente completó la construcción de viviendas para que vivieran todos sus empleados, pero la empresa era la propietaria de los terrenos y de las casas, y también era la misma empresa la que proveía a los habitantes del pueblo de agua y de electricidad. La localidad era entonces estructural y financieramente independiente de los otros pueblos de la costa y de Río Lagartos en particular. Luego de diversas luchas llevadas al cabo por los trabajadores que formaron un sindicato en 1978, las condiciones de trabajo cambiaron en los años 1980. En este proceso la localidad fue anexada a Río Lagartos y los trabajadores pudieron comprar sus viviendas y convertirse en sus propietarios, aunque no de los terrenos. De todos modos, la empresa mantuvo relaciones de exclusividad y dominio en el pueblo, pues proveía cupones a los trabajadores para que se abastecieran en su propia tienda y para que se divirtieran en el casino también de su propiedad.

Las relaciones entre Las Coloradas y Ría Lagartos son tensas, en virtud de que los habitantes de Las Coloradas consideran que son tratados como ciudadanos de segunda clase por la administración de Ría Lagartos. Estiman que no reciben los mismos servicios, pues han dejado de recibir las aportaciones de la empresa salinera. Aunque la empresa ya no detenta las funciones correspondientes a la municipalidad, todavía tiene injerencia en la vida de la comunidad: subvencionó la construcción de la escuela y de la comisaría e inauguró una nueva iglesia en 2006. La empresa es todavía la propietaria de las tierras de la comunidad y nadie puede comprar un terreno; el pueblo tampoco puede crecer ni tiene derecho a construir un edificio (para el turismo, entre otros propósitos) o llevar a cabo cualquier otra iniciativa en las tierras del poblado. Los habitantes tienen que pedirle autorización a la empresa para cualquier actividad que decidan realizar. Por otra parte, el funcionamiento de la empresa salinera, que es un motor económico capital para la región, genera importantes consecuencias negativas para el ambiente. Pese a ello, la empresa ha podido continuar con sus actividades e incluso crecer en el marco de la Reserva de la Biosfera de la que ocupa 8,000 hectáreas.

La empresa salinera es, entonces, el principal empleador de los habitantes del pueblo pues ocupa a cerca de 300 trabajadores, todos del género masculino. En general, los empleados consideran satisfactorio el trabajo dado que les asegura un buen ingreso mensual y les ofrece la posibilidad de comprar a crédito equipo electrodoméstico, además de que les provee un seguro y una pensión para el retiro. Por consiguiente, los empleos de la salinera son muy demandados y varias personas esperan en una lista de espera. Para ser un empleado de la empresa es necesario ser hijo de un empleado actual o retirado; pero ello no excluye la posibilidad de tener que esperar varios años antes de beneficiarse con un puesto en vista de que el trabajo en la empresa es muy restringido. Es por eso que todos los años varias personas deciden mejor dedicarse a la pesca en lugar de intentar su ingreso a esta empresa. Por lo demás, un número significativo de cerca de 100 personas optó por la pesca a finales de los años ochenta. Como luego del huracán Gilberto los propietarios cerraron temporalmente la empresa a causa de los daños, los trabajadores viven temerosos de que algo similar vuelva a ocurrir y los condene al desempleo por un periodo indeterminado. Asimismo, la empresa refuerza continuamente las vallas metálicas de las salinas a fin de evitar que sean destruidas por el agua y el viento y para no permitir que el agua de mar penetre y contamine la producción. La sal es destinada a usos industriales en la ciudad de México; esta empresa, por cierto, es la segunda salinera en importancia en el país después de “Guerrero Negro” en Baja California Sur.

Actualmente existen en la comunidad tres cooperativas de pesca que se dedican a la pesca de escama y de pulpo. Estas cooperativas son relativamente pequeñas (integran de 20 a 30 miembros) y poseen pocos recursos, además de que registran antecedentes de problemas económicos que han marcado su evolución e hipotecado su situación financiera. Uno de los principales problemas de estos pescadores es que no forman parte de la Federación de Pescadores del Oriente; las razones de esto mencionadas por los pescadores son numerosas, pero se reagrupan en dos principales: 1) la falta de organización interna en Las Coloradas entre los pescadores y las cooperativas; y 2) problemas con la Federación, que no acepta su ingreso con el fin de conservar su predominio en la producción de langosta. Así, les está prohibido pescar esta especie que genera los mayores ingresos para los pescadores y que les asegura, en general, el salario durante el año entero. Igualmente, las cooperativas de El Cuyo y de Río Lagartos no reconocen el territorio de pesca de Las Coloradas como tal, lo que hace que los pescadores de este lugar se sientan perjudicados, pues los pescadores de otras comunidades, luego de sobreexplotar los recursos que les corresponden, vienen ahora a pescar en su territorio privándolos de su pesca. Diversos conflictos, a veces violentos, han surgido, en especial con los pescadores de Río Lagartos, y las tensiones persisten hasta la actualidad. En lo que se refiere a la pesca lagunera es muy poco practicada por los pescadores. En primer lugar, porque no pueden hacerse de un muelle de embarque cerca de las salinas que dan sobre la laguna, pues, y ésta es la segunda causa, los costos de transporte les resultan prohibitivos. Empero, es posible encontrar numerosas personas que, además de trabajar en la salinera, pescan en el andén que liga Río Lagartos con Las Coloradas (este muelle fue construido por la empresa salinera, pues anteriormente sólo era posible acceder a Las Coloradas por el pueblo de El Cuyo en la estación seca, o por mar). Una treintena de personas de Las Coloradas trabajan también en las maquiladoras.

Contrariamente a lo que ocurre en Río Lagartos y El Cuyo, el turismo no se desarrolla en Las Coloradas pues impedimentos relacionados con la tenencia de la tierra le impiden construir instalaciones para recibir turistas. Una familia posee cabañas en sus terrenos para hospedar turistas, pero están desocupadas la mayor parte del tiempo. Además, los habitantes de Las Coloradas afirman que no cuentan con la oportunidad de recibir turistas porque éstos son acaparados por las empresas de Río Lagartos que no quieren perder clientela. Los lugareños están decepcionados ante esta situación, pues afirman que los atractivos naturales que los turistas visitan, como los baños de sal o los flamencos, se encuentran justo en Las Coloradas y los beneficios de esta actividad deberían llegar también a ellos. Por último agreguemos que algunas personas han podido comprar solares en los ejidos vecinos, principalmente en Loche y Tizimín, donde practican, a pequeña escala, agricultura de subsistencia y un poco de ganadería, pero esta actividad es marginal ya que son pocas las personas que han podido reunir el capital necesario para estas adquisiciones. Un grupo de mujeres ha desarrollado también un pequeño proyecto de agricultura biológica urbana; no obstante, como el proyecto, financiado por el PNUD, exigía que el cultivo se encontrara sobre suelo, e incluso terreno, en el que todas esas mujeres pudieran trabajar, el problema de la propiedad de la tierra condujo a que cada una de las mujeres desarrollara por separado y en su propio terreno su pequeño cultivo.

Por su parte, el pueblo de El Cuyo se encuentra a 34 kilómetros de Las Coloradas sobre la costa, pero solamente se puede llegar hasta ahí por tierra, pues la ruta costera no tiene mantenimiento y es intransitable desde la construcción del puente que liga Las Coloradas con Río Lagartos. Antaño, el pueblo de El Cuyo era un puerto de carga para las compañías forestales extranjeras que tenían concesiones silvícolas en tierra firme. Estas actividades cesaron recientemente y el pueblo de 1,700 habitantes se dedica en la actualidad a la pesca principalmente. Posee dos cooperativas que cuentan con 88 embarcaciones y emplean alrededor de 130 pescadores. Además, en el lugar se encuentran 6 permisionarios que poseen 277 embarcaciones y que emplean, según nuestros cálculos, más de 500 pescadores. Ahí se pesca pulpo, langosta y escama. Las cooperativas de El Cuyo también forman parte de la Federación de pescadores y sus intereses son defendidos por esta organización. Algunas personas se dedican también a la agricultura en ranchos que se encuentran fuera del poblado. Aún cuentan con milpas 38 personas. El pueblo de El Cuyo se dedica también al turismo: dos hoteles y dos servicios de cabañas funcionan principalmente en temporada alta. Actualmente, alrededor de 30 personas intentan formar algunas cooperativas de ecoturismo. Las actividades practicadas son menos numerosas que las realizadas en Río Lagartos: la observación de aves y la pesca deportiva. Uno encuentra en El Cuyo pobladores que son originarios principalmente de la región y del estado, aunque desde hace unos 20 años también es posible encontrar habitantes provenientes de otros estados de la República, principalmente de Chiapas y de Veracruz; diversos conflictos en sus lugares de origen están en la base de estas migraciones. Estos migrantes trabajan principalmente como empleados de los permisionarios o en la agricultura, y se mezclan muy poco con los otros habitantes del pueblo. En el Cuyo hay cerca de 40 casas de verano cuyos propietarios son de otras partes del estado, principalmente de Valladolid y de Tizimín. Algunas de estas casas son también propiedad de extranjeros que las rentan a los turistas. Todas estas viviendas están situadas frente al mar, lo que da lugar a diferentes riesgos y oportunidades en lo que se refiere a la tenencia de la tierra. Los habitantes del pueblo perciben esta situación de diferentes maneras: algunos ven las ventajas ligadas a la dinamización de la economía local, pero otros son más desconfiados ante el aumento de los precios de las propiedades y ante el hecho de que sean extranjeros quienes ocupan esa área, pues consideran que otras personas de la comunidad podrían ocuparla y utilizarla para poner en marcha actividades turísticas. Dada su proximidad con el estado de Quintana Roo y con la isla de Holbox, el pueblo cuenta también con la visita de turistas internacionales, sobre todo, desde hace tres años. Al igual que el pueblo de Río Lagartos, el pueblo de El Cuyo posee diferentes restaurantes para los turistas y visitantes, y a diferencia de Las Coloradas que no está organizado para atender turistas y visitantes y donde no es posible encontrar más que una cantina y una lonchería. El Cuyo es parte del municipio de Tizimín del que es el único pueblo costero. El hecho de que su peso demográfico sea relativamente insignificante tiene un impacto en el desarrollo económico y en la promoción del pueblo al interior del municipio. Por lo demás, algunos pobladores piensan que como es el único pueblo costero del municipio, El Cuyo es de particular importancia para Tizimín sobre todo en lo que se refiere a su potencial turístico.

Los desafíos de la descentralización: discusión final

Estas tres comunidades comparten algunos elementos en común. Por principio, se sienten completamente abandonadas por el poder político, y aisladas del resto del estado a niveles social, económico y físico. En efecto, en lo que se refiere a las comunidades de El Cuyo y de Las Coloradas, el hecho de que se encuentren anexas a un municipio hace que no se sientan incluidas, salvo en periodos electorales, en el interés de quienes toman las decisiones políticas en el municipio. En consecuencia, no perciben que los esfuerzos en favor del desarrollo económico del municipio sean repartidos de modo equitativo entre las localidades y la cabecera municipal. En lo que se refiere a Río Lagartos, la situación es diferente ya que es cabecera municipal, pero igualmente sus habitantes sienten que un mayor interés por parte del gobierno estatal hacia su comunidad tendría efectos claros en su desarrollo. Los tres poblados se encuentran en una región designada como ganadera, aun cuando sus actividades son principalmente pesqueras, lo que nos permite constatar una fractura entre sus intereses y los del estado. Además, las tres localidades se encuentran bastante alejadas de Mérida, la ciudad capital, y consideran que no participan activamente en las decisiones políticas, ni les llegan muchos beneficios económicos ni acciones de desarrollo. En efecto, sólo luego del ciclón Isidoro se pudo constatar cierta mejoría en la calidad de vida de estas comunidades, ya que entonces se pudieron beneficiar de los programas gubernamentales de emergencia ante siniestros, particularmente con la construcción de pequeñas casas de cemento para las familias damnificadas (casas del Fondo Nacional de Desastres –FONDEN). El aislamiento físico está ligado a esta situación que también puede estar vinculada a la precariedad ambiental de la región. En efecto, puesto que los poblados están construidos entre la laguna y el mar, los habitantes están conscientes de que un ciclón particularmente violento podría reducir a la nada sus pueblos y su modo de vida. Así, los informantes nos han dicho repetidas veces que se sienten como si habitaran en una isla que en cada estación corre el riesgo de inundarse y desaparecer.

El sentimiento de impotencia se incrementa por la importante emigración que experimentan estas comunidades. Las estadísticas indican que en 2002, 30,000 personas emigraron de Yucatán, pero estas cifras no están disponibles a nivel de la comunidad. De cualquier manera, según nuestras observaciones, al menos un miembro de cada una de las familias se encuentra trabajando en los centros turísticos de Quintana Roo, principalmente en Playa del Carmen y en Cancún. Estos empleos precarios les permiten, pese a todo, enviar un poco de dinero a sus familias y les aseguran un pequeño ingreso en tiempos difíciles, particularmente cuando la pesca es mala. Esta situación lleva a que los pueblos pierdan su población, principalmente la masculina y joven, que emigra para trabajar; y causa también numerosos problemas sociales que difícilmente pueden enfrentarse a la distancia, como el alcoholismo, la drogadicción y la delincuencia menor que a menudo practican individuos que se encuentran perdidos en las grandes ciudades turísticas. Otra de las características compartidas por estos pueblos es el chovinismo, pues cada uno sobrestima su espacio de vida respecto al de los otros pueblos de la costa en los que hay más problemas y más conflictos, en contraste con el ambiente tranquilo que perciben en su propio pueblo. Cada uno se considera diferente de los otros y no se asocia de manera identitaria con los demás. Comparten entre ellos el hecho de considerarse diferentes. Desde luego, estos pueblos difieren entre ellos, aun cuando compartan un modo de vida ligado a la pesca, pues en efecto los problemas a los que se enfrentan son diferentes y también los intereses que representan. De manera que si bien los desafíos ligados a la descentralización están vinculados a estas diferencias y a la percepción que de ellas tienen los pueblos, es posible relacionar las consecuencias de la descentralización con tres problemáticas: la pesca, el turismo y la reserva.

La cuestión de la pesca es un problema para las tres comunidades, las cuales, sin embargo, lo viven de manera diferente. Así, la pesca disminuye para cada uno de los grupos y los individuos se encuentran ante opciones difíciles de vida: ¿Invertir en alguna otra actividad?, pero, ¿cuál?, ¿emigrar? En el proceso de descentralización, las cooperativas de pesca ya no son tan favoresidas por el Estado que invierte cada vez menos en ellas y favorece más bien la acuacultura que no es desarrollada en la región. Las ventajas de los préstamos para la compra de equipo y las de la reagrupación en cooperativas no son ya tan claras como antaño, lo que produce cierta atomización. Los pescadores dicen contar con préstamos ventajosos para la compra de motores ecológicos, pero no pueden remplazar las piezas facilmente; se quejan además de esperas interminables para poder entrevistarse con los representantes de pesca que anteriormente trataban de modo habitual y con frecuencia. La Federación posibilita la defensa de los intereses de los pescadores de Río Lagartos y de El Cuyo, pero deja de lado a una centena de pescadores de Las Coloradas que carecen de representación. Las alternativas a la pesca son pocas y ha surgido cierta desorganización social a nivel local. Las diferencias entre Río Lagartos y El Cuyo en el campo de la pesca actúan de forma tal que los intereses de ambas comunidades también divergen; El Cuyo es más estimulado económicamente por los permisionarios, aunque las cooperativas gocen de mayor poder social. En este contexto, articulada a través de las políticas públicas, la descentralización no es favorable para los pescadores ni para sus comunidades que están habituadas a contar con el apoyo del Estado y carecen de otros medios ante el declive de su actividad económica. Cada uno intenta, entonces, salir bien librado del juego mediante la búsqueda de alternativas económicas, lo que implica también cierta atomización social.

La cuestión del desarrollo turístico sale a flote ante la disminución de la pesca. Empero, en un contexto de descentralización, los habitantes locales experimentan dificultades para hacer valer sus intereses y para obtener el apoyo necesario para el desarrollo de sus proyectos. El Estado parece poco abierto, interesado o favorable a este tipo de iniciativas turísticas de pequeña escala, lo que resulta en beneficio de los centros turísticos de Quintana Roo. Ello vuelve difícil la puesta en marcha de este tipo de actividades, a pesar de que constituyen en este momento una de las pocas alternativas a la pesca. Justamente en el caso de la pesca y el turismo es posible constatar cierta atomización grupal en el seno de estas comunidades, así como entre las comunidades del oriente: cada una intenta asegurar sus propios intereses antes que pensar en estrategias regionales locales que probablemente producirían beneficios para la mayoría en el contexto de la descentralización. Además, las posibilidades de que las comunidades puedan trabajar las tierras costeras para levantar ahí infraestructura y centros turísticos, se desvanecen aun más con el hecho de que esas tierras son zona federal -como todas las costas de México. Asimismo, la Reserva de la Biosfera, que está orientada hacia la protección y conservación ambiental de esas tierras, vuelve todavía más clara la imposibilidad del desarrollo turístico, e incluso ecoturístico, en esas zonas para el beneficio de la población local. Las dificultades económicas que viven estos pueblos los llevan hacia la atomización más que hacia el reagrupamiento, de manera que los mecanismos de la descentralización no podrán servir en este caso sino en provecho del pequeño grupo que toma las decisiones. De suerte que la política del “cada quien ve por sí mismo” parece por el momento más provechosa a los ojos de los actores locales.

Los pueblos referidos son similares también en cuanto a su posición en y con respecto a la Reserva de la Biosfera. En cada uno de ellos es posible encontrar puestos de la Reserva en los que se efectúan controles de la flora y la fauna, así como diversas investigaciones. Sin embargo, los habitantes de los pueblos participan muy poco en estas investigaciones; a veces son invitados a la realización de pequeños trabajos o a reuniones de capacitación. Es posible encontrar también en los tres pueblos una decena de personas empleadas por contrato en la Reserva, quienes se ocupan de la vigilancia, la distribución de permisos o la observación de la anidación de las tortugas y de los flamencos rosados; no obstante, se trata de empleos precarios y que no son seguros de un año al otro, por lo tanto, no constituyen para los habitantes una fuente de empleo o de apoyo al que puedan recurrir. La Reserva no efectúa proyectos junto con la población y no invierte en proyectos comunitarios de desarrollo sustentable en los cuales los habitantes podrían participar. Además, por lo general los empleados regulares de la Reserva vienen de Mérida para trabajar, se quedan por cortos periodos y no permanecen en los pueblos de manera duradera. Los estudiantes que trabajan y efectúan sus proyectos de investigación en la Reserva radican relativamente lejos de los poblados y no comparten su cotidianeidad. Es posible encontrar, en fin, personas que realizan trabajo voluntario y que provienen de otros estados e incluso de otros países para proteger los recursos naturales, especialmente las tortugas. Los pobladores, entonces, no participan en la Reserva y no se identifican con ella, ni aun cuando el Estado intenta crear un catalizador social y económico de la región, así como una herramienta de descentralización mediante pequeños proyectos que pasan por la Reserva y por la SEMARNAP, como es el caso de los empleos temporales ofrecidos en el periodo de crisis de la pesca. Esta regionalización administrativa de la costa a través de la Reserva no es apropiada para sus habitantes, y si bien en la actualidad casi no existen conflictos entre los habitantes y la Reserva en torno a las restricciones que ésta establece en la utilización de los recursos naturales, varias personas se preguntan todavía por qué deben aceptarlas pues consideran que no se aplican a sus casos. Los principios de “cercanía en la gestión”, que implican compartir el poder de decisión y el poder económico, no se encuentran en este orden regional y por tanto no se registran efectos positivos en las poblaciones locales. Esta situación acarrea aún más sospechas por parte de los pobladores, pues les parece que la Reserva no trabaja como debiera: para y con la población.

Así, es posible constatar que las comunidades costeras del oriente comparten la misma marginalización y viven desafíos similares en los planos económico, social y político. Estos desafíos son exacerbados por las políticas y las diversas iniciativas de descentralización desarrolladas desde hace casi un decenio en la región. La situación de aislamiento y precariedad vivida por las poblaciones costeras implica, de acuerdo con nuestras observaciones, el aumento del individualismo y la fragmentación social. El hecho de que el poder de decisión y la responsabilidad de los actores locales no sean aprovechados, acarrea, entre otras consecuencias, la multiplicación de los esfuerzos individuales y el incremento de la competencia por los recursos entre los actores y entre las comunidades, lo que a su vez se traduce, aunque no de modo exclusivo, en la diversidad de orientaciones socioeconómicas que toman las comunidades para asegurar su subsistencia. Esta diferenciación en el seno de un mismo proceso de regionalización es, entonces, un factor importante que influye en la descentralización y que no es privativo de la región del oriente. Así, los administradores, tanto del Estado como de otras organizaciones (es importante destacar que el papel de las ONG, cuya presencia es hoy casi invisible en los pueblos, podría ser mucho mayor en la región) que siguen los preceptos de la descentralización, tendrán que concentrar sus esfuerzos en la manera de asegurar que este proceso pueda favorecer la cohesión regional en mayor medida, y, del mismo modo, contribuir a la reducción de las dificultades que enfrentan las comunidades y sus pobladores.

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