Document(s) 9 of 23

Introducción

Entre muchos procesos, la globalización es proclive -especialmente en los países que aspiran a ingresar en el Club de los Ricos- al incremento de la eficacia y la democratización de sus sociedades; la descentralización es, en cierto modo, una bisagra que permite la mejor articulación de estos dos conceptos. La eficacia pretende mejores condiciones de competitividad (sectoriales y regionales) en el marco del neoliberalismo. La democratización, por su parte, está supuestamente en la base de la búsqueda de una mayor equidad: de género, de acceso a los recursos y a las oportunidades, en la redistribución de la riqueza, en la toma de decisiones, en la capacidad de gestión, etc.

La descentralización ha sido definida como el “proceso mediante el cual se transfiere una parte del poder del Estado a entidades políticas o administrativas de un escalón inferior”, y se ha identificado con una mejor distribución de competencias entre el “centro” y la “periferia” políticas, mediante la cesión de nuevos cometidos a las colectividades locales favoreciendo la reducción de lapsos en la toma de decisiones. En este sentido, investigadores como Ohnet (2003: 225) han puesto de manifiesto la importancia actual del fenómeno en muchos países y han identificado la descentralización con las ideas de modernización del Estado y de profundización de la democracia.

^* Catedrático de Análisis Geográfico Regional. Este trabajo forma parte de las conclusiones del proyecto BSO2002-01984 y de las propuestas teóricas del proyecto SEJ2005-05650/GEOG en el que participan investigadores del CINVESTAV-Mérida, la UNAM y la UCM. Entre éstos quiero agradecer personalmente sus aportaciones a Matilde Córdoba, Julia Fraga y Ana García de Fuentes.

En esta línea, actualmente prevalece el concepto de descentralización asociado esencialmente a sus connotaciones sociales (políticas y administrativas sobre todo), pero se olvida con frecuencia su sentido geográfico perdiendo de vista, en consecuencia, una reflexión territorial (y espacial) que podría ayudar a su mejor comprensión y aplicación.

Pero para un geógrafo de campo es muy difícil hablar de descentralización en sentido abstracto, es decir, sin referencias a escalas o territorios concretos; tanto más cuanto que vivimos inmersos en un momento de extremada volatilidad e indefinición conceptual en el que proliferan muchos neologismos aún no bien digeridos por el corpus científico: globalización, mundialización, glocalización, re/des-localización, re/des-territorialización, empoderamiento, gobernanza, sostenibilidad, desregulación. Neologismos que, además, afrontan una dialéctica que contrapone los discursos y las prácticas y, sobre todo, un conflicto escalar entre dos extremos: lo global y lo local.

Centralidad y marginalidad: una perspectiva geográfica

Indagar geográficamente en la descentralización supone partir del efecto que la motiva, la centralización y, en consecuencia, del origen de ésta: la centralidad.

La centralidad es, en principio y en sentido estricto, una cualidad topológica derivada del espacio euclidiano y como tal se suele aceptar que es una plusvalía espacial desde el punto de vista de la eficacia económica y social relacionada con las condiciones de movilidad de la población. Muchos ejemplos dan cuenta de este fenómeno: ciudades, territorios y hasta países han sacado partido de una situación central con respecto a un sistema de relaciones determinado en el tiempo y en el espacio. Ciertas islas o escalas técnicas, por ejemplo, vivieron una época de florecimiento asociada a la escasa autonomía de vuelo de las aeronaves: Azores, Cabo Verde, Terranova en el ámbito atlántico; Hawai en el pacífico. Países como Suiza o la R.D. del Congo han construido su compleja identidad en base a una situación central privilegiada o disputada. Pero los ejemplos más numerosos conciernen a las ciudades y en particular a las capitales políticas y administrativas, muchas de las cuales se han amparado en la situación central respecto a sus territorios para lograr una gestión y un control más eficaz: Roma tanto en el antiguo imperio como en la actual Italia, Madrid en España, Ankara en Turquía, Tokio en Japón, Santiago en Chile, entre otras. A otro nivel, Hermosillo, Chihuahua, Culiacán o Oaxaca en sus respectivos estados.

Esta centralidad euclidiana favorece a menudo la atracción de funciones que refuerzan la importancia de una situación privilegiada, generándose un proceso de retroalimentación que es difícil controlar, tanto más cuanto que esta aglomeración se sustenta en la inercia histórica. La centralidad original (una cualidad) llega a generar una coalescencia de competencias que podemos denominar centralización (un problema). Problema en la medida en que la aglomeración excesiva limita la eficacia de las economías de escala, creando fenómenos de saturación que hacen aconsejable procesos inversos de desaglomeración y/o descentralización. Ciudad de México es uno de los casos paradigmáticos de este modelo: un largo proceso histórico en el que se han superpuesto diferentes formas de dominación del territorio que la elevaron al rango de capital federal; función que favoreció no sólo la coalescencia de funciones políticas y administrativas sino también las económicas (financieras, industriales, servicios) hasta que el sismo de 1985 puso de relieve la vulnerabilidad de un sistema excesivamente centralizado.

La centralidad geográfica, sin embargo, no es solamente euclidiana. La acumulación de funciones en un mismo centro (centralización) produce también efectos de centralidad que se deben a factores relativos (a menudo coyunturales) de naturaleza diferente a los determinados por la geometría tradicional del espacio. Este tipo de centralidad funcional es inversa a la anterior porque no es consecuencia sino producto de una centralización generalmente económica o política, y se define como la capacidad que tiene un centro para polarizar espacio o la capacidad para generar un área de influencia en su entorno inmediato o remoto. En estados centralizados, una capital política excéntrica puede generar este tipo de centralidad funcional, como ocurre en París (Francia) o en Buenos Aires (Argentina); la capitalidad suele ser (por efectos de la concentración del poder y la toma de decisiones) generadora de coales-cencias funcionales que producen centralizaciones productivas y de otros servicios, como ha ocurrido con Mérida (Yucatán) respecto a su estado y a todo el ámbito peninsular. A menudo, sin embargo, son otras funciones las que desencadenan la centralidad relativa del lugar: económicas (Sao Paulo en Brasil), religiosas (La Meca en Arabia), innovadoras (Nueva York en EUA).

Durante mucho tiempo la Geografía y otras ciencias afines han dedicado parte de sus investigaciones a este juego semántico, tratando de encontrarle aplicaciones prácticas en el espacio y en la ordenación del territorio. Fruto de estos trabajos han surgido teorías y modelos más o menos generales, desde la Teoría de los Lugares Centrales apuntada por el alemán Christaller en los años 30’s del siglo pasado y luego ampliada y profundizada por las corrientes neopositivistas de los años 60’s, al modelo centro/periferia y sus variantes entre los que se adscriben algunos muy populares como el de Friedmann propuesto también en los años 60’s y el más reciente que diferencia el mundo entre un Norte rico, desarrollado y próspero, y un Sur pobre, subdesarrollado y acuciado por problemas entre los cuales la globalización sería uno de los más graves. En el campo estricto de la Geografía Política, las referencias a la centralidad y la centralización son una constante tanto en lo que se refiere al origen y formación de los estados, como a la gestación y actual organización del sistema mundo y a la adecuada gestión del territorio a escalas regionales y locales (véase al respecto, por ejemplo, Taylor, 1994).

Fuera del campo estrictamente geográfico, el estudio de la descentralización se ha ocupado sobre todo de la segunda perspectiva de la centralidad, la funcional, y se ha interesado esencialmente por aspectos socioculturales que atienden a fenómenos como la distribución de poder y de las capacidades de decisión y de gestión. En esta línea, política por naturaleza, se obvian con demasiada frecuencia las cuestiones territoriales y se tiende a considerar que la descentralización es sólo un problema de carácter social y asociada a toda una serie de consideraciones meliorativas entre las que la democratización podría ser la más relevante. Algunos investigadores sociales, sin embargo, han señalado que la disposición espacial de los objetos sociales puede influir en sus relaciones sociales, y en particular que el creciente control económico a nivel nacional e internacional puede generar una mayor politización local en la medida en que los mercados de mano de obra se puedan ver afectados por procesos de recesión que no sólo afectan la reproducción de la fuerza de trabajo sino también a los propios procesos de producción locales (Urry, 1981).

Finalmente, en el lado opuesto de la centralidad se encuentran las nociones de periferia y marginalidad que a menudo se confunden.

La periferia sólo se entiende por reconocimiento de un centro y aun siendo su referente original euclidiano, su uso, en ciencias sociales, es esencialmente relativo. Los conceptos de centro y periferia se han utilizado normalmente en relación con teorías de dominación más o menos actualizadas pero que tienen siempre un contexto colonial (nuevo o viejo). La dicotomía más reciente entre el Norte y el Sur no deja de ser, en un mundo redondo como el que tenemos, una proyección plana de ese viejo dilema. La descentralización, en este ámbito de referencias planetarias es una quimera: no hay tal descentralización sino todo lo contrario, un esfuerzo supremo por acaparar capacidades de gestión y decisión aunque eso sí, enmascaradas por la virtualidad de las relaciones, por la sensación aparente de ubicuidad, por la “porosidad de las economías nacionales” (Baumann, 2001: 89) que dan vida al Sinóptico de Mathiesen (1997, cit. ibidem: 70), un mecanismo de poder basado en unas élites institucionales de acceso restringido (políticos, empresarios, burócratas de elevado nivel) que dirige la opinión pública, amparada en el anonimato de la sociedad informacional. En este sistema, el Norte Rico o Centro Neurálgico no “descentraliza ni deslocaliza globalmente” hacia el Sur Pobre o Periferia Dependiente. El Norte Rico lo que hace realmente es concentrar sus esfuerzos (véanse si no la tremenda polémica en torno a la construcción política de la Unión Europea o el pánico cerval a la expansión latina en Estados Unidos) y relocalizar sus problemas (eliminación de residuos, búsqueda de mano de obra barata, tratados comerciales preferenciales, entre otros); para ello no interesan, en el otro lado de la moneda, poderes fuertes: cuanto más descentralizados, cuanto más atomizados, cuanto más democráticos pero controladamente mediatizados, mejor. El Sur, en cambio, sigue recibiendo órdenes: ahora subversión, ahora sostenibilidad, ahora descentralización, ahora democracia, y siempre… paciencia.

Aunque periferia pueda ser sinónimo de marginalidad, simplemente por condiciones dificultosas de accesibilidad, la marginalidad no tiene por qué ser periférica. La marginalidad, ante todo, es simplemente una condición de juego que sitúa a sus actores o sus territorios fuera de las condiciones regladas que forman el margen de movimiento. La marginalidad puede ser voluntaria, siendo éste el caso de muchos elementos y grupos sociales que han variado históricamente según los sistemas so-cialmente prevalentes. La marginalidad involuntaria, en cambio, actualmente es objeto de denuncias contundentes, internas o externas, en casi todas las sociedades. La marginalidad geográfica, en cambio, es una condición de aislamiento, generalmente no voluntaria y debida, esencialmente, a condiciones de accesibilidad o de desinterés por parte de los elementos “centrales” (gestores y decisorios) de un sistema dado. Como veremos, éste es el caso de Yucatán.

Algunos apuntes sobre México

En los años 80’s, México fue catalogado por algunos investigadores sociales como país emergente en la periferia capitalista (Dabat, 1994:48). Casi treinta años después, el país no ha consumado su emergencia y sigue caracterizado por un centralismo abusivo y fuertes desequilibrios territoriales; además ha atravesado algunas de las crisis económicas, políticas y sociales más difíciles de su historia¹. En un informe reciente sobre México, en el que se pone especial énfasis en la necesidad de agilizar y perfeccionar la descentralización financiera del país, la OCDE señala que a pesar de unas excelentes perspectivas económicas y de mejoras indudables, los niveles de vida mexicanos siguen muy rezagados y la pobreza es aún extensa (OCDE, 2005:9).

La centralización geográfica en México es un problema estructural, configurado por siglos de historia, que sólo podrá tener una solución a largo plazo. Los análisis regionales son una evidencia de este problema: en todos ellos se enfatiza el peso de una región central, más o menos grande según los diferentes investigadores, que concentra no sólo la mayor parte de la población sino también de los recursos financieros y la fuerza productiva. La denominada macro-región central propuesta por Bassols en 1989 (Bassols, 1991) y aún no revisada, que representa el 14.19% de la superficie del país, en 2005 aún reunía al 50.34% de la población, un valor casi idéntico al de 1970 (50.63%), antes de que se iniciaran los procesos de descentralización y superior al de 1950 (48.67%). Esta misma región aportaba en 2004 el 53.70% del PIB nacional, destacando dentro de ella el peso del área conurbada de la Ciudad de México, principal centro industrial y de servicios del país.

El centralismo mexicano ha sido exhaustivamente denunciado y desde los años 80’s, sobre todo, numerosos foros se han hecho eco de la urgente necesidad de descentralizar el país (cf. por ejemplo, Giugale et al., 2000 y Rodríguez Solórzano, 2003). La discusión, que al principio giró sobre los recursos fiscales y el desarrollo regional, ha ido adquiriendo cada vez más un tinte social y hoy gira necesariamente en torno al pluralismo político y la democratización de la sociedad. Es cierto que se han producido cambios políticos tímidos, pero ciertamente significativos: desde la reforma de los artículos constitucionales n° 115 en 1983 y n° 27 en 1992, pasando por el abandono de la autarquía con la inserción del país en el GATT (1985), el TLC (1992) y la OCDE (1993); al mismo tiempo una audaz y apresurada reforma de las infraestructuras de comunicaciones ha empezado a traducirse en una sutil pero importante reestructuración regional del territorio.

Algunos de los elementos inductores de estos cambios son conocidos. Unos son de naturaleza económica: la dinamización del sector petrolero a partir de la puesta en marcha de los yacimientos de la plataforma de Campeche, la maquilarización de la industria y su difusión más allá de las fronteras, la modernización de ciertas actividades agropecuarias animadas por el consumo interno y sobre todo por la demanda norteamericana, el auge del turismo. Otros han sido de naturaleza política, particularmente la atención a los derechos humanos2 y el fin de la hegemonía del partido que había detentado el poder político en el país durante la mayor parte del siglo pasado. Sin embargo, los elementos más determinantes de los cambios experimentados por México en los dos últimos decenios son de naturaleza mucho más difusa, y entre ellos ocupa un lugar destacado la irrupción del neoliberalismo con todo su cortejo de servidumbres.

¹ Baste citar las devaluaciones del peso en 1983 y 1994, los asesinatos de Colosio y Ruiz Massieu y el alzamiento de Chiapas en 1994 o los más recientes conflictos de Oaxaca y la inestabilidad generada como consecuencia de las elecciones de 2006.

Neoliberalismo y modernización son parámetros indisociables en el México contemporáneo. Del mismo modo deberían serlo descentralización y democratización. Sin embargo, estas correlaciones no son neutras ni son claras porque los efectos escalares introducen matizaciones importantes: lo que es presuntamente bueno a escala mundial no tiene por qué serlo también necesariamente a escala local, del mismo modo que lo bueno para unos puede ser malo para otros. En este juego de contradicciones es necesaria la referencia a Bauman cuando señala que “los procesos globalizadores carecen de esa unidad de efectos que generalmente se da por sentada” (2001:8) y que “los llamados procesos globalizadores redundan en la redistribución de privilegios y despojos, riqueza y pobreza, recursos y desposesión, poder e impotencia, libertad y restricción” (ibidem: 94).

Especificidades en Yucatán

Durante siglos, la Península de Yucatán se ha perpetuado como una periferia de la periferia, o si se prefiere la expresión, como una región marginal dentro de la periferia. Aunque cierto romanticismo cientificista se esfuerza aún hoy por evocar el esplendor de la cultura maya, lo cierto es que aquélla grandiosidad queda ya muy lejos de la realidad y de unos parámetros “occidentales” contemporáneos que contaminaron a México ya en el lejano siglo XV.

En un primer paso hacia lo que hoy denominamos mundialización, la conquista y subsecuente colonización hispana insertaron a Yucatán en esa occidentalidad, confiriéndole desde entonces una condición de acusada marginalidad. No había en Yucatán recursos mineros de interés y las condiciones naturales dificultaban considerablemente la explotación comercial de sus recursos agropecuarios y forestales potenciales. Así Yucatán se conformó desde aquélla época como una región fronteriza, una región límite cuyo interés principal -desde un punto de vista centralista- ha sido siempre su situación geoestratégica como avanzadilla continental hacia el mundo insular caribeño.

² En febrero de 1990 se creó por decreto presidencial la Comisión Nacional de Derechos Humanos y se agregó al artículo 4° de la Constitución un primer párrafo concerniente a promover el desarrollo de las lenguas, culturas, usos, costumbres, recursos y formas específicas de organización social de las comunidades indígenas.

Durante siglos, Yucatán ha vivido al margen de las grandes oleadas de colonización que han trastocado irreversiblemente territorios y culturas en América. Durante este tiempo han podido sobrevivir en esta región, mejor que en otras, usos y costumbres ancestrales que han sabido yuxtaponerse o adaptarse a sucesivas oleadas de modernidad que siempre tocaron a la península de forma moderada. Entre éstas, la más importante fue, sin duda, la que la fijó en el territorio de sistemas de explotación comercial extensiva, como el de las haciendas henequeneras, que tuvieron su máximo esplendor en el tránsito del siglo XIX al XX.

La yuxtaposición entre modernidad y tradición no es, por lo tanto, algo nuevo en Yucatán, pero con la excepción de episodios como el de la conquista y la Guerra de Castas, se ha desarrollado siempre sin el dramatismo que ha tenido en otras regiones americanas de fuerte componente indígena. Por ello sería lícito decir, en nuestra línea argumental, que la modernización yucateca -tal vez con la excepción de algunos momentos durante el porfiriato- nunca ha sido tan agresiva como lo es actualmente.

En Yucatán predomina un medio natural aparentemente muy uniforme que constituye una superficie isotrópica casi perfecta desde el punto de vista geográfico. El substrato geológico lo forma una sucesión ininterrumpida de materiales calcáreos dispuestos casi horizontalmente y muy poco alterados en superficie, de forma que sólo en el sur de la península aparecen sistemas de drenaje superficial que contribuyen a una cierta diferenciación del territorio; en la mayor parte de la península el drenaje es subterráneo, aprovechando sistemas de fracturas y alternancias litológicas o pequeñas debilidades estructurales que dan origen también a numerosos cenotes.

Sobre esta superficie calcárea, en la que el desarrollo de suelos es muy exiguo, domina un clima uniformemente tropical con estación seca marcada durante el invierno aunque con un matiz pluviométrico relevante asociado a la prevalencia de los flujos de aire húmedo procedentes del este; como consecuencia de esta disimetría pluviométrica, la selva perennifolia predominante al sureste de la península se degrada rápidamente hacia formaciones mixtas abiertas y hacia matorrales nítidamente xerófilos que ya dominan en el extremo noroeste.

En este medio relativamente uniforme y francamente poco hospitalario, cualquier pequeño accidente geográfico llega a convertirse en un nicho ecológico diferenciado y, en consecuencia, atractivo por su biodiversidad. Los cenotes y la facilidad de captación de aguas subterráneas a través de sistemas de fracturas superficiales podrían haber sido determinantes en la fijación del poblamiento histórico peninsular, dependiente como cualquier otro del agua potable, aunque condicionado por la técnica itinerante del sistema agrícola fundamental para la población: la milpa. Es tal vez la confluencia de estos factores la que sigue explicando la extraordinaria dispersión del poblamiento en gran parte de Yucatán, al mismo tiempo que justificaría la existencia de antiguos emplazamientos de carácter más permanente y preeminentes en la organización del territorio.

Aún actualmente se reconocen rasgos de este “determinismo” geográfico relacionado con las condiciones naturales. Uno de ellos es el predominio del hábitat concentrado al noroeste peninsular, más árido, donde arraigaron con más fuerza las haciendas henequeneras, frente a la dispersión característica del centro, donde pervive la población esencialmente indígena; ámbitos separados “grosso modo” por una diagonal imaginaria que une las localidades de San Felipe y Yaxhachén. Otro es la diagonal de poblamiento formada al pie de la Sierrita, al sur del estado de Yucatán, donde la mayor profundidad de los suelos ha permitido implementar planes de regadío destinados a una agricultura comercial. En todo este contexto y a pesar de su condición de interfase, la costa ha sido siempre un medio rechazado por el pobla-miento; también la confluencia de factores geográficos contribuye a explicar este fenómeno: el litoral predominantemente bajo y arenoso y rectilíneo no ha sido proclive a la instalación de puertos; sus condiciones a menudo cenagosas han favorecido la persistencia de enfermedades infecciosas, particularmente el paludismo.

En los años setenta del siglo pasado la Península de Yucatán aún ofrecía una imagen lánguida y hasta romántica de un territorio, en parte voluntariamente marginal, en parte marginado respecto a un país autárquico y centralizado. Las comunicaciones terrestres de la península con el resto de México no se consumaron hasta mediados de los años cincuenta con el ferrocarril y hasta los setenta con la carretera (Chías, 1999:117). Desde la independencia, la explotación comercial del territorio se había centrado primero en el sistema de haciendas (azucareras, ganaderas, milperas, henequeneras) y luego en ejidos cuya producción había seguido generalmente la coyuntura de un mercado voluble y que acabó por expulsarlos del sistema mundial de competencias; el resto del territorio estaba abierto a la explotación forestal y ocupado, en su mayor parte, por el sistema extensivo de la milpa, un modo de vida secular basado en la autosuficiencia. La industria sólo se había introducido tímidamente en Mérida y el pequeño comercio y el funcionariado animaban la vida de no más de media docena de centros estadísticamente urbanos. Yucatán, en definitiva, vivía prácticamente cerrado sobre sí mismo.

Desde la independencia, el interés del Centro hacia esta periferia había sido, como en tiempos de la colonia, esencialmente geopolítico y una de sus manifestaciones más claras fue la neutralización de sus aspiraciones independentistas mediante la fragmentación política del territorio en tres estados: Campeche se escindió de Yucatán en 1857 y en 1902 se creó el territorio de Quintana Roo, elevado a la categoría de estado federal en 1974. Este proceso de fragmentación, en esencia, debe contemplarse como un primer paso en la descentralización de Yucatán por acotamiento del poder territorial que se ejercía desde Mérida, la gran capital regional. Cabe, sin embargo, invertir esta reflexión para pensar hasta qué punto esta división obedeció al interés del Centro por debilitar un poder regional fuerte, situado en un ámbito estratégico frágil debido a una situación periférica y unas condiciones de margina-lidad que podrían alentar fuerzas centrífugas como el secesionismo. Dos caras, en definitiva, para una misma realidad: descentralización en Yucatán y fortalecimiento del centralismo en México.

Sin embargo, desde los años 60’s del siglo XX, la Península de Yucatán recobró, probablemente sin saberlo, un nuevo interés geoestratégico, esta vez mundial, en el marco de la guerra fría y en relación con la inestabilidad introducida por Cuba en el “orden central” americano.

No se puede sostener científicamente que la revitalización de Yucatán se deba a un fenómeno de nueva centralidad geoestratégica en el seno de un escenario ma-crorregional americano, pero tampoco es descabellado pensar que este factor ha impulsado un proceso de modernización y de reestructuración social controlada que no tiene precedentes en su historia. En los años 70’s, Yucatán inició un proceso de reconversión económica que se ha acelerado en las décadas siguientes para extraer a la península de su antigua condición marginal: actualmente los tres estados, cuya población supone tan sólo el 3.59% de la de la federación, aportan ya el 4.20% del PIB mexicano y han logrado diferenciarse del Sur profundo del país en el que permanecen sumidos Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Si durante siglos la homogeneidad del medio natural yucateco sostuvo un sistema de relaciones sociales y productivas relativamente simple en el que se contraponían una burguesía urbana y una sociedad rural dependiente (primero jornalera, luego eji-dataria) yuxtapuestas a una sociedad rural indígena francamente aislada, en las últimas décadas este patrón de relaciones ha reventado. El impacto brutal del neolibera-lismo en Yucatán y los procesos de modernización asociados y a veces imperativos, han generado una extraordinaria variedad de situaciones. De esta forma, actualmente Yucatán se caracteriza por una heterogeneidad de “ambientes” sociales, económicos y productivos que tienen su expresión en el territorio y en las formas de ocupación y uso del suelo. No sería correcto admitir, ni siquiera suponer, que fenómenos como la globalización, la descentralización, la democratización o el empoderamiento tienen los mismos efectos sobre esta heterogeneidad y, aún menos, que puedan tener el mismo significado.

La realidad geográfica actual en Yucatán

Aun sin estadísticas que nos respalden, porque no las hay, y asumiendo una elevada dosis de simplicidad necesaria para alcanzar principios mínimos de generalización que den pie a la discusión, podemos conjeturar que el modelo socio-económico actual en Yucatán reposa en la interacción desigual de una serie de actores principales.

Están, por un lado, los residuos de las viejas sociedades pervivientes. La sociedad “ancestral maya”, la que aún sólo habla lengua indígena y depende de la milpa para sobrevivir, todavía existe en muchos municipios del interior peninsular aunque en condiciones manifiestas de retraimiento. En el otro extremo, la vieja aristocracia encarnada por la Casta Divina aún se reconoce en los apellidos y en los ecos de sociedad de la prensa local, detrás de los muros de algunas mansiones meridanas y a veces se dejan ver en eventos sociales, especialmente en el teatro Peón Contreras; pero la mayor parte de esta verdadera clase social, también ancestral, se ha disuelto ya en una burguesía casi indiferenciada y mediatizada por un estatus económico -y a veces profesional- que es perceptible en la ciudad de Mérida.

En el extremo opuesto de los grupos antes citados se encuentra otro conjunto social bien diferenciado que, genéricamente, podríamos catalogar como “clase media” y a quienes unifica, por oposición a los anteriores, una presunta condición de modernidad y su carácter netamente urbano. Se trata, en su mayor parte, de profesionales jóvenes o maduros dedicados a actividades terciarias (sobre todo administración y servicios modernos), muchos de los cuales son inmigrantes cualificados procedentes de otros estados de la federación e incluso extranjeros. A este grupo, que cada vez es más apreciable en el conjunto social regional a través de indicadores indirectos (comercios, sanidad y educación privadas, parque automovilístico, fraccionamientos residenciales), se unen por la cabeza de la pirámide social esa burguesía desclasada de la Casta Divina y por la base miles de jóvenes urbanos, hijos de inmigrantes, tocados por la modernidad terciaria a menudo en condiciones de precariedad. Todo este grupo está tocado, como argumentamos, por una condición de modernidad asumida; bien porque se profesionalizaron para ella, bien porque nacieron ya dentro de ella y han debido adaptarse cuando no han emigrado al exterior.

Entre estas dos categorías de grupos sociales se encuadraría una tercera, tremendamente compleja a la que podríamos catalogar como “sociedad en transformación”. Se trata del grupo de población, sin duda el más numeroso, afectado por la modernidad de forma más discriminante, tanto en lo social, como en lo económico y en lo geográfico. Es un grupo caracterizado por su propia heterogeneidad y por la heterogeneidad de respuestas que han dado a su inserción, generalmente involuntaria, en los procesos globales y en particular en la dinámica neoliberal en la que se ha involucrado Yucatán desde los años ochenta. Se integran en este contexto sobre todo miles de campesinos afectados por la crisis agraria de Yucatán y en particular por la liquidación del sistema henequenero, y los miles de afectados por el éxodo rural correspondiente, tanto en medios emisores como receptores.

A la sombra de estas hipótesis, la Geografía Social de Yucatán debería ser en estos momentos un tema de investigación prioritario³. Sobre todo cuando se están aplicando sobre esta sociedad compleja discursos genéricos emanados del Occidente avasallador: descentralización, democratización, representación, empoderamiento, preservación, sostenibilidad, privatización, competencia, desarrollo sustentable. ¿Pueden comprenderlos de igual forma un empresario que ha traído su capital desde el D.F. y un antiguo burgués acomodado en la sociedad tradicional yucateca? ¿Un ejecutivo de una cadena hotelera internacional y un camarero recién emigrado de un municipio milpero y que viste uniforme por primera vez? ¿Un emigrante que retorna a su pueblo para las fiestas y un padre envejecido que siente que se le pierde la milpa porque no hay brazos para recogerla? ¿Un pescador que se ve sometido a un régimen severo de vedas o de ritmos de actividad marcados por especies ahora protegidas y un campesino a quien un nuevo Dios Chac, encarnado ahora en forma de computadora, le dice que sus productos no tienen los estándares de calidad requeridos por la demanda de la Riviera Maya?.

Los cambios recientes en la sociedad yucateca se interpenetran con los económicos siendo unos y otros particularmente visibles desde la geografía.

La vieja región henequenera que circundaba Mérida se ha diluido en una gran región suburbana que depende ahora directamente de la gran ciudad: empleos ocasionales y de tiempo parcial, movimientos pendulares intensos, maquilarización del artesanado tradicional, tecnificación de la producción pecuaria (avicultura y porcicultura sobre todo) coexisten con el huerto y la vivienda familiar de toda la vida. La vieja región frutícola ha perdido sus expectativas de comercialización a gran escala para centrarse en el mercado regional que complementa con las remesas de emigrantes. La vieja región milpera se retrae inexorablemente. La urbanización crece por doquier y afecta no ya sólo a los viejos núcleos sino a ciudades modestas y a pueblos cuya catalogación de rurales es cuestionable. El armazón urbano se ha dislocado y está en pleno proceso de reorganización del territorio: en sólo treinta años, Cancún se ha convertido en un polo de equilibrio regional que ya contrapesa el liderazgo sin competencias (la centralidad funcional) ejercido por Mérida durante más de cinco siglos. Y en todo este proceso de transformación-modernización acelerada hay dos protagonistas de primer orden: la preservación ambiental y el turismo. Ambos confluyen, paradójicamente, en un espacio antes olvidado: la costa, 1,941 kilómetros lineales desde Nuevo Campechito (Campeche) a Chetumal (Quintana Roo).

³ No son muchas las reflexiones profundas sobre el impacto social de las transformaciones económicas. Véanse al respecto, por ejemplo, el clásico de Ramírez Carrillo (1993) o su más reciente trilogía sobre Yucatán (2004-2006), y la dilatada obra de investigadores como Baños Ramírez (en especial la reciente de 2003) y Fraga (en especial el trabajo con Paré en 1994).

La costa de la península, en la confluencia de intereses

Postergada por siglos en el olvido, debido en gran parte a su inhospitalidad, la costa de la Península de Yucatán es hoy objeto de intereses contrapuestos. Está, en primer lugar, un fuerte interés conservacionista y de tintes globales. En segundo lugar hay un interés desarrollista de orientación claramente economicista y modernizadora.

Ambas tendencias, conservacionista y desarrollista, confluyen en la costa peninsular de una manera ejemplar y han dado lugar a una complejización de su trama social que no debe pasar desapercibida en un debate sobre la descentralización. Esta complicada trama social debería entenderse en el marco de un panorama internacional en el que si la preservación de áreas naturales está en el vértice de la pirámide ética de la globalización, la explotación del petróleo y el desarrollo regional a través de la explotación turística del territorio están, paradójicamente, en la base de su pirámide productiva. Veamos cómo se materializa este dualismo en la costa yucateca.

Puede decirse que la preocupación oficial preservacionista conoció su edad de oro en la Península de Yucatán durante los dos últimos decenios del siglo pasado; hoy es perfectamente visible en la gran cantidad de instituciones de carácter o filosofía conservacionista que trabajan en la península, ya sean de orientación gubernamental, como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Procuraduría Federal del Medio Ambiente (PROFEPA), o no gubernamental, como es el caso de Pronatura Yucatán, Niños y Crías o Cuerpos de Conservación por citar solamente las más conocidas.

El interés preservacionista, avalado por discursos y prácticas conservacionistas muy concretos, como el discurso del desarrollo sostenible y la creación de áreas naturales protegidas, ha revelado la extraordinaria biodiversidad de la región litoral yucateca y sobre todo la importancia de sus humedales. Sin embargo también, desde el auge de los discursos sobre la sostenibilidad medioambiental, la región costera yu-cateca (ahora situada en el puno de mira) se ha visto sometida a una nueva lógica de centralidades y marginalidades construida sobre una impresionante heterogeneidad social.

Actualmente, más del 18% de la península está catalogado como espacio natural amparado bajo alguna forma de protección legal, sin contar los sistemas arrecifales. Esta superficie, que representa 2.639,161 ha, incluye grandes extensiones interiores, como la Reserva de la Biosfera de Calakmul, pero concierne sobre todo a arrecifes coralinos y espacios insulares y litorales con frentes costeros de gran longitud (Laguna de Términos, Petenes, Ría Celestún, El Pamar, Dzilam, Ría Lagartos, Yum Balam, Sian Ka’an, Uaymil).

En estas áreas declaradas protegidas, el medio ambiente se ha convertido en la moneda de cambio de suculentas transacciones económicas de ámbito global; áreas que también son, a todos los niveles, el referente favorito (a nivel discursivo) de planes y políticas de intervención que, institucionalizados, han traído al ruedo de las comunidades costeras multitud de agentes sociopolíticos y económicos antes ausentes.

Desde el punto de vista analítico, en la institucionalización de estos discursos conservacionistas se ha producido una reducción interesante de la naturaleza, entendida en sentido amplio, a una naturaleza entendida como recurso económico y por ende cuantificable y también, intercambiable. Este reduccionismo exigido por el panorama internacional ha generado en la costa de Yucatán una serie de malentendidos entre los agentes locales (fundamentalmente empresarios pesqueros, pescadores natos e inmigrantes) y el conocimiento supuestamente experto (representado por instituciones y técnicos que a menudo son foráneos).

Estos malentendidos se expresan en situaciones donde prima la desconfianza y la inestabilidad entre unos colectivos y otros. En este sentido, son frecuentes los casos en los que se puede señalar que los deseos y acciones preservacionistas han entrado en conflicto real con las autoridades locales y especialmente con las poblaciones de pescadores. Donde unos ven limitada su capacidad de actuación real y se quejan por el boicot más o menos explícito de las comunidades locales, otros ven recortada su capacidad para la toma de decisiones y otros, finalmente, ven que se limita su territorialidad natural, entendida ésta en su sentido más elemental, como área de extracción de recursos básicos.

Esta situación es especialmente compleja allí donde han quedado poblaciones insertas dentro de áreas naturales protegidas (por ejemplo, la Reserva de la Biosfera Ría Celestún o la de Sian Ka’an en Quintana Roo), y un buen ejemplo de estos conflictos y limitaciones se expresa en los Planes de Manejo de las Reservas de la Biosfera y en la dificultad para ponerlos en marcha socialmente, como han señalado algunos investigadores (Córdoba Azcárate, 2006).

En estos planes de manejo u ordenación subyace el deseo experto, aunque a veces algo desinformado sobre las condiciones locales verdaderas, de zonificar para preservar. Este deseo se traduce muchas veces en el establecimiento de prohibiciones que inundan los municipios protegidos con carteles donde la frase más repetida es ‘prohibido’ o ‘no’ (pescar, cazar, botar basura, entrar…). Carteles que, ante la falta de entendimiento entre técnicos expertos y autoridades locales, son los que informan a menudo, por primera vez a las poblaciones, de que su vida ha quedado inserta en un área natural protegida; es decir, que las concepciones y prácticas tradicionales de estas comunidades con respecto al medio en el que habitan se han visto modificadas y ahora están sujetas a nuevas prácticas y, sobre todo, a nuevas sanciones.

Ante este panorama, tampoco es aventurado pensar que este sumatorio de desinformación, recelos y desconfianzas es muy poco propicio para una descentralización convincente: ni siquiera existe un entendimiento básico en la concepción de lo que debe ser susceptible de protección/conservación y sobre todo de cómo debe realizarse ésta.

Por otra parte, si bien los intereses preservacionistas están sostenidos por centros de decisión externos y avalados por decenas de comités científicos y organizaciones sociales también externas, también es cierto que estas instituciones se han introducido en Yucatán como agentes que median en enclaves específicos entre las instancias políticas extralocales y la población; como consecuencia de ello, estos agentes externos a menudo han fortalecido, generalmente de forma involuntaria pero de un modo completamente nuevo, los tradicionales sistemas caciquiles de gobierno. Éste es el caso, por ejemplo, de las ONGS que funcionan a través de partenariados con EUA; y también es el caso, aunque en el ámbito específicamente económico, del neocaciquismo asociado, mediante los sistemas crediticios, a la privatización y concentración financiera de la actividad pesquera.

Lejos de ser éste nuestro debate en este trabajo, sería interesante señalar ahora que es precisamente la conversión del medio costero yucateco en moneda de cambio y referente discursivo favorito a nivel global, pero también y paralelamente, en nudo ya denunciado de posibles conflictos a escala local (Fraga et al., 2006), la que nos lleva a identificar, junto a estos intereses de corte preservacionista, otro conjunto de intereses que más que conservar han decidido poner en explotación económica la costa.

Aunque sea difícil desligar unos intereses de otros, pues a menudo no se han dado uno sin el otro, es importante apuntar brevemente que en la costa de Yucatán, dentro de esta tendencia de corte desarrollista, se pueden diferenciar dos grupos bastante bien definidos.

El primero puede tipificarse como “grupo de explotación económica tradicional” y comprendería la explotación de los viejos recursos conocidos en la costa, como la sal y la pesca. El segundo grupo, más reciente y de tintes modernizadores, se centra en la explotación de nuevos recursos, fundamentalmente el petróleo y el turismo.

A pesar de que los estudios sobre el tema son relativamente reducidos, se sabe que el impacto de la explotación petrolífera en Yucatán es muy limitado y se circunscribe prácticamente a Ciudad del Carmen y sus inmediaciones, como se encarga de estudiar otro trabajo en este mismo libro (cf. Villalobos y Rivera). Además del conflicto inmediato entre actividades tradicionales (pesca sobre todo) y actividades y problemas inducidos por el petróleo (cambios en la estructura socioprofesional, urbanización descontrolada, encarecimiento de la vida, contaminación, etc.), las perspectivas de explotación de nuevos yacimientos no dejan de generar expectativas en la población de Yucatán, ya sea como alternativa económica en la que PEMEX se contempla como patrono omnipotente, ya sea como fuente de nuevos problemas y en particular como competencia excluyente con la propia actividad turística, por ejemplo.

A diferencia del petróleo, el turismo ha tenido ya un impacto geográfico altamente difuso en todo el litoral. Las expresiones territoriales y económicas del turismo se han producido en formas muy variadas: concentraciones masivas (Cancún), ocupaciones extensivas (Riviera Maya), de “bajo impacto” (Holbox), selectivas (Puerto Aventuras), populares (Progreso), puntuales (Telchac), ordenadas (Zona Hotelera de Cancún), espontáneas aunque inducidas (Majahual en costa maya), invasivas (Tulúm). Toda una compleja tipología que se enriquece con el cruzamiento de modalidades y que, en no pocos casos, ha generado el nacimiento de lo que en otro trabajo hemos definido como ciudades gemelas, ciudades de trabajadores segregadas social y funcionalmente del espacio turístico (Córdoba y García, 2001:701).

En el debate sobre la descentralización en Yucatán y en lo que concierne especialmente a la costa, es crucial hacer hincapié en la compleja relación entre las actividades pesqueras y las actividades turísticas, ya que en ella se ejemplifica de modo particularmente interesante el tira y afloja cotidiano entre instancias conservacionistas y desarrollistas.

Siendo quizá las más polémicas y conflictivas, las actividades turísticas son también las que más respuestas han dado a los problemas de desarrollo regional en Yucatán. Si por un lado el turismo ha provocado intensos y desordenados procesos de urbanización y constantes agresiones al medio ambiente, también ha sido el motor que ha puesto grandes áreas de Yucatán en el mapa global.

Pero este posicionamiento (sobre todo gracias a Cancún, nuevo icono mundial del México moderno y próspero) no ha tenido coste cero sino que ha generado, además de privatización de terrenos, flujos migratorios importantes, muy descompensados y a menudo conflictivos: expulsión de poblaciones costeras, éxodo rural selectivo hacia los centros turísticos, saturación de servicios e infraestructuras por masividad y descontrol de la inmigración, nueva competitividad entre residentes e inmigrantes.

Así, la complejización de la trama social costera a través de movimientos migratorios como el promovido por el turismo y antes por la denominada política de la Marcha al Mar (Fraga y Cervera, 2003:178), está desembocando en serios conflictos a nivel local que son sin embargo apagados de cara a esferas extralocales. Pescadores natos y pescadores inmigrantes de diferentes generaciones, por ejemplo, se enfrentan ya en muchas áreas litorales a la sobreexplotación de especies en un medio poco tec-nificado que clama que ‘la pesca se acaba’ y que debe vérselas con vedas federales y estatales que el turismo y sus demandas no permiten cumplir.

En otra perspectiva, la privatización del sector pesquero y cada vez más del sector turístico han puesto en una difícil situación de competencia a grupos poco homogéneos: residentes natos e inmigrantes; locales, nacionales y extranjeros; trabajadores, empresarios y caciques a la vieja usanza aunque renovados no tanto en las formas y el fondo cuanto en las técnicas (control de la información y del dinero).

Pescadores de siempre, conocedores de las posibilidades y de las limitaciones del mar; nuevos pescadores inmigrantes procedentes del campo que ni siquiera saben nadar y que carecen del capital (monetario y formacional) básico para afrontar su nueva situación; ambos grupos reconvertidos en guías turísticos a menudo estacionales, eventuales y hasta furtivos. Todos ellos compitiendo entre sí en espacios reducidos más útiles por su interés medioambiental que por su capacidad productiva hasta la llegada del turismo y del petróleo. Gerentes, funcionarios, consejeros, asesores, investigadores; camareros, obreros de la construcción y de los servicios; instituciones locales, estatales, federales, internacionales, públicas y privadas. Demasiados actores confluyendo en un escenario relativamente pequeño en el que las organizaciones sociales apenas empiezan a despuntar como grupos de presión debido a decenios de paternalismo político. Cabe plantearse si la descentralización es ventajosa en este caos o si supone simplemente un paso más en la política global del “divide y vencerás”, en el camino de un nuevo despotismo ejercido por quienes realmente detentan el dinero y la información. La costa yucateca, sus municipios, por encima de sus propios problemas, debería entender que algunos de éstos son problemas genéricos en las áreas litorales, del mismo modo que la Península de Yucatán debería comprender que es algo más que el simple sumatorio de tres estados federales para iniciar políticas de acción conjunta que neutralicen los efectos perversos de una descentralización apresurada, como la fragmentación y la atomización, tal como se encarga de estudiar en este libro Doyon y colaboradores en relación con las implicaciones de la descentralización y la atomización de actores y municipios, tomando como caso la región litoral oriente de Yucatán.

Conclusiones

La descentralización admite al menos dos lecturas desde el punto de vista geográfico. Por un lado se prima la delegación del poder y la toma de decisiones hacia instancias inferiores en la jerarquía político-administrativa del territorio (los municipios, por ejemplo), lo que aproxima indudablemente necesidades y soluciones en el plano inmediato y local. Por otro lado, la cesión de ese poder y toma de decisiones puede desembocar en una fragmentación territorial que llega a producir, por atomización, incapacidad de actuación, favoreciendo mediaciones externas que no siempre atienden a los verdaderos intereses en litigio.

Durante siglos, la Península de Yucatán ha ocupado una situación marginal en México, un país de centralismo acusado que ha pretendido emerger de la periferia en el sistema de relaciones de dependencia sancionado por la globalización. Desde los años 80’s del siglo pasado y acuciado por la presión internacional, México ha iniciado un proceso acelerado de descentralización política y económica que afecta de forma desigual tanto a sus regiones como a su población.

En este contexto, la Península de Yucatán ha recobrado una cierta centralidad geoestratégica en el escenario de relaciones americano y ha iniciado al mismo tiempo procesos de reconversión económica y modernización que están afectando seriamente a algunos de sus componentes estructurales, entre ellos su relativa homogeneidad y el propio concepto de marginalidad. En este ámbito peninsular, la costa se revela actualmente como un medio de interés renovado en el que confluyen intereses a menudo contrapuestos; éstos tratan, por un lado, de preservar territorio en aras del desarrollo sostenible y, por el otro, de modernizar utilizando recursos hasta ahora inexplotados con vistas a insertar a la región en los circuitos del desarrollo más elemental.

La diversificación de las relaciones entre el ser humano y su medio, la complejización de las propias relaciones sociales, la creciente presión sobre los recursos son expresiones de esta reconversión modernizante en Yucatán, del mismo modo que lo son el auge de la privatización y la renovación, a veces de forma involuntaria, de viejas formas de clientelismo amparadas, ahora, en normativas y recomendaciones que proceden de procesos de descentralización concebidos por instancias superiores, muchas veces desconectadas de la realidad local.

No parece descabellado afirmar que la descentralización no puede actuar por igual en un medio como la costa yucateca en donde existe una gran heterogeneidad de agentes que conviven en espacios a veces muy pequeños y geográficamente aislados, o en un medio en el que los deseos preservacionistas, los asesoramientos externos, los caciquismos pervivientes y las necesidades de supervivencia cotidiana están en una ardua competencia, cuando no en una significativa incomunicación.

La materialización del tira y afloja entre intereses preservacionistas, economicis-tas, de supervivencia o de modernización a ultranza, en una complicada trama social y por ende en una complicada jerarquía de agentes sociales y políticos, haciendo uso de los mismos recursos naturales, deja el debate sobre la descentralización en Yucatán en una situación bastante azarosa. Esta situación plantea al menos un punto de partida para la discusión: no es posible pensar en actuaciones políticas como la descentralización sin conocer previamente la complejidad del medio sobre el que se quiere practicar. Este conocimiento del medio pasa necesariamente por un conocimiento en profundidad de las poblaciones que lo habitan, y con ellas, de los usos y prácticas que le dotan de sentido y que así, le dan vida.

Bibliografía

Baños Ramírez, O, 2003. Modernidad, imaginario e identidad rural. El caso de Yucatán. El Colegio de México, México D.F.

Bassols Batlla, A., 1991. Regionalización económica 3. En VV.AA. Atlas Nacional de México. VI-14-3. Instituto de Geografía, UNAM, México DF.

Bauman, Z., 2001. La globalización: consecuencias humanas. FCE, México.

Chías Becerril, J. L., 1999. Transporte. En: A. García de Fuentes y J. Córdoba (Dtres.) Atlas de Procesos Territoriales de Yucatán. UADY, Mérida, pp. 113-124.

Córdoba Azcárate, M., 2006. Between Local and Global, Discourse and Practices: Rethinking Ecotourism Development in Celestún (Yucatán, México). Journal of Ecotourism, V(1 y 2): 97-111.

Córdoba, J. y A. García de Fuentes, 2001. Servidumbres del desarrollo: segregación social y funcional en los espacios turísticos de Quintana Roo (México). En Las oportunidades y desafíos del siglo XXI para la geografía latinoamericana. Universidad de Chile, Santiago de Chile.

Dabat, A. (Coord.), 1994. México y la globalización. CRM, UAM, Cuernavaca, 287 p.

Fraga, J. y D. Cervera, 2003. Una aproximación a la construcción de un paisaje costero en el área maya. En P. Colunga-García Marín et al. (eds.) Naturaleza y sociedad en el área maya, AMC-CICY, Mérida, p. 175-188.

Fraga, J. et al., 2006. Manejo comunitario de un área natural protegida en Yucatán, México. CINVESTAV-Mérida y CIID. Mérida, 214 p.

Giugale, M., y S. B. Webb (Eds.), 2000. Achievements and Challenges of Fiscal Decentralization Lessons from Mexico. World Bank, Washington.

Mathiesen, T., 1997. The Viewer Society: Michel Foucault’s Panopticon revisited. Theoretical Criminology: 215-234.

OCDE, 2005. México. Estudios económicos de la OCDE. México DF. 192 p.

Ohnet, J.M., 2003. Décentralisation. En: J. Lévy y M. Lussault, Dictionnaire de la Géographie et de l’espace des sociétés. Belin, Paris, p. 225-226.

Paré, L. y J. Fraga, 1994. La costa de Yucatán: desarrollo y vulnerabilidad ambiental. Cuadernos de Investigación, 23, Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM. México DF.

Ramírez Carrillo, L. A., 1993. Sociedad y población urbana en Yucatán 1950-1989. Cuadernos del CES n° 36, El Colegio de México, México DF.

Ramírez Carrillo, L. A., 2004. Las redes del poder. Corrupción, maquiladoras y desarrollo regional en México. El caso de Yucatán. UADY-Porrúa, México DF.

Ramírez Carrillo, L. A. (Coord.), 2006. Un secreto bien guardado. Mundialización y reestructuración productiva en Yucatán. UADY-Porrúa, México DF.

Ramírez Carrillo, L. A. (Coord.), 2006. Perder el paraíso. Globalización, espacio urbano y empresariado en Mérida. UADY-Porrúa, México DF.

Rodríguez Solórzano, C. (Comp.), 2003. La descentralización en México. SEMARNAT-INE, México DF.

Taylor, P. K., 1994. Geografía Política: economía-mundo, estado-nación y localidad. Trama, Madrid. 339 p..

Urry, J., 1981. Localities, regions and social class. International Journal of Urban and Regional Research, 5: 455-473.

Document(s) 9 of 23